Gibraltar: una nochevieja de tres años

El 31 de diciembre se cumple el tercer aniversario del llamado Acuerdo de Nochevieja, que trazó la hoja de ruta para buscar un encaje a Gibraltar dentro del espacio Schengen, una vez consumado el Brexit. Tres años después de un sinfín de reuniones técnicas, rondas negociadoras y declaraciones benevolentes, lo único que se sabe es que el acuerdo final entre las partes roza ya el 99 por ciento, pero siguen existiendo flecos que impiden cerrarlo.

“Evidentemente para bailar un tango se necesitan dos, y para eso se necesita también al Reino Unido, pero espero que lleguemos a un acuerdo”, manifestaba José Manuel Albares, ministro español de Asuntos Exteriores en vísperas de Nochebuena y tras las últimas tomas de contacto en Madrid entre la delegación británica –con Gibraltar a bordo—y la comunitaria –con España como buque enseña--.

Albares no quiere ponerle fecha a la finalización de las negociaciones, pero en realidad la hay: las elecciones británicas de la próxima primavera y las europeas de junio marcan presumiblemente el horizonte final de este periodo. “No pondré una hora en el reloj que juegue en contra de Gibraltar”, advierte Fabián Picardo, ministro principal de Gibraltar.

Desde las filas del Foro Transfronterizo que reúne a sindicatos y a empresarios de un lado y otro de la Verja, Manuel Triano, secretario general de CCOO en el Campo de Gibraltar: “Lo peor es la incertidumbre –afirma--. Comprendemos que las negociaciones deben ser discretas pero no sabemos qué está ocurriendo. Se nos dice que todo está prácticamente acordado, pero no está acordado del todo. Compartimos la preocupación de los miles de personas trabajadoras por la falta de un acuerdo que dé certidumbre a los trabajadores transfronterizos”.

“Seguiremos demandando un acuerdo que convierta en tratado internacional el acuerdo político de Nochevieja, clave para el desarrollo socioeconómico de las ciudadanías del Campo de Gibraltar y de Gibraltar”, señala Triano.

15.000 trabajadores transfronterizos

Alrededor de 15.000 trabajadores transfronterizos –en su mayoría españoles-- cruzan a diario la Verja y, desde el pasado verano, han vuelto a encontrarse con una de sus peores amenazas, las largas colas, a veces de vehículos, a veces de peatones o, a veces, indistintamente de una o de otra índole. Como la que volvió a vivirse durante la tarde de este viernes: “Colas exageradas de peatones de hasta hora y media para salir de Gibraltar”, señala Juan José Uceda, portavoz de la Asociación de Trabajadores Españoles en Gibraltar (Ascteg)-

“Afectan a los trabajadores y a otros usuarios europeos de nuestra frontera. Estamos indignados. Además, coinciden con las fiestas de Navidad. Son muchas veces las que se producen estas retenciones, irregularmente, por nuestra incapacidad para resolver un problema que según Europa deberíamos haber resuelto hace tiempo; y cuando afecta a trabajadores y ciudadanos peatones es mucho más doloroso”.

Las colas de peatones, ese día, se prolongaron hasta las seis de la tarde y, a partir de ahí, comenzaron las de vehículos. Un ritual que ha venido repitiéndose periódicamente a lo largo de 2023 y que vulnera a menudo el acuerdo de transición que permitía a los residentes en el Peñón que disponen de una credencial roja atravesar la frontera sin que se les aplicara el rigor del protocolo Schengen. Se dice que es una forma de presión de las autoridades españolas para acelerar la negociación. O simple exceso de celo por parte de la policía que contraviene incluso las indicaciones de los responsables políticos.

