OPOSICIONES
Estos días, miles de personas en Andalucía apuran las horas para memorizar un dato más o perfilar un último detalle de una programación didáctica. A partir del 18 de junio se examinan de una de las oposiciones más concurridas, las de cuerpos docentes de Enseñanza Secundaria, Formación Profesional y Régimen Especial. El esfuerzo de años se resuelve en un mes y dos pruebas: una primera eliminatoria (dividida en dos partes) y la presentación y defensa de una programación y una unidad didáctica (también dos partes). Este año, las oposiciones vienen con una importante novedad: los aspirantes podrán acceder a una copia de su primer examen y pedir la revisión de las calificaciones en cada una de las dos pruebas.
Estas dos modificaciones llegan después de que hace dos años se multiplicaran las quejas de opositores por la opacidad del proceso, que debe respetar los principios de igualdad, mérito y capacidad. Una plataforma interpuso un recurso que ahora tramita un juzgado contencioso-administrativo, y el Defensor del Pueblo Andaluz reprendió a la Junta de Andalucía y le recomendó mejorar la transparencia en las oposiciones de Educación. Hasta ahora, los aspirantes a docente no podían ver su examen ni pedir su revisión. Tampoco conocían los criterios de evaluación.
En 2021, la Junta de Andalucía minimizó las quejas de aspirantes y docentes, e incluso abrió un procedimiento disciplinario contra el miembro de un tribunal por difundir en un grupo privado de Whatsapp una carta crítica con el proceso. “Pido perdón”, se titulaba aquel escrito. Dos años después, la Consejería de Desarrollo Educativo defiende que las novedades introducidas son “actuaciones muy demandadas para avanzar en transparencia”.
Aunque Educación defiende que “las reclamaciones no han sido el factor determinante”, y sí “los procesos de evaluación del procedimiento” por parte de la Dirección General del Profesorado y Gestión de Recursos Humanos, lo cierto es que el cambio de criterio llega tras las quejas de decenas de opositores, las reclamaciones ante la justicia e incluso la presentación de un informe ante la Dirección General por parte del profesor expedientado por ese mismo departamento.
La Junta de Andalucía ha destacado estos días las dos novedades, recogidas en la orden que regula la convocatoria. En primer lugar, los opositores ya sí podrán solicitar copia de su examen y del documento de evaluación, una vez celebrada la primera prueba y sin tener que esperar al final del procedimiento. Podrá hacerse a través de una web que habilitará la Consejería durante 24 horas. Es lo que Educación denomina “plazo de atención al aspirante”, a los que también se atenderá tras la publicación de las calificaciones provisionales, hasta las 19 horas de ese día y durante el siguiente día hábil de 9 a 19 horas.
Además, se recoge por primera vez un plazo de alegaciones a las calificaciones de cada una de las dos partes de cada una de las dos pruebas. Cuando se publiquen las calificaciones provisionales, los opositores tendrán 24 horas para alegar por escrito los “motivos de error material que estimen oportuno”. Revisadas las alegaciones, el tribunal publicará las calificaciones definitivas, entendiéndose desestimadas si la puntuación definitiva no varía.
Este procedimiento de revisión, habitual en casi todos los exámenes de oposición o en los universitarios, no existía en las oposiciones a cuerpos docentes en Andalucía: los aspirantes debían esperar a la publicación de las listas definitivas para recurrir la orden administrativa al completo.
CGT, que ha sido muy crítica con estos procesos, admite la mejora, pero pide que se permita conocer los criterios de calificación y unificadores de cada Tribunal, y que se respeten los derechos de sus miembros a la jornada laboral y el descanso semanal.
La falta de transparencia en las oposiciones de Secundaria provocó un aluvión de críticas en la convocatoria de 2021. Las bases no recogían los “ítems” puntuables. Además, algunos tribunales alegaron que, “por órdenes de arriba” no podían mostrar los exámenes a los candidatos que los solicitaban, según distintos testimonios recogidos entonces por este medio. Las bases tampoco contemplaban un mecanismo de revisión, un derecho básico en cualquier etapa educativa.
