Auditorías y multas a empresas por discriminar a la mujer: Así pactaron PSOE, PP y Cs la ley contra la brecha salarial

El Parlamento de Andalucía aprobó el pasado 26 de septiembre, con los votos de PSOE, PP y Ciudadanos, la reforma de la Ley para la Promoción de la Igualdad de Género, que venía a modernizar un texto de 2007. La nueva ley trataba de actualizar las políticas de lucha contra la discriminación hacia las mujeres, con especial incidencia en el mercado laboral. Una de las medidas que introdujo esa reforma son las “auditorías periódicas a empresas privadas para detectar diferencias retributivas entre hombres y mujeres”, con objeto de sancionar y eliminar la brecha salarial de género.

Cuando se aprobó esta ley, la diferencia salarial era levemente inferior a la actual. Según la última Encuesta de Estructura Salarial publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) el mes pasado, en Andalucía las trabajadoras cobran de media 5.888,24 euros brutos menos al año que sus compañeros (5.784 euros menos a nivel nacional). El sueldo medio bruto de los andaluces es de 24.175,52 euros al año y el de las andaluzas es de 18.287,29 euros. Los grupos parlamentarios trabajaron con estadísticas oficiales para reformar la Ley andaluza de Igualdad, y se dieron cuenta de que los años más duros de la crisis económica [2008-2013] habían ensanchado la brecha salarial en las empresas.

La nueva legislación regula las “auditorías de género” e introdujo una horquilla de multas que van de los 6.000 a los 120.000 euros contra las empresas privadas (y entes públicos) que incumplan las medidas de igualdad que recoge la ley. El anterior Ejecutivo socialista tenía previsto ampliar la plantilla del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) con nueve juristas para, a partir de este año, empezar a tramitar los expedientes administrativos derivados de las denuncias que surgirían al amparo del nuevo régimen sancionador de la ley.

Aunque la normativa subraya que la mayor discriminación se da en el ámbito laboral -con la brecha salarial- en la jurisdicción de lo Social, la Junta de Andalucía no es competente para multar a una empresa por discriminar salarialmente a una trabajadora. Pero el artículo 67 introdujo un resquicio importante: si una mujer denuncia a su empresa por discriminación de sexo -tratándose de su palabra contra la del patrono- el juez puede solicitar el dictamen de un experto que dirima si existe tal discriminación y, en este caso, la Ley andaluza de Igualdad habilita al IAM como “experto” para emitir esos dictámenes.

Ciudadanos, que entonces sostenía al anterior Gobierno andaluz del PSOE, participó y respaldó aquella reforma legal. Diez meses después, Ciudadanos forma parte de un Ejecutivo de coalición con el PP, sustentado por un grupo de extrema derecha (Vox), y su posición respecto a la brecha salarial de género ha virado hacia posiciones más conservadoras. La consejera de Igualdad, Rocío Ruiz (Cs), no niega que esa realidad exista, pero este lunes reclamó a las universidades andaluzas nuevas “evidencias científicas”. “Estas guerras de cifras no benefician a nadie porque al final la ciudadanía no sabe quién dice la verdad. Dar menos datos y no confundir. Necesitamos estudios de investigación serios y rigurosos”, advirtió el lunes durante un desayuno informativo. Sus palabras desataron una lluvia de críticas porque respondían a una pregunta concreta sobre una proposición no de ley de Vox, registrada la semana pasada, en la que reclama a la Junta que niegue la existencia de la brecha salarial por tener “tintes ideológicos” y ser “una gran mentira”.

La consejera de Igualdad pide más informes con “evidencias científicas”, obviando que la ONU, la OCDE, la Comisión Europea, el Banco Mundial, la CEOE y el Gobierno de España (con el PSOE y con el PP) han publicado estudios sobre la brecha salarial de género, informes que están referenciados en las leyes de Igualdad y de Presupuestos de la Junta de Andalucía, y que han servido -hasta ahora- para diseñar políticas públicas.

Negacionismo de Vox

La formación de extrema derecha es abiertamente negacionista. En su primera lista de exigencias al PP, a cambio de apoyar la investidura de Juan Manuel Moreno Bonilla, figuraba la derogación de la Ley andaluza de Igualdad, la Ley de lucha contra la Violencia de Género y la Ley de los derechos LGTBI. El Gobierno andaluz -y en particular la consejera de Igualdad- aseguran que estas normas seguirán plenamente vigentes, pero las palabras de Ruiz, este lunes, parecen resituar al Ejecutivo autonómico en otra esfera a medio camino entre las políticas ya existentes y las exigencias de Vox, socio necesario para la estabilidad de esta legislatura.