Relevos diplomáticos

Por su parte, la Royal Navy ha intensificado su presencia en las llamadas “aguas de soberanía”, una franja jurisdiccional que España no reconoce aunque hasta el propio Francisco Franco lo aceptó en su día, en virtud de la Convención del Derecho del Mar, hasta que giró hacia la teoría del “puerto seco”, esto es, al no existir una cesión expresa en el Tratado de Utrecht, no se reconoce al Reino Unido titularidad alguna sobre dicho frente marítimo en el que han abundado roces con pescadores españoles e incluso con unidades de la Armada de nuestro país, Guardia Civil o Servicio de Vigilancia Aduanera.

En estos tres años, entre el Palacio de Santa Cruz y el Palacio de Viana han pasado dos jefes de la diplomacia española: Arancha González Laya, que fue depuesta meses más tarde en plena crisis con Marruecos, y su actual titular, José Manuel Albares, quien en vísperas de la decimocuarta ronda de negociaciones celebrada en Londres decidió remodelar la cúpula de su ministerio. Así, en el camino, también han caído cuadros intermedios, como Javier Benosa, al frente de la Oficina de Asuntos de Gibraltar, sustituido a los pocos meses de estrenar su cargo por Jorge Notivoli, tras haber escrito un artículo llamando a la insumisión diplomática frente a la ley de Amnistía. Por no hablar del secretario de Estado para la UE, Pascual Navarro sustituido por Fernando Sampedro, o del delegado especial de Exteriores en el Campo de Gibraltar, Juan José Sanz, que ha pasado a ocupar la embajada de Serbia.  

Sin embargo, el Reino Unido gana por goleada: cuatro titulares del Foreign Office, desde que se firmara el acuerdo de Nochevieja, Dominic Raab, Lizz Truss, James Cleverly y el actual David Cameron, quien fuera primer ministro cuando se convocó el arriesgado referéndum que les sacó de Europa.

El control Schengen y el aeropuerto

Aunque todos los implicados en las conversaciones guardan discreción respecto al curso de las mismas, se sabe que dos de los principales puntos de fricción estribaron en el documento que, en julio de 2021, aún con la pandemia a cuestas, puso encima de la mesa la Unión Europea y que no gustó en absoluto a la contraparte británica. E igual ocurre con la propuesta que planteó Albares un año más tarde.

Las principales discrepancias estribaron en su día en quién debía ejercer el control Schengen en Gibraltar, porque los yanitos no deseaban “botas españolas” en el aeropuerto o en el puerto como futuras fronteras comunitarias. Finalmente, todos los indicios apuntan a una solución consensuada para los cuatro primeros años de vigencia del Tratado: los controles los ejercerá el Frontex pero a través de España como país limítrofe con el territorio gibraltareño.

Otro obstáculo: el futuro uso del aeropuerto, construido sobre el istmo que, según las tesis de la diplomacia española, tampoco fue cedido en Utrecht y, de ahí, que se reclame su titularidad conjunta, un supuesto que Londres no parece dispuesto a aceptar. En Gibraltar, se habla de “uso ampliado”, una fórmula alternativa que quizá pudiera articularse a través de sociedades mixtas que regularicen los vuelos comerciales entre el Peñón y diversas capitales europeas. Claro que quedaría por salvar la utilización militar del aeródromo que para Gran Bretaña es intocable.

Este mes, en el parlamento gibraltareño, la oposición preguntó a Fabian Picardo, ministro principal de Gibraltar, si el Gobierno estaba dispuesto a aceptar un mayor uso del aeropuerto por parte de las autoridades europeas. Picardo recordó que la posibilidad de un acuerdo sobre el aeropuerto estaba contenida en la cláusula 17 del Marco de Nochevieja 2020, y que el marco del pacto también quedaba abierto a otros temas de interés mutuo. Picardo se limitó a comentar que los equipos negociadores de la UE y del Reino Unido estudian una fórmula para establecer vuelos con el Peñón desde el bloque comunitario.

¿Un plan B?

