El arranque del curso escolar ha traído consigo una polémica que ya estuvo sobre la mesa el año pasado y que ahora se encamina a un pulso político más enconado: ¿quién debe pagar el gasto extra que supone desinfectar los colegios para hacerlos más seguros en el actual marco de pandemia? Según la Junta de Andalucía, los ayuntamientos; según los ayuntamientos, la Junta de Andalucía. En este contexto, son los municipios los que están pagando la factura, aunque el Ayuntamiento de Sevilla (que preside el secretario general del PSOE andaluz, Juan Espadas) ya ha anunciado que le va a cargar este desembolso extra al Gobierno andaluz y que para ello está dispuesto a llegar a los tribunales. Y tras la capital hispalense, el resto de municipios gobernados por el PSOE, tal y como ya se ha encargado de avanzar el propio Espadas.
La pugna se viene arrastrando desde hace más de un año, cuando la Junta, por un lado, y algunos ayuntamientos junto con la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), por otro, esgrimieron informes jurídicos que les daban convenientemente la razón. Según el Gobierno andaluz, la desinfección se enmarca dentro de las tareas de limpieza de los colegios, que son competencia municipal al ser suyos estos centros; según los ayuntamientos, esta desinfección tiene carácter extraordinario y obliga a un gasto considerable, por lo que la Junta debe arrimar el hombro.
Lo cierto es que en el Consejo de Gobierno andaluz de este martes no hubo señales en este sentido, por lo que Espadas anunciaba este miércoles que se le va a hacer a la Junta un requerimiento formal para que se encargue de los 1,9 millones de euros que le costará al Consistorio hispalense un plan especial de desinfección hasta diciembre. Y si no hay respuesta, “lo trasladaremos a los tribunales, porque no me parece razonable que este gasto lo asuma en solitario el Ayuntamiento”.
Sevilla haría así de punta punta de lanza, porque el propio Espadas se encargaba también de apuntar en declaraciones a la Cadena SER que este mismo paso lo van a dar todos los municipios gobernados por el PSOE. “Los ayuntamientos socialistas vamos a ir como una piña en esta reclamación”, que acabará como contencioso administrativo si no hay respuesta y si los servicios jurídicos “nos confirman la base para reclamar esas cantidades en los tribunales” a la Administración autonómica. “Lo vamos a hacer”, apostillaba.
Si finalmente se da este paso, se pondría en marcha una maquinaria considerable si se tiene en cuenta que el PSOE gobierna en casi el 60% de los municipios andaluces, alrededor de 460. El coste total de esta factura lo ha calculado la FAMP, que cifra en 215 millones de euros el gasto extra que deben asumir en conjunto las 785 localidades que hay en Andalucía.
El presidente de la FAMP, el también socialista Fernando Rodríguez Villalobos, ya ha anunciado que han vuelto a remitir al Gobierno andaluz el informe que detalla los sobrecostes que genera esta desinfección, unas tareas que a su juicio rebasan las labores ordinarias de limpieza de los centros educativos. La última reclamación en este sentido se le hizo a la Consejería de Educación el 2 de agosto y, “hasta la fecha, sólo hemos recibido el silencio como respuesta”.
La Junta insiste en que esta cuestión es competencia municipal, lo que para Juan Espadas “no tiene ni explicación ni justificación”. Por lo pronto, porque este plan especial de desinfección se pone en marcha por imposición de la propia Administración andaluza y, recuerda, que la Ley de Autonomía Local de Andalucía establece que la Junta tendrá que aportar recursos si se producen “obligaciones nuevas y sobrevenidas”.
Al margen de informes jurídicos, el alcalde hispalense también esgrime un argumento político: el Ejecutivo central transfiere partidas extraordinarias a la Junta de Andalucía en tiempo de pandemia, que se queda con este dinero y “se desentiende” de los municipios. “No alcanzo a comprender este desparpajo con el que solicita fondos al Gobierno de España para educación y sanidad y luego a los ayuntamientos ni nos escucha ni nos da una respuesta”, una postura que considera que “no es razonable”.
Continuando con el ejemplo de Sevilla, en el curso 2020-2021 puso en marcha un programa específico de desinfección de los colegios con 519 contratos y una inversión de 8,2 millones de euros. De esta cantidad, 3,3 millones los aportó la Junta gracias a que el Ayuntamiento hispalense se acogió a un plan general de empleo que destinó a estas tareas, es decir, no era una iniciativa específica para este fin. Y todo ello en un contexto en el que, en Sevilla, la Covid ha dejado una factura de 50 millones en gastos extra y 93 millones en caída de ingresos.
Espadas insistió este miércoles en que los ayuntamientos van a “tener que quitar dinero de otras cosas, por ejemplo, de obras” previstas en colegios, “para ese gasto” extraordinario en desinfecciones que los consistorios “ya asumimos en solitario el año pasado”. “Hay que pedir a la Junta respeto y que sea coherente con lo que pide todos los días al Gobierno de España”, apostillaba.
La portavoz adjunta del PSOE en el Parlamento andaluz, María Márquez, resumía la cuestión con dos argumentos: los 2.357 millones de financiación extraordinaria que ha recibido Andalucía por parte del Ejecutivo central por la pandemia y el hecho de que en 2020 el Gobierno andaluz “presumió de tener superávit”. “No entendemos que ese dinero no se transfiera a los ayuntamientos, que están asumiendo gastos extraordinarios que en la mayoría de los casos no pueden asumir”, apuntaba en la misma dirección de Espadas y Villalobos.
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