La iniciativa del grupo de extrema derecha que cuestiona la brecha salarial de género sólo busca un posicionamiento político de los socios de Gobierno, que tendrán que retratarse a favor o en contra. Sin embargo, lo verdaderamente importante es conocer qué impacto real tendrá la nueva Ley andaluza de Igualdad -aún por desarrollar, con apenas nueve meses de vida- en manos de un partido que parece querer poner el contador a cero en materia de políticas contra la discriminación de la mujer. La brecha salarial de género es un elemento medular de esta ley, y también lo es del IAM (que cuenta con base documental y recursos para detectarla y combatirla). El Instituto Andaluz de la Mujer trabaja con estudios nacionales e internacionales sobre brecha salarial; ofrece formación on line a empresas sobre esta materia; cuenta con una herramienta informática dirigida a las empresas para que puedan elaborar un diagnóstico propio sobre su situación empresarial en materia de igualdad de género, que permite, además, evaluar variables que van desde la brecha salarial hasta las medidas de conciliación.

Pero, sobre todo, la brecha salarial de género aparece de manera transversal en la ley más importante del Gobierno andaluz: los Presupuestos Autonómicos que, cada año, vienen acompañados de un informe de impacto de género que evalúa cada gasto de la Junta desde la perspectiva de la igualdad entre hombres y mujeres. Los Presupuestos andaluces de 2019, los primeros que sacará adelante el Gobierno de PP y Cs con apoyo de Vox, se aprobarán este jueves en el Parlamento. Esas cuentas mantienen prácticamente intacto el gasto del IAM, incluida una subvención de 70.000 euros para CCOO y UGT con la que se renueva el asesoramiento legal en materia de género.

Por ley, las cuentas autonómicas se tamizan desde la perspectiva de la igualdad. En 2017, ese informe de género -tan voluminoso como el libro de ingresos y gastos del Presupuesto- incluyó por primera vez un análisis de la distribución de retribuciones y permisos de los empleados públicos de la Junta de Andalucía. Ahí apareció un dato difícil de creer en el ámbito de la Administración, donde los sueldos están regulados por ley: existía brecha salarial de género entre funcionarios y funcionarias (algo que ya habían apuntado informes del IAM y de los sindicatos CCOO y UGT).

A pesar de la regulación estatal y autonómica, a pesar de que existen convenios colectivos y sistemas de acceso y promoción a la función pública más reglados, controlados y objetivos, los funcionarios hombres cobran en conjunto un 12,1% más que las mujeres, según consta en el citado informe. En cuanto al personal laboral, que es la categoría profesional más numerosa con el 51,3% de la plantilla de la Junta de Andalucía, existe una brecha salarial de género más reducida, del 4,6% (aunque en las categorías superiores de este grupo los hombres cobran hasta un 10% más que sus compañeras).

Brecha en la Administración

La consejera de Igualdad dijo el lunes: “Evidentemente, la brecha salarial de género en el empleo público no existe”. Legalmente debería ser así, pero en su despacho tiene dos informes presupuestarios de la Consejería de Hacienda [2017 y 2018] que explican por qué en la realidad la ley no basta para equilibrar los salarios de hombres y mujeres. Es lo que los expertos, autores del estudio, llaman “discriminación indirecta”, esto es, las empleadas públicas andaluzas no cobran menos por ser mujeres, pero sí como consecuencia de serlo: el envejecimiento y la descendencia mitigan su capacidad para promocionar y, por ende, sus ingresos (en mayor medida que la de los hombres). “La discriminación indirecta se produce cuando una ley, la política o el programa no parecen discriminatorios, pero tiene efectos discriminatorios en su aplicación”, dice el informe de 2017. La diferencia de ingresos entre hombres y mujeres del conjunto de la Administración general crece con la edad del personal, alcanzando su máximo entre los efectivos mayores de 55 años, donde los hombres ganan un 16,2% más que las mujeres sobrepasando la brecha media de toda la Administración general.

Con esta foto fija sobre la mesa, el Parlamento andaluz aprobó una reforma legal que ampliaba las auditorías de género a la propia Administración (consejerías y entes instrumentales). El mayor impacto sobre la “discriminación indirecta” está en el número de hijos, que repercute directamente en el salario de los funcionarios. Si no hay hijos, la diferencia de ingresos entre hombres y mujeres es del 9,5%; si hay un descendiente, la brecha salarial crece hasta el 14%, y si hay dos o más hijos, la diferencia es del 18%. Esto explica también por qué, aunque las mujeres representan el 64,5% de los empleados públicos de la Junta de Andalucía (frente al 35,5% de hombres), el equilibrio se invierte cuando se observa al personal directivo de los entes instrumentales de la Administración: de los 185 altos cargos que había en 2017, el 66,5% eran hombres y el 33,5% mujeres.