“Se buscan 50 diputados/senadores libres contra el mayor expolio de bienes por la Iglesia católica”. Así comienza el escrito que este jueves han entregado en el Registro del Congreso los representantes de varios colectivos ciudadanos que luchan para que se presente un recurso de inconstitucionalidad contra los artículos de la Ley Hipotecaria que han amparado las inmatriculaciones de cientos de bienes en todo el país por parte de la Iglesia.
Para presentar dicho recurso de inconstitucionalidad –cuyo texto ya ha sido redactado y ha sido asímismo entregado en el Congreso- es necesaria la firma de al menos 50 diputados o senadores, motivo por el que han solicitado que se dé traslado de su escrito a los distintos grupos con representación parlamentaria y éstos tengan que posicionarse al respecto.
Los colectivos ciudadanos explican en su texto –al que ha tenido acceso eldiario.es/andalucia- que, con los artículos de época franquista vigentes en la actual Ley Hipotecaria que han permitido a la Iglesia inscribir como propios cientos de bienes en el Registro de la Propiedad, “la jerarquía católica ha desarrollado una voracidad registral sin precedentes” en todo el país.
Sobre ello, describen cómo en los últimos años, “además de lugares de culto (…), ha registrado a su nombre viviendas, locales comerciales, almacenes, garajes, cementerios, fincas, solares, prados, viñas, pinares, olivares, frontones y plazas públicas”, destacando entre los inmuebles apropiados “el edificio más emblemático de la ciudad de Córdoba, la Mezquita-Catedral”. Las cifras hablan de miles de bienes en toda España.
La petición basa en ese “privilegio” concedido legalmente a la Iglesia la inconstitucionalidad que piden, por ir en contra de los principios de igualdad y de aconfesionalidad del Estado. De hecho, la reforma que el exministro de Justicia Gallardón dejó preparada eliminaba esos artículos: “La inconstitucionalidad de las normas aludidas es tan obvia que incluso un ministro como Gallardón, de un Gobierno que no es sospechoso de anticlericalismo, ha tenido que tramitar su derogación”. Pero si esa reforma de la ley se aprueba finalmente, “legalizará el expolio realizado por la Iglesia, pues una vez que dicho artículo se derogue se incrementará la dificultad legal para exigir la anulación de las inmatriculaciones de la Iglesia”. Habría que ir, entonces, uno por uno, presentando recursos de inconstitucionalidad por cada bien inmatriculado.
Políticos que antepongan la ética a la obediencia al partido
Por todo ello, y para poder presentar el recurso de inconstitucionalidad contra el global de las inmatriculaciones “antes de que se produzca esta amnistía inmobiliaria”, al menos son 50 los representantes políticos necesarios. “Necesitamos políticos que antepongan la ética a la legalidad en el cumplimiento de las normas; que se liberen de la obediencia ciega al partido y tengan la valentía de defender lo que piensen que es justo, aunque sea contrario a lo que el partido proponga; que antepongan la libertad de pensamiento y acción al servilismo partidario”.
“¿Cómo es posible que nuestros demócratas representantes permanezcan impasibles?” se preguntan los colectivos ciudadanos firmantes. “Se necesitan que al menos 50 diputad@s/senadores que nos representan rompan las cadenas que los atan al partido que pertenecen y actúen como ciudadanos libres en defensa del patrimonio público”.
Los colectivos que han entregado este escrito y el recurso de inconstitucionalidad en el Congreso esperan la actuación de los diputados y senadores. De momento, en ocasiones anteriores, sólo han mostrado su disposición a llevar a cabo esta iniciativa los miembros d Izquierda Plural y el Grupo Mixto, pero es necesario que un mayor número de diputados de otros grupos se movilice para que el recurso prospere.
De no ser así, según explica a eldiario.es/andalucia el portavoz de la plataforma por una Mezquita-Catedral Patrimonio de Todos, Miguel Santiago, “estaremos indefensos como ciudadanos si el Estado no nos protege y tendremos que recurrir a instancias europeas”, anuncia.