El cargo que ostenta Magdalena Álvarez en el Banco Europeo de Inversiones (BEI) como vicepresidenta puede tener las horas contadas. Por el devenir de los acontecimientos del caso de los ERE, por las declaraciones de unos y otros durante el periplo judicial de la exconsejera andaluza, pero, sobre todo, por lo manifestado por el BEI este martes tras confirmarse su imputación por prevaricación y malversación, punto previo a la apertura de juicio oral contra la también exministra si la instrucción siguiera su curso normal.
Por lo dicho ahora por el BEI y, principalmente, por cómo lo ha dicho y cómo se había expresado anteriormente sobre este asunto. En los dos momentos precedentes al de este martes en los que Álvarez ha tomado protagonismo en el caso de los ERE (en noviembre cuando declaró por segunda vez y en marzo cuando se le puso una fianza civil de 29,5 millones), el BEI ha aludido a la “presunción de inocencia” de su vicepresidenta. Incluso su presidente, Werner Hoyer, ha respaldado y ha mostrado en alguna que otra ocasión su confianza en Álvarez en su labor en el BEI, recalcando siempre que la institución estaba atenta al procedimiento judicial abierto en Andalucía. La protagonista ha dicho cuando ha tenido ocasión que iba a “seguir trabajando”, a “defender su inocencia” y a criticar “la injusticia” que se estaba cometiendo con su persona.
Pero el respaldo de sus superiores podría acabar, precisamente, con el respaldo de la Audiencia de Sevilla a la tesis de Alaya en lo que a la exconsejera respecta. En una breve declaración, el BEI afirmaba este martes que “se toma muy en serio las acusaciones en relación con el uso indebido de fondos”. Una contundente afirmación que hacía, incluso, mientras estaba “analizando la información” recibida durante la tarde, por el auto de la Audiencia.
Dice el BEI que no podía “hacer más comentarios en este momento”, pero las palabras y las formas han sido muy diferentes a las trasladadas en anteriores ocasiones. El ministro De Guindos ha ido un paso más allá este miércoles en los pasillos del Congreso, anunciando que el BEI ha abierto un procedimiento para analizar la situación, apelando a la “responsabilidad” de la exconsejera y remarcando la importancia que tiene la institución de la que es vicepresidenta.
El ministro, quien ha destacado que el Gobierno “ha mantenido un planteamiento de absoluta neutralidad” hasta confirmarse la imputación, que el presidente del BEI le ha explicado que la institución ha iniciado “los procedimientos internos desde el punto de vista de la valoración de la situación” de Álvarez, teniendo en cuenta que en el BEI rige un código de conducta que se aplica a todos sus miembros. “El BEI es una institución muy importante para España, que ha proporcionado cerca de 80.000 millones de euros de financiación”, ha comentado Guindos, antes de hacer una “apelación a la responsabilidad de todos” en este asunto.
La posición del Gobierno
Poco después de la primera comparcecia de la exconsejera ante Mercedes Alaya el pasado 8 de octubre, De Guindos fue de los primeros en abordar el futuro de Álvarez en el BEI, cuestionado por las consecuencias de su imputación, que data del julio anterior. Como gobernador del BEI en representación de España, aludió entonces a un “análisis interno de los servicios jurídicos”, indicando ya en aquel momento si se estaba “cumpliendo el código de conducta”, que “se tiene que cumplir por todos sus empleados”.
De Guindos, tras la insinuación, dijo que no quería “adelantar acontecimientos”. Han pasado varios meses desde entonces, varios recursos desestimados, una millonaria fianza y la confirmación de la imputación por parte de la instancia que repasa las decisiones de Alaya. “Vamos a esperar”, decía tras trascender la fianza impuesta a Álvarez a mediados del pasado mes de marzo.
El BEI está en contacto permanente con el Ministerio de Economía y mantiene una “posición común” sobre el caso de Magdalena Álvarez, según han explicado recientemente fuentes europeas citadas por Europa Press. De acuerdo con estas fuentes, las dos partes tenían previsto “actuar conjuntamente” si la justicia confirmaba la imputación de la ex ministra, aplicando el código de conducta del BEI.
“Estamos en contacto estrecho y constante con las autoridades gubernamentales españolas relevantes”, decía Werner Hoyer hace menos de dos meses tras conocer la imposición de la mencionada fianza. En ese momento, representantes de partidos como UPyd, Ciu o IU pidieron la dimisión de Álvarez. De Guindos, en cambio, aseguraba que no el BEI no iba a tomar ninguna decisión sobre la continuidad o no de la exconsejera hasta que se resuelva el recurso que tenía planteado contra su imputación. El recurso acaba de ser desestimado.
Un apunte más. “Una imputación que en absoluto supone una declaración de culpabilidad y, por tanto, mientras no se demuestre lo contrario, todas las personas son inocentes”. Lo dijo el presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, hace mes y medio en Bruselas al ser preguntado por la posibilidad de que Álvarez dimitira de su cargo en el BEI y de que su permanencia en esta entidad pudiera dañar la imagen de España.