Falta de higiene y de limpieza, de luz, de agua. Infraviviendas provisionales de palets y plásticos que se alargan durante años. Las personas migrantes que trabajan como temporeros en el campo andaluz malviven en más de un centenar de asentamientos chabolistas de Almería y Huelva que, como consecuencia de la Covid-19, han visto cómo este año se han venido a sumar más dificultades a las ya habituales. La Junta aprobó el 15 de abril de 2020 ayudas extraordinarias nada menos que por valor de 2,3 millones de euros para una docena de ayuntamientos en cuyos municipios existen poblados de tales características. ¿Qué ha hecho la administración local con ese dinero? Los consistorios aseguran haber justificado ante la administración autonómica las cantidades que les correspondían (hasta de 700.000 euros en Níjar, por ejemplo) pero desde las oenegés y asociaciones que trabajan sobre el terreno no aprecian que la situación haya cambiado en demasía. Algunos ayuntamientos, al tiempo, consideran que se trata de “un problema endémico” que no se soluciona con ayudas puntuales, señalando que hasta que las administraciones central, autonómica y local, junto a los empresarios agrícolas, no se pongan de acuerdo en abordar realmente el problema de los asentamientos y las chabolas, este tipo de inversiones no tiene mucho sentido.
La Junta de Andalucía asegura haber recibido las justificaciones de las ayudas por parte de los municipios y que ahora están en proceso de revisión y fiscalización. Aquellas ayudas urgentes venían a cubrir gastos como la distribución de agua potable, limpieza y recogida de basuras de los asentamientos y su entorno, adquisición y distribución de alimentos y material de higiene y sanitario, además de otros productos básicos y actividades esenciales para atender las necesidades de la población residente en los asentamientos. A la provincia de Huelva se destinaron 1.138.599 euros para 2.170 personas distribuidas en una treintena de poblados. “La situación no ha cambiado”, asegura Carmen Vásquez, de la Asociación Pro Derechos Humanos en Huelva (APDHA) en Huelva.
Juan Miralles, portavoz de Almería Acoge y CEPAIM, define la intervención como “paliativa”. “Se ha hecho lo que permitía la orden de ayuda”, resalta Miralles, que valora así el resultado: “Por lo que conocemos, se ha hecho bien lo que estaba previsto, pero mal porque era una intervención finalista. Cuando termina, finaliza la mejora”. En el contexto de la pandemia, la ayuda ha evitado que esta tenga peores consecuencias en asentamientos muy precarios, pero una vez terminada, apenas ha quedado nada.
Algunos ayuntamientos, como el de El Ejido, han mantenido algunos servicios básicos de su competencia que, hasta el año pasado, apenas prestaban en los asentamientos. “Aunque no con la misma frecuencia, han seguido recogiendo la basura, teniendo en cuenta que las personas ya se habían acostumbrado a dejarla en el mismo sitio”.
Este periódico ha consultado a los doce ayuntamientos implicados por el destino de esas importantes inversiones. El Ayuntamiento de Huelva, por ejemplo, recibió una ayuda de 7.894,11 euros que destinó a sufragar gastos de alimentación y aseo de las personas temporeras a las que la situación de la pandemia les obligó a confinarse en la capital. Aunque Huelva no tiene asentamientos, sí que acoge a mucha población inmigrante que se desplaza desde la capital a las zonas agrícolas, comentan fuentes municipales. El Ayuntamiento de Huelva puso en marcha durante la pandemia un espacio provisional y con carácter excepcional en el polideportivo Andrés Estrada que, junto al albergue, prestó cobertura a las personas sin hogar. En torno a un 60% de las personas atendidas en estos espacios fueron inmigrantes que se encontraban en esos momentos en la capital y que se habían desplazado a Huelva para la temporada agrícola.
En Lepe, uno de los municipios con mayor número de migrantes para las campañas agrícolas, se recibieron 260.251,20 euros, destinados a financiar actuaciones como ayudas de productos de primera necesidad, así como el mantenimiento de un servicio para la distribución de agua potable a los asentamientos durante los meses de marzo, abril y mayo de 2020. Fuente del ayuntamiento lepero citan otras acciones destinadas al aumento de la limpieza viaria y desinfección de zonas aledañas a los asentamientos durante los meses de confinamiento más estricto, así como el aumento de limpieza y desinfección de los contenedores sitos en las zonas aledañas a los asentamientos; así como las actuaciones de limpieza, higiene y desinfección de los asentamientos posterior al estado de alarma inicial. También apuntan un refuerzo de personal y la adquisición de mascarillas y EPIs, en especial para el personal que realizó trabajos en los asentamientos y la adquisición de hipoclorito sódico para tareas de desinfección.
La asignación a cada ayuntamiento se distribuyó según la información ofrecida en los mapas de asentamientos chabolistas de Huelva elaborados por el Infoca y Cruz Roja, y en los informes de los equipos de atención al inmigrante (EDATI) de Almería, así como de la Guardia Civil actualizados por Cruz Roja a marzo de 2020 y verificados por los municipios destinatarios. Fuentes del Ayuntamiento de Moguer, que recibió 252.380,70 euros, indican que se estableció un sistema de reparto de necesidades de alimentación, artículos de limpieza y aseo, agua potable, a través de vehículos municipales, se contrató a personal específico, se coordinaron tareas para el apoyo humanitario, con adquisición de equipos de de protección personal, etc.
