Inés Arrimadas, presidenta de Ciudadanos, ha hecho un paréntesis en su permiso por maternidad para reunirse con el vicepresidente de la Junta y líder regional de su partido, Juan Marín, en el Palacio de San Telmo, sede del Gobierno andaluz. El encuentro, del que no hubo información oficial, se entiende dentro de la formación naranja como una intervención directa de Arrimadas en la crisis interna de Ciudadanos en Andalucía, que desde hace semanas gira en torno al empeño del vicepresidente por remodelar su gabinete y mover a algunos de los consejeros naranjas.
Arrimadas ha visitado a Marín este lunes sin que conste en la agenda oficial del vicepresidente, según avanzó Diario de Sevilla. La reunión causó sorpresa a muchos de sus colaboradores directos en Madrid, que la hacían “de descanso y disfrutando del permiso de maternidad en Jerez de la Frontera”, su ciudad natal. El vicepresidente sostiene que se trata de una “visita privada” y no ha querido abundar sobre los temas abordados, pero sí ha admitido que trataron la remodelación del Ejecutivo. “En San Telmo hay muchas visitas que vienen a ver el edificio”, ha asegurado.
Al ser preguntado por qué tenía reuniones privadas en la sede de la Junta, Marín ha respondido esto: “Ella estaba en Sevilla, me llamó y le dije que viniera a mi despacho para vernos. ¿Dónde nos vamos a reunir si no? Se le ocurre en una estación de ferrocarril o en un hotel. Todavía soy el vicepresidente de la Junta y tuve una reunión con la presidenta de mi partido”. Marín se reunió en privado con Teresa Rodríguez y Antonio Maíllo en el bar de una estación de tren, un día de Navidad de 2018, poco después de las elecciones andaluzas, para intentar pactar los miembros de la Mesa del Parlamento, una imagen que se hizo pública por la foto de un cliente que la subió a las redes sociales.
La propuesta inicial del vicepresidente para remodelar el Gobierno andaluz implica sumar dos consejerías más (ahora tiene 11), y que una de ellas la gestione Ciudadanos. Esta fórmula ha sido rechazada públicamente por el presidente de la Junta, el popular Juan Manuel Moreno, pero también por varios consejeros de su partido. Quien más se ha significado públicamente en contra ha sido la titular de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, que mantiene un pulso interno con Marín desde que éste dejara entrever que iba a sustituirla, primero, y que iba a retirarle las competencias de Igualdad, precisamente donde más se ha significado Ruiz frente a los ataques de Vox -aliado del Gobierno andaluz- a las políticas de igualdad de género. Cualquier relevo, cese o sustitución de cargos públicos en Ciudadanos pasa por la dirección nacional del partido, que tiene la última palabra, según los estatutos de la formación naranja.
PP y Ciudadanos sí están de acuerdo en rehacer el decreto de estructura del Gobierno de Andalucía, que se ha demostrado inoperante en algunos departamentos (por su excesiva carga de trabajo o porque requiere un reparto más ordenado de competencias). El pulso entre Moreno, más partidario de hacer cambio en los segundos niveles del organigrama, y Marín, defensor de ampliar consejerías, se resolverá finalmente en un Consejo de Gobierno después del verano. Se había anunciado para la última reunión del gabinete en agosto, pero la falta de acuerdo ha obligado a postergarlo.
Fuentes de Presidencia confirman que “no da tiempo reformar el decreto de estructura” antes de septiembre -como había anunciado el presidente-, “porque serán modificaciones complejas que afectarán a casi todas las consejerías”. Pero las mismas fuentes añaden que ya se empieza a trabajar en la remodelación que quería Marín, creando “dos departamentos nuevos” para desgajar las carteras más abultadas: Turismo, Justicia, Administración Local y Regeneración Democrática (que pilota el propio vicepresidente) y Agricultura y Medio Ambiente (en manos de Carmen Crespo). La primera división descargaría a Marín de mucho trabajo, y le permitiría colocar a una persona afín al frente del área de Justicia; la segunda división permitiría a Moreno tener una consejería específica de Medio Ambiente que pilote su llamada “revolución verde” (justo ahora que el Gobierno ha confirmado que el Fondo europeo para la Regeneración tras el impacto del Covid-19 estará ligado a proyectos de economía verde).
El contexto de la reunión entre Arrimadas y Marín en Andalucía es complejo, porque desde hace días saltan chispas entre PP y Ciudadanos a cuenta de un anuncio de crisis de Gobierno que no llega a materializarse. Moreno incluso anunció reformas en los segundos niveles del Ejecutivo, que se aprobarían en el último Consejo de Gobierno antes de las vacaciones (este mismo martes), para que el nuevo reparto de competencias y la incorporación de nuevos altos cargos estuviesen “a pleno rendimiento en septiembre”. Pero el interés de Marín por ampliar consejerías, que Moreno relaciona con un intento del vicepresidente de “solucionar un problema interno” de su partido, ha retrasado y bloqueado la remodelación.
El contexto de Ciudadanos en Madrid no es menos complejo. Justo este lunes, el portavoz del partido naranja en el Congreso y hombre de confianza de Arrimadas, Edmundo Bal, se reunía con la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, para tratar de afianzar la relación con el PSOE, tras levantar el veto que Albert Rivera impuso a los de Pedro Sánchez. Esta reunión ha provocado, a su vez, tensiones con el socio de Gobierno de los socialistas, Unidas Podemos, con los que Ciudadanos ha rechazado reunirse. El acercamiento del equipo de Arrimadas al Ejecutivo de Sánchez también es motivo de agitación entre los socios en Andalucía, con tiranteces con el PP a cuenta de la citada remodelación, pero sobre todo con el progresivo cabreo de Vox, partido que sustenta el Ejecutivo de Moreno.
La formación ultraderechista es muy crítica con el doble perfil político de Ciudadanos, cogobernando con el PP y gracias a sus votos en Andalucía, pero aproximándose estratégicamente al PSOE en Madrid (ya apoyaron las últimas prórrogas del estado de alarma de Sánchez, rechazadas por los populares). El líder de Vox ha anunciado una moción de censura contra Sánchez para el mes de septiembre, una iniciativa que difícilmente puede prosperar por falta de apoyos parlamentarios en el Congreso. Vox tiene 54 diputados y su presión al Gobierno de Sánchez es limitada. Sin embargo, su papel es fundamental para la estabilidad de varios gobiernos autonómicos de PP y Cs, como el andaluz, el de Madrid y el de Murcia, y Abascal podría ejercer presión sobre el equipo de Pablo Casado haciendo tambalear esos gobiernos.