El Ayuntamiento de Córdoba ha presentado una denuncia por un
presunto delito de usurpación en relación al uso que la Acampada Dignidad está
haciendo del colegio Rey Heredia desde que el pasado 4 de octubre ocupara este
inmueble cerrado para dedicarlo a actividades de colectivos sociales y del
barrio.
Así, a resultas de la denuncia municipal, ocho activistas de
la Acampada Dignidad han sido citados a comparecer ante el Juzgado de
Instrucción Nº 4 de Córdoba a fin de recoger el auto judicial emitido en el que
se les cita para declarar como imputados por dicho delito de usurpación el
próximo 16 de enero.
Junto a ello, el Ayuntamiento de Córdoba ha solicitado
además al juzgado el desalojo inmediato del Colegio Rey Heredia como medida
cautelar, acción contra la que la Acampada Dignidad presentará alegaciones “entendiendo
que no es necesaria ni proporcional“, han señalado los activistas, que
conocerán la decisión del juez al respecto a finales de esta semana, según ha
informado a eldiario.es/andalucia su portavoz, Rafael Juan.
“Es evidente que el inmueble no solo no ha sufrido daño
alguno, sino que por el contrario ha sido restaurado y recuperado del estado de
abandono en que lo mantenía el Ayuntamiento“, argumentan quienes ocuparon el
colegio cerrado y en estos dos meses lo han llenado de contenido y actividades.
“El desalojo sólo conduciría a devolver el colegio a su estado de abandono”
“El desalojo sólo conduciría a devolver el colegio a su estado de abandono”
De la documentación municipal adjuntada a la denuncia, los
integrantes de la Acampada Dignidad deducen que “el Ayuntamiento carece de
proyecto concreto de uso para el edificio a corto o medio plazo, por lo que el
desalojo sólo conduciría a devolver el inmueble a su estado previo de abandono
y desuso“.
Los activistas de Rey Heredia señalan así que la denuncia
presentada por el Ayuntamiento “solo puede entenderse desde la voluntad del alcalde
(Alcalde José Antonio Nieto) de acabar con una iniciativa que, en solo dos
meses, se ha consolidado , poniendo en cuestión su propia incapacidad para dar
respuesta a las necesidades y demandas ciudadanas, evidenciando el abandono de
los bienes públicos“.
Por eso, desde la Acampada Dignidad anuncian que tomarán “las
medidas legales oportunas para tratar de impedir que el centro vuelva a quedar
abandonado“, así como para defender a los ocho activistas imputados, ”que son
sólo una parte de un colectivo mucho más amplio contra el que el Ayuntamiento
no se atreve a actuar porque tendría que procesar a cientos de personas“.
Junto a las medidas legales, la Acampada Dignidad prepara ya
movilizaciones y acciones “para evidenciar el apoyo popular a la liberación del
Rey Heredia y a las iniciativas puestas en marcha“ en el colegio cerrado.
Actividades de decenas de colectivos en el centro
Actividades de decenas de colectivos en el centro
En ese sentido, alertan de que la decisión de desalojar el ahora
denominado Centro Social Rey Heredia, supondría la interrupción de las
distintas actividades que en estos dos meses de vida del centro reabierto se
llevan a cabo. Así, por su cocina abierta pasan al día unas cien personas que
comen gracias a la comida del centro e igualmente se imposibilitaría el
desarrollo de las clases de apoyo para niños y adultos sin recursos, además de
otras acciones puestas en marcha, como el punto de información y asesoramiento
socio-laboral, la emisora de radio y un huerto comunitario.
“Además se dejaría sin espacio para reunirse y desarrollar
sus actividades a decenas de colectivos que de forma cotidiana usan el centro“ desde su ocupación el pasado mes
de octubre.
Desde la Acampada Dignidad entienden que “un Ayuntamiento,
que es sumiso a los poderosos y represivo con quienes sufren sus políticas, no
admite que desde la solidaridad y el apoyo mutuo, sin un euro de financiación
institucional y con la colaboración desinteresada de decenas de personas, se
organice la respuesta a las políticas contra las personas y los derechos
sociales del Gobierno“.