Los bomberos de Proem-aid suman al ministro Dastis a su larga lista de apoyos a un mes del juicio
La reunión en la tarde del jueves con el ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, Alfonso Dastis, ha sido hasta el momento el último y más importante apoyo recibido por los tres bomberos andaluces que el próximo 7 de mayo se enfrentan a diez años de cárcel por rescatar a refugiados en el Mediteráneo.
Su encuentro en la sede del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación en Madrid, en el Palacio de Santa Cruz, a un mes de ser acusados en un tribunal griego de tráfico ilegal de personas cuando desempeñaban tareas de rescate en el mar como voluntarios de la asociación les ha servido para sentir el apoyo del Gobierno español en este proceso.
De hecho, han adquirido el compromiso por parte del ministro de tener “toda la ayuda consular que necesitemos”. Según señala a este periódico el vicepresidente de la asociación Proem-aid, Manuel Blanco, eso supone que algún representante de la Embajada española en Grecia estará presente el día del juicio. “Para nosotros y para nuestro abogado griego es importante”, apunta Blanco, que agradece en su nombre y en el de sus compañeros el “gesto” del ministro de recibirles y escuchar sus consideraciones.
Además, Dastis se ha comprometido a hablar con su homólogo griego antes de la celebración de la vista oral, el próximo 7 de mayo. “Salimos bastante más tranquilos”, ha aseverado Blanco a su salida del encuentro. El bombero ha señalado también que el ministro está “absolutamente convencido” de que los tres funcionarios estaban realizando labores de salvamento y rescate, y no un presunto delito de tráfico de personas. De hecho, ha apuntado que el ministro “tiene constancia” de eso por los informes de la Embajada. “Estábamos haciendo labores de rescate y ayuda a personas que intentaban alcanzar las costa de Europa” y “que estaban en grave riesgo”, ha recalcado, insistiendo en que la legislación internacional lo ampara.
Durante las últimas semanas, los voluntarios en Lesbos han encontrado más de una veintena de apoyos de instituciones públicas, organizaciones, entidades y asociaciones locales, autonómicas, nacionales e internacionales que han querido denunciar la “criminalización de la solidaridad”.
Desde el Parlamento de Andalucía hasta el Defensor del Pueblo Andaluz pasando por partidos como IU o PSOE, sindicatos como USO, UGT o CCOO, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, la Iglesia Evangélica Española, el Club de Amigos de la Unesco, el Instituto de Estudios Políticos para América Latina, la Diputación de Sevilla, el Ayuntamiento de Valencia, Ayuntamiento de Sevilla y otros consistorios de la provincia como Camas, Tomares, San Juan, Villamanrique o La Algaba.
