El Ayuntamiento de Jaén sigue devolviendo cosas a la Junta de Andalucía bajo el argumento de la asfixia económica. El pasado verano fue el tranvía y ahora es el servicio de atención a la Dependencia. El pasado 1 de octubre, el Ayuntamiento denunció el convenio con la Administración autonómica, renunciando a la prestación del servicio por tratarse de una “competencia exclusiva” de la Junta de Andalucía. El argumento es, según el alcalde, Enrique Fernández de Moya, que la Junta le adeuda al Ayuntamiento dos millones de euros por impagos en esta materia.
Pero la Administración regional explica que el escrito se ha presentado fuera de plazo. La delegada del Gobierno de la Junta en Jaén, Purificación Gálvez, apela a “la sensibilidad” del alcalde para que “todas las instituciones trabajemos conjuntamente para buscar soluciones”. El portavoz del Gobierno andaluz, Miguel Ángel Vázquez, en la misma línea que la delegada territorial, dice que la denuncia del convenio de colaboración entre Ayuntamiento y Junta para la prestación de la Dependencia “no es efectiva” porque se ha interpuesto dos días tarde. Sin embargo, el alcalde sostiene que el convenio fue denunciado “en tiempo y forma” y así lo ha trasladado a la consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en una carta remitida este mismo martes.
Lo que se está convirtiendo en una guerra de fechas es, para los empresarios, un problema que encierra otras dudas: ¿Van a seguir recibiendo esa prestación? ¿Cómo? ¿Qué institución la asumirá? Para la Junta, es el Ayuntamiento el que debe ofrecer el servicio, “porque la colaboración de los ayuntamientos es fundamental, sobre todo, como en este caso, con más de 20.000 habitantes y con autonomía”, según la delegada de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, Ángeles Jiménez. El alcalde, por su parte, se ciñe a la denuncia para exigir a la Junta “que asuma sus competencias y que garantice la continuidad del servicio a partir de la finalización del convenio, que es el próximo 3 de diciembre”.
Según UGT, “hay mucha gente que no puede prescindir de lo mínimo”
La empresa Multiservicios Jabalcuz, que presta el servicio de Dependencia en Jaén, emplea a unas 200 personas. Hace poco más de un año que se ocupa de la prestación, después de que el Ayuntamiento rescindiera el contrato con Macrosad. Cerraba así una azarosa relación motivada por el retraso en los pagos del Consistorio a la empresa y el impago de nóminas de la entidad a los trabajadores. El propietario de Multiservicios Jabalcuz, Rafael Cabera, no ha querido hacer declaraciones sobre la nueva situación, si bien indica que las empleadas continúan y continuarán su trabajo “con normalidad; no, mejor todavía”.
El representante de UGT, Miguel Angel Cazalilla, explicaba que a día de hoy el Ayuntamiento jiennense debe a la empresa 2,7 millones de euros que no puede atribuir en exclusiva a la Junta porque “el Ayuntamiento se ha estado beneficiando del dinero de la Junta, gastándose casi la mitad en otros menesteres y se lo hemos demostrado con papeles”, a través de “la caja única”. Desde su punto de vista, la posición del equipo municipal de Gobierno con relación a esta prestación es que “ni se la cree ni se la ha creído y lo que quiere es cargársela”.
Según los datos del sindicato, el servicio atiende a 800 personas. La Administración autonómica restringe esa cifra a las 429 acogidas a la ayuda domiciliaria de la que, a partir del 4 de diciembre, no se sabe qué sucederá. UGT considera que la Junta deberá asumir el servicio o decidir la fórmula más adecuada para mantenerlo. “Hay mucha gente que no puede prescindir de lo mínimo que le aporta la ayuda: la comida, la medicación, el aseo personal y la higiene en su casa”.
Para IU, la decisión municipal es un intento de “acelerar la aplicación de la reforma local, liquidando el convenio de la Dependencia de la Junta”, ha señalado la concejal Isabel Mateos, quien ha acusado al PP de emplear la devolución de competencias en “elemento estratégico” para “erosionar a los pequeños municipios, tradicionalmente un territorio electoral desfavorable al PP”.
¿Nuevo frente político?
La decisión de Jaén podría abrir un nuevo frente político entre los consistorios gobernados por el PP y la Junta de Andalucía. El alcalde Fernández de Moya se ha mostrado convencido este martes de que “detrás de la denuncia del Ayuntamiento de Jaén van más ayuntamientos porque no podemos hacer frente a los continuos impagos y abusos sistemáticos de la Junta al no pagar lo que debe porque son cantidades millonarias”.
Mientras tanto, el portavoz del Gobierno andaluz recordaba que el Gobierno de la nación lleva una “merma en los ingresos” dirigidos a la Junta en este aspecto que supera los 314 millones de euros. Según Vázquez, el Ejecutivo autonómico está sufragando el 78% de los gastos relativos a la Dependencia y que “el que no está cumpliendo la Ley es el Gobierno central”, que está aportando el 22% restante.
También ha destacado el “esfuerzo” de Andalucía por “mantener un pilar básico del Estado de Bienestar”. Además, ha insistido de cualquier forma en que no deben ser los 429 usuarios de Dependencia en Jaén los que “sufran las consecuencias” de las “dificultades presupuestarias” que golpean a las administraciones, apostando por “seguir colaborando juntos” en sustentar a los beneficiarios de la Dependencia.