El Ayuntamiento de Málaga considera normal contratar a siete sociedades civiles para prestar servicios del Plan de Acción de Calidad. En respuesta a la información publicada por este medio, asegura que contrata “tanto a empresas como a expertos especialistas que, en muchos casos, son autónomos”. “Estos periodos sirven, además, como experiencia piloto de idoneidad”, se explica en la respuesta. Al menos cinco de las personas designadas por las sociedades para prestar los servicios llevan años trabajando como becarios o autónomos para el Ayuntamiento.
“En este tiempo se ha ido pasando de la contratación de grandes consultoras en los inicios (de ámbito nacional) a una consultoría más especializada y más próxima en función de una mayor disponibilidad actual de expertos en estas materias, con frecuencia además, más económica”, explica el Ayuntamiento. “En la contratación de asesoramiento puntual y para temas muy específicos, normalmente contratos menores por breve espacio de tiempo o corta dedicación, se suele contratar tanto a empresas como a expertos especialistas que, en muchos casos son autónomos”, matiza.
Los servicios adjudicados, clasificados como de “consultoría, asesoramiento y evaluación”, los realiza una persona por lote, tienen una duración de once meses, con descansos quincenales en diciembre y agosto y jornadas semanales mínimas de 30 horas (con mayor puntuación por cada media hora añadida), por un precio en torno a los 40.000 euros, IVA incluído. Algo muy parecido a la dedicación plena a un trabajo y alejado del asesoramiento “puntual” o “específico” de los consultores externos. Las sociedades contratadas están constituidas por personas que trabajan desde hace años para el Ayuntamiento. Son, dicho de otra forma, autónomos bajo la forma de empresas.
El Consistorio explica que no hace “ninguna diferenciación en lo relativo a la forma que revistan las empresas que presentan ofertas” siempre que cumplan con los pliegos de condiciones. En este supuesto, el concurso lo han ganado las adjudicatarias en el primer y tercer trimestre de 2014, en el primero de 2015 y el pasado mes de mayo, prácticamente sin oposición. Siete de los ocho lotes fueron adjudicados a sociedades civiles, una forma inhabitual para una empresa. Según el Ayuntamiento, el contrato se troceó para permitir “el acceso a la contratación de un mayor número de empresas” y delimitar mejor su objeto. Los candidatos sólo podían recibir la adjudicación de uno de los lotes.
En todos los contratos suscritos para 2015 por el Ayuntamiento sólo hay otro caso de contratación con una sociedad civil. Sin embargo, ha adjudicado siete de los ocho lotes del contrato de servicios sobre el Plan de Calidad a siete sociedades civiles que aparecen constituidas en la misma fecha en las bases de datos de Internet. La respuesta del Ayuntamiento no explica este extremo. Sí desmiente que el Consistorio sugiriera a autónomos la conveniencia de constituir sociedades, como asegura una fuente que trabajó para el Ayuntamiento. Las sociedades civiles no son una forma habitual en las empresas, porque no son inscribibles y sus socios responden con todo su patrimonio y tributan más.
Un plan activo desde 2001
CSIF denunció en marzo ante la Inspección de Trabajo que el Ayuntamiento de Málaga contrataba autónomos que desempeñaban funciones estructurales, en algunos casos desde hace diez años. Para el sindicato, esas contrataciones son un fraude de ley. Esa denuncia está siendo investigada, según asegura el sindicato, que diferencia los supuestos del plan de calidad de los de la investigación porque en el primer caso se trata de servicios de evaluación habitualmente contratados a consultores externos.
El actual “Plan de Acción en Calidad para la Modernización, Innovación y el Desarrollo Organizativo” pretende fomentar en el Ayuntamiento “la mejora continua de los procesos y de la gestión de los servicios”. La primera fase se inició en 2001 y la segunda se aplica desde 2008 sobre cinco ámbitos (gestión, nuevas tecnologías, calidad, atención a la ciudadanía y estrategias corporativas) y en él trabajan un jefe de servicio, cuatro jefes de sección, cinco administrativos y 47 personas en las oficinas de atención a la ciudadanía, sin contar las ocho personas designadas por las adjudicatarias del “contrato de servicios para el despliegue”.