Al terminar las oposiciones, un grupo de opositores se organizó para recurrir la convocatoria. Está integrado por unos 140 aspirantes y acaba de interponer un recurso contencioso-administrativo contra la orden que resolvió el procedimiento. “No sabían previamente los criterios de evaluación, ni cómo se les calificó. Tampoco en qué fallaron ni cómo les puntuaron, y durante los exámenes no pudieron reclamar ni recurrir en vía administrativa, porque no estaba previsto. Es una oscuridad total y absoluta, y un desprecio a los opositores”, explica José Auyón, abogado del bufete Martínez-Echeverría, que los representa. La Junta de Andalucía dice desconocer el recurso.
Auyón aclara que el recurso, en caso de estimarse, no afectaría a los aprobados sino a sus clientes. La jueza ya ha advertido a la Junta de Andalucía de que la multará si sigue sin remitirle el expediente completo.
No es la única vía abierta contra la falta de transparencia en las oposiciones. El pasado diciembre, el Defensor del Pueblo Andaluz dio un tirón de orejas a la Consejería de Educación. En una resolución, recomendó a la administración que cumpla con el principio de transparencia y respete el “derecho de los opositores a que sus exámenes sean revisados y corregidos, en su caso, de forma motivada”, dando criterios “claros y precisos” a los tribunales.
No era la primera vez que la Junta de Andalucía era llamada a dar explicaciones por la falta de transparencia en las oposiciones a docente. El Defensor ya le pidió en 2018 y en 2019 que entregara copias de los exámenes y a las plantillas de corrección a los opositores, subrayando que el Tribunal Supremo ha consagrado este derecho. Sin embargo, la Junta de Andalucía le ignoró.
En su respuesta al Defensor por la queja abierta a raíz de las oposiciones de 2021, la administración volvió a alegar que la normativa estatal le impedía hacer otra cosa, ignorando que casi todas las demás Comunidades Autónomas sí prevén la posibilidad de formular reclamaciones contra las calificaciones de los distintos ejercicios. Así se lo recordó el propio Defensor, citando comunidades con población similar, como Cataluña, Madrid o Comunitat Valenciana. “Con estas regulaciones se establecen procedimientos garantistas de los derechos de las personas participantes”, recordaba la resolución.
La administración también se escudaba hasta ahora en el carácter masivo de los procesos y el plazo limitado que tiene para resolver. Sin embargo, otras administraciones con convocatorias igual de masivas, o la propia Junta de Andalucía en oposiciones al SAS, dan acceso al examen y a pedir su revisión. “En ningún caso, [la gran concurrencia de opositores] puede justificar que no se adopten las medidas de garantía de derechos”, replicaba el Defensor, que afeaba el argumento a la Consejería: “Más que utilizarse como causa de justificación (…) para no abordar los aspectos a mejorar que resultan evidentes, tendrían que servir para ordenar adecuadamente el desarrollo de estos procesos”. El Defensor acababa sugiriendo que, si era necesario, se pusieran más recursos para ofrecer el servicio garantizando los derechos de los opositores.
Apenas tres meses después, la Junta de Andalucía ha regulado lo que decía que no se podía regular, y ha aumentado el número de tribunales para corregir miles de pruebas con las debidas garantías. Serán 577, con los que la Junta de Andalucía ha bajado la ratio general de 100 a 85 opositores por tribunal. En algunos, la ratio se ha bajado a 50 o incluso a 35, según las características de las pruebas. También se ha introducido la posibilidad de que quienes superen la primera prueba presenten las programaciones didácticas de forma telemática. La administración subraya que el cambio de soporte informático le ha permitido digitalizar gran parte del proceso (con 416.876 documentos presentados) e introducir las novedades en el proceso de alegaciones.
Más de 42.200 opositores están llamados a partir del 18 de junio a las oposiciones para cubrir 6.543 plazas de los cuerpos docentes de Enseñanza Secundaria, Formación Profesional y Régimen Especial de Andalucía. La mayor parte (6.021) corresponden al cuerpo de Profesores de Secundaria. La Junta de Andalucía va a reponer así el 100% de las bajas producidas por jubilaciones, fallecimientos o traslados a otras comunidades.
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