El tribunal que enjuiciará la pieza 'política' de los ERE fraudulentos ha citado el próximo día 23 de junio a los abogados personados en la causa “a fin de fijar la fecha de inicio” del juicio contra los expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán y otros 20 ex altos cargos.
En una providencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla convoca a los letrados de las partes personadas el próximo día 23 de junio, a partir de las 11,00 horas, para analizar la fecha de inicio de la vista oral contra los 22 ex altos cargos citados.
Según las fuentes consultadas, la intención del magistrado Juan Antonio Calle Peña, ponente del juicio, es que éste comience en diciembre con las cuestiones previas y continúe ya en el mes de enero de 2018 con la declaración de los acusados, desarrollándose en cuatro sesiones semanales durante varios meses.
El juicio será presidido por el juez Juan Antonio Calle Peña después de que la Sección Tercera de la Audiencia admitiera la recusación promovida por el PP-A y Manos Limpias contra el magistrado Pedro Izquierdo, que fue secretario general para la Justicia de la Junta y que había sido designado inicialmente como ponente.
Cabe recordar que el magistrado rechazó abstenerse como ponente del juicio pero solicitó a la Audiencia que valorase la “perturbación” generada en la actividad “ordinaria” del tribunal tras las recusaciones planteadas, a las que se opuso también la Fiscalía Anticorrupción aunque con matices, pues le pidió que analizara si como alto cargo conoció los procedimientos administrativos.
Entre los 22 ex altos cargos acusados, y además de Chaves y Griñán, hay seis exconsejeros de la Junta de Andalucía, como son José Antonio Viera, Francisco Vallejo, Gaspar Zarrías, Antonio Fernández, Carmen Martínez Aguayo y Magdalena Álvarez, dos exviceconsejeros o dos ex directores generales de Trabajo.
La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado una condena de seis años de cárcel y otros 30 años de inhabilitación para José Antonio Griñán, que fue procesado por delitos continuados de malversación de caudales públicos y prevaricación, mientras que a Manuel Chaves le reclama una condena de diez años de inhabilitación por un delito de prevaricación.
De su lado, la acusación particular que ejerce la Junta de Andalucía ha solicitado el archivo de esta pieza separada al entender que ni hay “trama criminal” ni se creó un procedimiento específico para eludir los controles de la Intervención y conceder de forma arbitraria las ayudas de los ERE.
Por su parte, el PP-A ha pedido dos años de cárcel y 22 de inhabilitación para Manuel Chaves y ocho de prisión y 42 de inhabilitación para José Antonio Griñán.