La Coordinadora Andaluza por la Memoria Histórica y Democrática ha presentado este miércoles un informe balance de las politicas de memoria histórica de Andalucía en 2021 como “denuncia pública” ante el “desmantelamiento absoluto” por parte de la Junta en esta materia, el “flagrante incumplimiento” de la ley andaluza de memoria, aprobada en el Parlamento en marzo de 2017 sin votos en contra, y la “ruptura” del vínculo con las familias y víctimas del franquismo desde la llegada al Gobierno andaluz de PP y Ciudadanos, de la que se cumplen ahora tres años. En ese sentido han hecho hincapié en que la administración autonómica “se atribuye méritos pero no hace nada”.
Tanto el portavoz de la coordinadora, Antonio Manuel Mateos, como su presidente, Esteban Garrido, han resaltado que la “concentración masiva” del pasado 13 de noviembre en las calles de Sevilla ha supuesto para el movimiento memorialista andaluz un punto de partida del “planteamiento unitario” para continuar estando “permanentemente atentos” y reivindicativos con la cuestión. “Esto es un problema de todos los demócratas, de izquierdas o de derechas. Nos jugamos el futuro, no el pasado, y de eso tiene que darse cuenta la sociedad, porque es una cuestión en la que cabemos todos. Las leyes hay que cumplirlas, te gusten más o te gusten menos”, ha enfatizado Garrido. Ambos se han reservado otro tipo de posibles acciones, judiciales o de otra índole, ante la cuestión. “Nos jugamos la democracia de este país”, han insistido.
La “falta de voluntad” de la Junta este año se aprecia en la dotación y ejecución presupuestaria “a la baja y de manera sostenida durante la legislatura”, según ha expuesto el portavoz, detallando que, a finales de octubre, se había ejecutado “solo un 15,38%” de lo presupuestado. Según ha repasado, en 2019 no se llegó al 50% y en 2020 no llegó al 17% en ese sentido. “Si hay una merma importante en dotación, es paupérrimo el nivel de ejecución”, ha resumido.
En materia de exhumaciones, la coordinadora asegura que “no se ha llevado a cabo ninguna exhumación por iniciativa propia del Gobierno andaluza de derechas durante la actual legislatura. Fuentes de la Consejería de Cultura consultadas por ambas cuestiones han dicho a este medio que el departamento que dirige Patricia del Pozo está ”aún cerrando el ejercicio y esos datos no pueden aún darse al no ser definitivos“. En cuanto a datos de exhumaciones e identificaciones, ”la consejera ya ha hecho referencia a ellas en varias ocasiones en el Parlamento y en otras intervenciones públicas“.
A ese respecto precisamente se ha referido Antonio Mateos, según consta pormenorizadamente en el informe. La consejera, cuando afirma que la Junta, a través del Comisionado de la Concordia, ha colaborado para la exhumación de 607 víctimas, “se arroja como mérito propio los convenios con otras administraciones, la financiación de otras administraciones y las intervenciones anteriores ya aprobadas y comprometidas”. Ha detallado el portavoz que “la única aportación” para ejecutar convenios que ha realizado la Junta en la actual legislatura ha sido la de los 265.000 euros, como ya informó este medio, correspondiente al primer pago de ese convenio firmado con Ayuntamiento de Sevilla, Diputación y Gobierno de España para exhumar los cuerpos enterrados en la fosa común de Pico Reja, que data de 2017. “La Junta se limita a anunciar actuaciones en fosas, pero ni interviene ni financia”, ha resumido Mateos.
En ese sentido, dice el informe que las exhumaciones que se están llevando a cabo se están realizando a través de las aportaciones del Estado vía ayuntamientos. Como resumen ha detallado que el Gobierno español ha transferido a Andalucía entre 2020 y 2021 “un 35% más de dinero (más de dos millones de euros) que lo que ha presupuestado, no ya ejecutado, el Gobierno de la Junta para exhumaciones en toda la legislatura (1,5 millones).
Entre otros “incumplimientos que abruman” a la coordinadora está que en esta legislatura “no se ha completado ninguna tramitación de nuevos lugares ni senderos de Memoria de Andalucía” mientras “siguen aguardando 34 solicitudes de inscripción” en el inventario. Asimismo, la “flagrante ausencia de voluntad política” también se aprecia en que el comité de símbolos contrarios a la memoria lleva “casi 17 meses sin ejercer ninguna actuación”, lo que ha permitido “conflictos” como los ocurridos tras la retirada de la cruz de homenaje en Aguilar de la Frontera (Córdoba), la revisión en la nomenclatura de calles en Córdoba, el espacio dedicado en El Puerto a “un teórico del franquismo” como José María Pemán o no abordar la retirada de los restos de Queipo de Llano de la basílica de la Macarena.
También denuncia la coordinadora que de las subvenciones de 2020 para proyectos de investigación en materia de memoria histórica que ascendían a 260.000 euros se financian 20 proyectos (nueve ayuntamientos, siete asociaciones y cuatro universidades) por valor de 75.000 euros (un 29% del presupuesto previsto). “Y en este 2021, solo se ha ejecutado el 0,74%”, ha subrayado el portavoz.
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