Es una histórica reivindicación pero todo el sector se ha posicionado al unísono para exigir un cambio de modelo en la financiación para la atención a las personas con discapacidad y mayores. La situación es “insostenible”, y así se lo hicieron saber la semana pasada a los responsables de la Junta de Andalucía en la 'Comisión de Participación en materia de Concertación con Centros de Atención especializada para los Sectores de Personas Mayores y Personas con Discapacidad', en la que se informó a entidades y sindicatos de la subida de coste/plaza prevista para 2024 (que será de un 4,5 % retroactiva desde el 1 de mayo), de la que presume el Gobierno autonómico “tras varios años congelado en la etapa del PSOE” pero que no va a ser suficiente para que el sector pueda asumir el año que viene, principalmente, las subidas salariales a los trabajadores obligadas por convenio, en torno a un 12% como resultado de la suma de los IPC de los tres últimos años, entre otras cuestiones.
La exigencia es la de “un cambio de modelo” en la prestación de los servicios concertados para que la subida coste plaza no se actualice con base en la disponibilidad presupuestaria sino a las necesidades reales de atención y de manera automática. Esto es, una revisión del coste máximo de plazas pero, además, un sistema automático de actualización de los precios de los servicios a partir de “un estudio de los costes reales” de los servicios. “Sería impensable construir un puente sin una memoria económica previa”, resumen fuentes del sector, que solicitan encarecidamente “que la administración se siente con nosotros para que sepan realmente cuánto vale lo que hacemos”.
La financiación pública para sufragar los centros que atienden a las 700.000 personas con discapacidad residentes en Andalucía sigue siendo “insuficiente”, comenta a este periódico Marta Castillo, presidenta del Comité andaluz de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), que aglutina a las 18 entidades andaluzas más representativas de la discapacidad y que gestionan nada menos que 562 centros en la comunidad autónoma. Solamente sus gastos actuales exigirían una subida de un 10% del coste plaza en los centros concertados residenciales y de día, cifran las fuentes.
El pasado mes de mayo, la Consejería de Inclusión Social fijó un aumento también del 4,5% en el precio de la plaza concertada y conveniada en los centros de día y centros residenciales, tanto para personas mayores como para personas con discapacidad en situación de dependencia. Pese a ello, el sector considera que la prestación de sus servicios es “deficitaria” ya que, pese a subida, las entidades no pueden asumir los gastos que acarrean su funcionamiento, haciendo “insostenibles” los servicios que llevan a cabo, muchos de los cuales podrían desaparecer si la política de precios no se ajusta a la realidad, augurando “un importante problema” para el año que viene.
La subida anunciada por la Junta, en todo caso, aún no se ha materializado oficialmente ya que debe aprobarse antes un aumento del crédito en ese sentido. La previsión de que tenga carácter retroactivo a 1 de mayo tampoco satisface al sector, que lamenta que otros años se ha hecho a efectos de 1 de enero, con lo que la subida del 4,5% es realmente menor. La situación afecta a las asociaciones y entidades del sector de la discapacidad pero también a los centros de día, de mayores o de gestión ocupacional, detallan las fuentes, que abogan por “un nuevo concierto social regularizado y automático”.
La presidenta de Cermi reconoce la subida del coste plaza pero esta “no cubre el coste real” de los servicios prestados, abogando por no seguir dependiendo de “mejoras puntuales basadas en criterios presupuestarios sino en un análisis previo del coste real de los servicios”. “Todos los agentes sociales” presentes en la referida comisión hicieron saber a la Junta que ese 4,5% “no es suficiente”, apostando por establecer los gastos a través de “un estudio de los costes reales”. Marta Castillo urge a esos cambios de cara a la “sostenibilidad financiera” de las entidades, apuntando que “no podemos estar cada año negociando lo mismo” porque eso “supone también un desgaste” tanto para el sector como para la propia administración andaluza.
No escapa al sector que el Gobierno central tiene también que hacer sus deberes en este sentido. El sector de la discapacidad en Andalucía pide “que se reequilibre la aportación estatal” en este punto, sabiendo que la problemática es “extensible” a otras comunidades autónomas. A es respecto reclaman “una cantidad adecuada” para el sector de la dependencia, abogando por un Pacto de Estado en ese sentido. Cermi apunta que las administraciones deben asegurar la sostenibilidad de las entidades, que tienen más de 11.000 empleos directos y, en muchas provincias, son las principales empresas prestadoras de servicios.
Castillo apunta que Galicia, Extremadura o Cantabria disponen ya de un concierto social que recoge la citada actualización automática de los precios cuando hay alguna modificación como el IPC o la subida de salarios, y unas subvenciones nominativas para el mantenimiento de las estructuras de las confederaciones y federaciones provinciales, lo que confiere una garantía a las entidades en la prestación de sus servicios. Así se podría contemplar sus reivindicaciones en torno a la actualización y revisión automática de los precios, con cláusulas que prevean las desviaciones salariales de sus trabajadores o las subidas de costes externos que afecten a la prestación de los servicios.
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