La tercera asignatura pendiente concierne al régimen fiscal que debiera regir en la frontera Schengen, pero en este aspecto el mutismo es absoluto. Se desconoce, a ciencia cierta, en qué difieren las partes, pero puede adivinarse: la supervivencia del centro financiero del Peñón depende de una legislación flexible y de una aplicación controvertida de la misma que ha llevado al Peñón a la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), de la OCDE de la que, tras algunas reformas y verificaciones, está a punto de salir si se cumplen los últimos pronósticos. Quedará pendiente que España le excluya de los paraísos fiscales, en base a un acuerdo adoptado años atrás pero que no se ha llegado a cumplir.

Así las cosas, el optimismo moderado es la consigna, pero el escepticismo empieza a tomar cuerpo: “El Gobierno sigue plenamente comprometido con la consecución de un tratado con garantías para Gibraltar, en consonancia con el Acuerdo de Nochevieja, que evite que ninguna de las partes tenga que hacer cesiones en cuestiones fundamentales”, comunicó Gibraltar tras la decimocuarta ronda de negociaciones celebrada en Londres semanas atrás.

Sin embargo, en previsión de que el futuro Tratado termine naufragando, el ejecutivo de Fabian Picardo, de la mano de su segundo de abordo, Joseph García, viceministro principal, se lleva estudiando un plan B, para buscar alternativas que alivien los problemas que depararía un Gibrexit duro.

El campo de Gibraltar

Juan Franco, alcalde linense al frente del partido localista La Linea 100x100, ha perdido en gran medida el optimismo: “Ojalá me equivoque –asegura--. No soy ministro, ni embajador, no soy presidente de la Mancomunidad del Campo de Gibraltar siquiera, no estoy en las negociaciones”.

Desde el municipio español limítrofe con Gibraltar y dependiente en cierta medida del flujo económico que llega desde la Roca, Franco malicia que “debido a una serie de aspectos va a ser difícil el acuerdo en el caso de que las posiciones sean las que son».

En el resto del Campo de Gibraltar, el clima es de incertidumbre absoluta. Nadie sabe nada. Juan Carlos Ruiz Boix, alcalde de San Roque, secretario provincial del PSOE en Cádiz y presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores en el Congreso, es de la opinión contraria a Franco. A su juicio, el acuerdo “está más cerca que lejos de producirse”.

“La Zona de Prosperidad Compartida es un deseo compartido por más de 300.000 personas que habitan en el territorio, por los 15.000 trabajadores que atraviesan la Verja cada día y esperamos que igual que nos sorprendieron con aquellos Acuerdos de Nochevieja, nos lleguen buenas noticias en 2024”. A su juicio, simplemente “toca ultimar a los técnicos la redacción”, pero se ha mostrado “convencido de que la cuestión se resolverá antes de las elecciones europeas”, que se celebran el próximo mes de junio. Ya las elecciones españolas y gibraltareñas marcaron un impasse en la negociación y resulta impredecible qué ocurriría tras las elecciones británicas o las que renueven la Comisión Europea.

Si el alcalde sanroqueño, del PSOE, preside la comisión de Exteriores del Congreso, José Ignacio Landaluce, alcalde de Algeciras, del PP, ostenta la presidencia de la misma comisión, pero en el Senado. Representa la línea más crítica respecto a cualquier concesión hacia los postulados gibraltareños, aunque espera que en dicho acuerdo “se sienten las bases para que en la tan deseada zona de prosperidad compartida que venimos persiguiendo desde hace años no existan privilegios para una de las partes. Las relaciones de buena vecindad con la colonia británica deben sustentarse en la igualdad, y no en el desequilibrio de la balanza”.

En ese contexto, apela a que el documento en el que se plasme el acuerdo entre las partes “debe recoger todas y cada una de las reivindicaciones que España ha venido defendiendo desde hace décadas. Los intereses nacionales no pueden quedar minimizados, cuando lo fundamental es defender los derechos de nuestra Nación, con especial observancia de la situación de los más diez mil trabajadores transfronterizos que a diario cruzan la verja para ganarse el sustento en el peñón, y que en los últimos días se han tenido que enfrentar a largas esperas en la frontera para poder regresar a casa”.