El Ayuntamiento de Palos de la Frontera (189.941,40 euros) asegura por su parte que el dinero se destinó a la formalización de dos contratos con organizaciones que trabajan en la zona con la población migrante (Cruz Roja, por unos 15.000 euros; y Accem, por valor de unos 80.000 euros). Asimismo, fuentes municipales señalan que también se adquirieron medicamentos, comida, ropa, equipos y útiles de protección personal ante el coronavirus, e instrumentos de limpieza para desinfección de los asentamientos. Por su lado, el ayuntamiento de Lucena del Puerto (428.155,20 euros) no ha podido detallar a qué cuestiones concretas se destinó la cuantiosa ayuda autonómica.
Níjar fue el municipio con la cuantía más alta asignada, 704.147,40 euros. Según los informes del EDATI, hay 1.342 personas en 34 asentamientos. Son bastantes más, unas 5000 según las asociaciones, y según el propio Plan Municipal de Vivienda y Suelo del Ayuntamiento de Níjar de 2018, que cifraba en 3.014 las personas que habitaban alguno de los 94 asentamientos del municipio. El mayor de ellos, Atochares, donde viven en torno a un millar de personas, sufrió un destructivo incendio el pasado diciembre.
El ayuntamiento ha remitido a elDiario.es Andalucía el plan de intervención para aplicar la ayuda. Estimaba el reparto en camiones cisterna, seis días a la semana, de diez litros de agua potable por persona y día, con un coste total de 159.741 euros. El plan también contemplaba la recogida de residuos veinte días al mes, a razón de un kilo diario por habitante, con un coste de 131.708,50 euros. Para la limpieza y desinfección de los asentamientos y su entorno se preveían 164.148,60 euros; para el alquiler de seis módulos prefabricados (con ducha, WC y lavabos), 35.525 euros; el presupuesto para alimentos y productos de higiene ascendía a 40.259,27 euros; contratar a un educador social durante seis meses costaba 22.764 euros. Por último, se asignaban 150.000 euros a Cruz Roja, Médicos del Mundo y CEPAIM, para realizar actuaciones “complementarias y coordinadas”, como reparto de alimentos o EPIs, realizar talleres y actividades de concienciación.
La Mojonera ha remitido la memoria de actuaciones de Cruz Roja, a la que asignó la aplicación de los 55.093,50 destinados a paliar las condiciones de vida de 307 personas en 23 asentamientos. Según ese documento, con ese dinero se realizaron repartos de 838 kits de alimentos e higiene, sesiones informativas y talleres y clases de español desde septiembre a diciembre del año pasado. También se instalaron dos bidones de agua y se limpiaron los asentamientos.
Vícar, donde no existen poblados chabolistas pero sí zonas desfavorecidas con infraviviendas, destinó 53.519 euros a “trabajos de limpieza y acondicionamiento del entorno” y al reparto de kits de higiene y alimentación. En El Ejido (159.508,80 euros) se dedicaron 39.600 euros al abastecimiento de agua potable y 37.800 euros a la desinfección. La intervención estaba programada hasta octubre, aunque se mantuvo finalmente hasta diciembre y, según fuentes municipales, la limpieza sigue prestándose.
En Cuevas del Almanzora (54.568,80 euros) la actuación ha sido realizada por Cruz Roja. Melchora Caparrós, concejala de servicios sociales, comenta que solo el asentamiento de Palomares tenía dificultades de acceso al agua potable, y ya no existe. En los tres restantes viven un centenar de personas, la mayoría asentados en el municipio desde hace tiempo, según la concejala, que explica que actualmente trabajan en un plan de integración.
En Roquetas de Mar (124.353,90 euros asignados) no existen asentamientos con las características requeridas para recibir la asignación, por lo que el ayuntamiento renunció al dinero, según fuentes municipales que, no obstante, no han remitido el acuerdo municipal de renuncia. El alcalde de Antas no ha respondido a los intentos de este medio por conocer a qué se han dedicado los 7.345,80 euros asignados.
Asociaciones que trabajan sobre el terreno tienen dudas del uso real de estas cuantías. Carmen Vásquez, de APDHA Huelva, sentencia que “no sabemos en qué se ha gastado ese dinero público”. “Los temporeros siguieron trabajando igual, y por ejemplo en Palos nunca tuvieron ni agua ni electricidad”, asegura, y en Lepe, se trajo “un camión cisterna dos veces por semana para llevar agua”, como informó este medio. “No queremos decir que no se ha implementado pero no sabemos cómo se destinó, porque la gente se siguió quejando de lo mismo. La situación no ha cambiado y se sigue sin agua, sin material sanitario”, indica.
