Botones y galones de uniforme para identificar a soldados republicanos represaliados en el cementerio de San Fernando

El 20 de julio de 1938 fueron ejecutados seis vecinos de Grazalema, un pequeño pueblo en la sierra de Cádiz. Eran Ramón Vega Román, Pedro Rincón Román, Julián Álvarez Calle, Juan Gómez Pérez, Francisco Palacios Tornay y Diego Román Palma.

Fueron apresados, llevados a Cádiz y ejecutados. La documentación del Consejo de Guerra explica con detalle cómo sus cuerpos fueron depositados en una fosa del cementerio de San Fernando. Los “seis de Grazalema” son 28 de las personas identificadas de forma presuntiva en otro nuevo avance para poner nombres y apellidos a los represaliados encontrados en este camposanto. 28 nuevas oportunidades para que sus familiares puedan enterrarlos con dignidad.

El año pasado San Fernando vivió momentos muy especiales en su lucha por la recuperación de su memoria histórica. En 2023 se entregaron a sus familiares los restos de seis represaliados, entre ellos, los del entonces alcalde Cayetano Roldán, asesinado, como algunos de sus hijos, tras el golpe militar del 36. Arqueólogos, historiadores y participantes activos de la Asociación por la Memoria Histórica de San Fernando (Amede) han seguido trabajando para que puedan ser identificados la mayoría de los 147 cuerpos hallados en las excavaciones del cementerio isleño.

“Amede ha dado un paso más allá de lo que han hecho otras asociaciones”, celebra la concejala de Memoria Democrática del Ayuntamiento de San Fernando, Pepa Pacheco. “Otros colectivos han contribuido a exhumar y recuperar los restos, han mediado con la Junta y han contribuido a las identificaciones. Pero aquí se ha ido más allá. Han cruzado datos, han investigado, están haciendo todo lo posible por ponerles nombres y apellidos a todos”, destaca.

Ese paso más allá se dio en 2023 cuando Amede consiguió esas seis identificaciones de Francisco Baptista, Juan Valverde, Manuel Barbacill, Eladio Barbacil, Emilio Ordaz y el exalcalde Cayetano Roldán que terminaron en la entrega de los restos a sus seres queridos y su entierro con honores. Ahora otras 28 familias se enfrentan a ese reto.

Los autores de este estudio son el antropólogo Francisco Javier Pérez Guirao y el arqueólogo Jorge Cepillo, quienes presentaron el pasado jueves los resultados de este estudio en un acto público en el Centro de Congresos de San Fernando. “En un primer nivel de análisis cruzamos datos de edad conocidos de cada una de las víctimas exhumadas a partir de su estudio antropológico”, explica Cepillo. Eso permitió formar ocho grupos de edad antropológica.

El siguiente nivel de análisis fue su posición en la fosa. A más profunda, más antigua la fecha de inhumación. A continuación, se cuadraron nombres de las personas con el listado con los números de las víctimas exhumadas y se analizaron objetos personales como joyas con iniciales, medallas, galones o simbología militar. También se corroboraron relatos orales de familiares y testigos.

Con todos estos datos, Amede ha conseguido lo que llama “identificaciones presuntivas con probabilidad alta”. 28 nuevas. Las han dividido por fosas. En la Fosa 1, se localizaron a 39 represaliados, aunque solo se pudo recuperar a 37. Hasta ahora se identificó el año pasado a Juan Valverde, ratificado después por ADN.

En la fosa 2 se hallaron 33 represaliados y aquí han sido identificados de forma presuntiva cuatro personas. Son Francisco Javier Biondi Onrubia, Virgilio Pérez Pérez, Manuel de Sancha Morales y Antonio García Molés. En la fosa 5 se exhumaron 67 personas. Allí se encontró el año pasado al exalcalde y a otros cinco identificados por ADN el año pasado. Y este nuevo estudio aporta los nombres de Santiago Martínez Prego, Enrique Fernández García, Aquilino Pombo Ríos, Manuel Martínez Moreno, Antonio Oliva Caro, Cristóbal Periñán Cárdenas, Agustín Rodríguez Nieto, Juan Galvón García, y Juan Rodríguez Benítez.

En la fosa 7 se recuperaron dos cuerpos. Uno es el de Alberto García Martínez, cabo fogonero cartaginés, cuya historia pudo recuperarse en 2021 cuando aparecieron junto a él dos anillos, uno con su nombre y otro con el de su mujer Dionisia Ros Martínez. Ese hallazgo permitió determinar que quien le acompañaba en la fosa era Felipe Franco Lavado. A muchos de los militares asesinados tras el 36 por negarse a sumarse a la sublevación los enterraron con sus uniformes y galones. Y eso ha permitido facilitar su identificación al contrastar esas ropas y condecoraciones con los datos históricos que se guardaban de ellos.

En la fosa 8, Amede cree haber reconstruido la historia de “Los seis de Grazalema”, asesinados en el 38 tras haber sido condenados a la pena capital un año antes por Consejo de guerra. “La denominación de la fosa, las edades de las personas y el número coinciden con ellos”, señala Cepillo en su informe.

Solo las pruebas de ADN determinarán si esta identificación presuntiva es correcta o no. Pero el tiempo juega en contra. La Junta solo cuenta con el laboratorio de la Universidad de Granada para hacer estas pruebas genéticas desde lo público. “El proceso es bastante lento y solo se examina el fémur. En laboratorios privados se examinan también los dientes y hemos tenido casos de que Granada ha dado negativo y un laboratorio privado ha permitido la identificación”. Ocurrió el año pasado con seis personas. La rapidez de este laboratorio de Madrid logró el sí en apenas unos días. El objetivo es que vuelva a suceder con la mayoría de estas nuevas 28 personas.

Algunas familias ya saben que sus seres queridos están en esta lista de 28. Ahora queda comprobarlo. Para ello deben solicitar las muestras a Amede, llevarlas a un laboratorio privado, pagar las pruebas, que cuestan unos 300 euros, y esperar. En uno días tendrán la respuesta. Si es que sí, se podrán organizar nuevos entierros para devolverles la dignidad arrebatada. “Deben acudir a la Junta de Andalucía con el informe positivo de ADN para reclamar los restos de su familiar”, detalla el arqueólogo. Lo malo es que no quedan familiares de todos. Pero para algunas familias, sí. Incluso aún quedan algunos hijos, ya muy mayores, con más de 90 años, esperando enterrar a sus padres. “Es una manera de paliar en parte la sensación de pérdida”, defiende la concejala Pepa Pacheco. Esa máxima que es aspirar a la verdad, la justicia y la reparación.