El Centro Social Okupado y Autogestionado (CSOA) 'Andanza' no se va a quedar de brazos cruzados ante la actuación judicial y ante un consecuente posible desalojo. Van a defender que sus gestores y usuarios han recuperado el espacio, que acaba de cumplir un año ocupado, y lo van a hacer de una manera original. Más allá de tratar de evitar la actuación judicial o de usar la fuerza para no permitir el desalojo, se van a autoinculpar en el juzgado que investiga el caso y que mantiene diligencias abiertas contra dos personas por presuntos delitos de usurpación del inmueble. Una persona ha asumido ya, además, una autoinculpación más severa, reconociéndose como miembro de la asamblea que gestiona el espacio, algo sin precedentes en la ciudad de Sevilla.
“Soy usuario del Centro Social Andanza y he participado en actividades que se ofertan dentro de la programación de este Centro. Que estas actividades, culturales, artísticas y políticas son abiertas al barrio y la ciudadanía y están llenando un espacio abandonado durante siete años, cumpliendo así de forma efectiva la función de dotación y equipamiento cultural a la que el Plan General de Ordenación Urbana de Sevilla, vigente desde 2006, obliga para este espacio”, recoge un modelo de autoinculpación individual colgado en la página web del CSOA y que se prevé que cumplimenten más de un centenar de personas, según fuentes del centro, para presentarlas este jueves en el juzgado.
La asamblea del CSOA decidió iniciar una campaña, intentando defender el uso del espacio bajo el paraguas de argumentaciones jurídicas. La alusión al PGOU de la ciudad obedece a que dicha norma presupone un uso cultural del lugar y zonas verdes para el barrio, “y precisamente es el CSOA el que está garantizando que ese espacio esté cumpliendo esos requisitos ordenados en el plan municipal”, explican fuentes del centro. “La propiedad se ha despreocupado por el lugar y la administración pública tampoco ha dado pasos para que los usos previstos tengan lugar”. El dueño del inmueble es la Sociedad para la Reestructuración de la Deuda Bancaria, que no ha querido manifestar a este periódico ninguna posición al respecto.
Existe un precedente similar de autoinculpación cuando se ocupó la antigua Fábrica de Sombreros en abril de 2008, cuando de igual forma se llamó a declarar a dos personas que hicieron de mediadores y se inició una campaña de autoinculpaciones. La jueza no las tomó en cuenta y desalojó preventivamente el inmueble de la calle Castelar, según recuerdan fuentes de aquel caso. La cuestión novedosa en la ocupación de la antigua Sala Endanza es que un representante de la asamblea se ha autoinculpado como gestor del espacio, por lo que se prevé que el juzgado lo llame a declarar y tendrá que tomar alguna decisión al respecto.
Concierto interrumpido el pasado sábado
La pasada semana, concretamente el sábado 14 de febrero, se personaron en el centro Andanza varios agentes de la Policía Local de Sevilla con motivo de una jornada de actividades que concluirían con un concierto. Según los agentes, el local no contaba con los permisos necesarios para la realización de ese tipo de espectáculos. Las personas que en ese momento estaban en la puerta del edificio cerraron las puertas. La situación pareció complicarse más cuando un total de 20 agentes y dos furgones policiales llegaron al lugar, sin permitir que nadie accediera al recinto ni que nadie pudiera salir.
Ante la llegada de un número cada vez mayor de personas, los agentes de la Policía Local abandonaron el lugar, no sin antes avisar de que volverían para impedir que se celebrara el concierto. Y volvieron, en varias ocasiones, pero el concierto tuvo lugar. Según mantiene el CSOA, el alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, envió a la Policía Local “porque es contrario a cualquier cultura de la autogestión que empodere a los vecinos y vecinas” y “promete una ciudad rancia, aburrida, sin música o ruido; el único ruido y música que tolera es la de las bandas de Semana Santa”.