“Eso nos gustaría saber a nosotros, en qué se lo han gastado”, coincide José García Cuevas, portavoz del sindicato SOC-SAT en Almería. Recuerda que la ayuda en Níjar empezó en agosto, y “en enero retiraron todos los contenedores, se acabó el agua potable y los 700.000 euros”. García Cuevas cree que hay fórmulas baratas y efectivas para fórmulas para dignificar las condiciones de los asentamientos, y relata que en abril, los propios trabajadores, con ayuda del SAT, instalaron una tubería por un precio irrisorio. “Costó 300 euros meter 500 metros de tubería para acercar el agua. Hablamos de servicios esenciales para la vida. Es una cuestión de voluntad”.
En Lucena del Puerto (Huelva), apunta Vásquez, se llevó a los migrantes a un albergue de Punta Umbría, mientras que en Palos “fuimos hace dos semanas tras un incendio y todo seguía igual”, con los temporeros “reconstruyendo otra vez sus chabolas”. Por todo ello, han pedido a la Junta de Andalucía, a través del Portal de Transparencia, explicaciones más detalladas de las inversiones en cada municipio. “Mucha cosas se quedan en el aire y nadie asume responsabilidades. Eso ha pasado siempre, que nadie sabe nada, pero nos parece mucho dinero para gastar en geles y alimentos, y la situación es la misma”.
Sigue faltando lo esencial, insisten las organizaciones: un plan de intervención a medio y largo plazo que permita sustituir los asentamientos por viviendas con condiciones dignas. En este sentido, el ayuntamiento de Níjar acaba de aprobar un plan de trabajo elaborado por expertos de la Universidad de Granada, que pone sobre la mesa todos los alojamientos de los que disponen las administraciones, y que podrían servir para albergar a los trabajadores que actualmente se cobijan bajo chabolas de plástico o en cortijos abandonados con apenas un par de paredes en pie. El plan tiene el apoyo de algunas ONG y empresarios. En Níjar hay preocupación por la imagen del sector hortofrutícola en el mercado exterior, después de haber protagonizado algunos reportajes muy críticos en televisiones y otros medios internacionales.
Por su parte, a Antonio Abad, uno de los fundadores en Lepe del Colectivo de Trabajadores Africanos y presidente de la Asociación Solidaridad Igualdad y Sostenibilidad Trabajo Integral Cuenca Minera (ASISTI), no le consta que haya habido “ningún cambio” durante este año de pandemia, e incluso va más allá. “Lejos de mejorar, las condiciones en los asentamientos han empeorado bastante ya que este año, al menos en Lepe, el ayuntamiento no esta permitiendo la construcción de nuevas chabolas sin haber aportado ninguna nueva alternativa. Así que, después de los incendios que el año pasado borraron del mapa dos asentamientos, en Lepe hay muchas menos posibilidades”. En esta localidad, hace menos de un mes, la Asociación Asnuci abría las puertas del albergue para temporeros sin hogar, ubicado en el polígono El Chorrillo, el primer alojamiento de estas características en la provincia de Huelva.
Precisamente en la semana en que se cumple el aniversario de esas ayudas aprobadas por la Junta, los eurodiputados de Unidas Podemos Sira Rego y Manu Pineda están visitando los asentamientos de temporeros en Huelva y Almería “ante el incumplimiento de los Derechos Humanos”. El objetivo principal de este viaje, según ha informado IU, es “comprobar la situación en la que viven cientos de personas migrantes que trabajan en el campo andaluz y recopilar datos e información para completar el trabajo que desde Izquierda Unida se ha puesto en marcha en Bruselas”. La federación de izquierdas se refiere a que la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo admitió el mes pasado una denuncia en ese sentido de IU, la Asociación Multicultural de Mazagón (Huelva) y Almería Acoge.
Aquella petición se encuentra en periodo de estudio por la Comisión Europea, que deberá elaborar un informe previo. Mientras, la comisión de Libertades Civiles, Justicia e Interior dedicará una sesión a analizar “las vulneraciones de derechos humanos que se están cometiendo en Huelva y Almería”, indica IU. “Vamos a darle máxima importancia y el máximo seguimiento en Europa a esta situación”, apunta Rego, portavoz estatal de Izquierda Unida. “El Relator de la ONU llegó a decir que los trabajadores migrantes vivían en Huelva y Almería peor que en los campos de refugiados. No podemos seguir permitiendo la explotación de unas personas que vienen a nuestra tierra a trabajar y producir y que generan grandes ganancias para unos pocos. La Junta de Andalucía debe encontrar soluciones inmediatas que garanticen el cumplimiento de los derechos humanos y, si no lo hace, entonces tendrá que vérselas con Bruselas”, añade.
Pineda visitó este martes el asentamiento de Palos de la Frontera y mantuvo reuniones con organizaciones sociales y asociaciones de la provincia de Huelva. El miércoles, Pineda y Rego se desplazaron a Almería, donde se vieron con miembros de la asamblea de trabajadoras manipuladoras. Finalmente, este jueves están en Níjar, acompañados por Almería Acoge, visitando los asentamientos y los dispositivos de acogida que ha puesto en marcha esta organización.
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