El alcalde de Cádiz, José María González, ha dado orden de investigar y esclarecer los graves incidentes protagonizados este pasado viernes por un grupo de, presumiblemente, agentes de la Policía Local gaditana y que derivó en el desalojo del Consistorio, que celebraba su pleno de junio, por la propagación de humo y con dos concejalas atendidas en el centro de salud por intoxicación por inhalación de humo.
Para ello, se van a revisar las grabaciones las cámaras de seguridad instaladas en el Ayuntamiento para identificar a los responsables directos de los hechos y “a los funcionarios que hubieran podido incumplir su obligación de evitar en el ejercicio de sus funciones que esto ocurriera”.
El concejal de Seguridad Ciudadana, Demetrio Quirós, ha afirmado que “se van a depurar todas las responsabilidades hasta las últimas consecuencias”. En esta línea, estarían las posibles responsabilidades penales, ya que “estamos ante un caso de desorden público de gravedad que trajo consigo daños a personas y la suspensión del pleno y la actividad normal del Ayuntamiento”.
Quirós ha insistido en la revisión de las grabaciones, ya que en la protesta se pudo ver cómo algunas personas, de forma “dolosa”, hicieron “todo lo posible porque el humo entrara en las instalaciones municipales, moviendo incluso la ubicación del bote de humo para que este entrara en mayor cantidad en el Consistorio, sin importarle las consecuencias para la ciudadanía que se encontraba allí realizando gestiones, y a la que un policía local debería proteger siempre, ni a sus compañeros y compañeras que trabajan en esas dependencias”.
El primer teniente de alcalde ha adelantado que se estudiarán las responsabilidades administrativas de aquellos funcionarios o funcionarias que, en el ejercicio de su cargo, hubieran podido evitar estos hechos o identificar a los posibles autores y, “en el caso de que se sustanciara un expediente sancionador y este derivara en la comisión de una falta muy grave, esto podría suponer la separación definitiva del servicio de la persona que hubiera cometido la infracción”.
Por último, Quirós recuerda que los agentes de Policía Local, que supuestamente eran los que se encontraban en esta protesta, “tienen la obligación legal de denunciar hecho delictivo que observen y quienes estuvieron presentes y vieran a personas que podrían haber cometido estos delitos tienen la obligación legal de poner los hechos en conocimiento de las autoridades”. Por ello, “esperemos que en las próximas horas estos funcionarios se personen voluntariamente en el expediente abierto”.
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