Tres procesados por los contratos firmados por el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz) con la trama “gürtel” han prestado declaración este lunes ante el juez del Tribunal Supremo en el marco de la causa que investiga a la exalcaldesa del PP María José García Pelayo.
Se trata de la que fuera director del Instituto de Promoción y Desarrollo de la Ciudad (IPDC) José Agüera, la empleada de este organismo Lourdes Montenegro y al antiguo secretario del Ayuntamiento Manuel Báez, a quien el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata acordó sentar en el banquillo el pasado 8 de enero.
El abogado de Montenegro, Carlos Sancho, manifestó a los periodistas al término de la declaración que su defendida ha explicado que no tuvo nunca relación con la alcaldesa para la firma de los contratos investigados ni para ningún otro, y que su actuación en el Instituto de Promoción ha sido siempre la de “una mandada”.
Ni Báez ni Agüera quisieron valorar ante los medios de comunicación el contenido de sus declaraciones ante el juez del Moral, que se produjeron en presencia de un representante de la Fiscalía. No existen en esta causa acusaciones populares, puesto que ni el PSOE de Boadilla del Campo (Madrid) ni la asociación de abogados ADADE han depositado las fianzas que el Supremo les exigió para ser parte en este procedimiento.
La Fiscalía Anticorrupción pide para ellos siete años de prisión por los delitos de prevaricación, falsedad cometida por funcionario público, fraude a las administraciones públicas a la hora de firmarse los contratos investigados, realizados para Fitur 2004 y que fueron cerrados por el consistorio con empresas de la trama “Gürtel” por importe de 355.000 euros.
TESTIGOS
Además de estas personas, han comparecido dos testigos, trabajadoras en el Ayuntamiento de Jerez, Silvia Orellana y Elena Cañero Cuadrado. Ambos han rechazado al término de sus declaraciones que tuvieran intervención en los contratos investigados durante una breve comparecencia tras la cual no han querido dar más explicaciones a la prensa.
El pasado día 13 ya prestaron declaración en esta causa Bernardo Villar de la Luz, que fue teniente de alcalde y delegado de Promoción Ciudadana de Jerez, y los trabajadores del Gabinete Técnico de la Presidencia de la Alcaldía María Antonia Prado Peinado y José Antonio Repeto González.
Durante su declaración como investigada el pasado 22 de febrero ante el Tribunal Supremo, García Pelayo negó que ella firmara los contratos realizados para Fitur 2004 que fueron cerrados por el consistorio con empresas de la trama “gürtel” por importe de 355.000 euros. Se limitó a señalar a las puertas del Supremo que como “todos saben” los alcaldes no firman los expedientes.
García Pelayo, que fue imputada en la causa cuando era senadora, está siendo investigada por un presunto delito continuado de prevaricación administrativa y otro de falsedad en documento público.
El alto tribunal abrió causa contra García Pelayo dada su condición de aforada en relación con determinados contratos administrativos realizados para Fitur 2004 cerrados por el consistorio a empresas de la trama Gürtel como Special Events y Down Town.
INVESTIGACIÓN EN LA AUDIENCIA NACIONAL
La Sala de lo Penal del alto tribunal advirtió de “la trascendencia de los indicios” recogidos por el instructor del juzgado número 5 de la Audiencia Nacional, José de la Mata, en la exposición razonada remitida. La Fiscalía también informó a favor de la apertura de las investigaciones.
El juez instructor de la Audiencia Nacional atribuyó a la exalcaldesa jerezana la “consciente adopción” de resoluciones sobre la participación del Ayuntamiento de Jerez en Fitur 2004 como la aprobación de pliegos de condiciones de concursos para adjudicar contratos sin tener competencia para ello.
“Sería la propia imputada --señalaba el auto de la Audiencia Nacional en referencia a la exedil--, la que habría ordenado la confección de los expedientes después de la ejecución de los servicios por las adjudicatarias, a la que hizo el encargo sin condición alguna”. Después presuntamente dictó las nuevas resoluciones necesarias para que se llevaran a cabo los pagos.