A un año del Acuerdo de Nochevieja, firmado el 31 de diciembre de 2020 y en el que se fijaron las líneas maestras de la futura relación del Peñón con España y con el resto de la Unión Europea, la demora en la firma del Tratado ha motivado un nuevo tiempo muerto en las medidas transitorias que se adoptaron entonces.
Con 2021 finalizó el período de transición previsto en el Acuerdo de Retirada entre la UE y el Reino Unido: “Esto puso fin a la posición mantenida hasta el 1 de enero de 2021, según la cual Gibraltar, sus ciudadanos y sus empresas han disfrutado de los derechos de la Unión Europea. El final del periodo de transición trajo consigo cambios importantes”, recuerda ahora el Gobierno gibraltareño, que acaba de emitir una nueva nota técnica para explicar la situación a la que, a partir de ahora, se enfrenta la comunidad gibraltareña.
En esta comunicación, las autoridades del Peñón pretenden informar al público de la decisión tomada por el Consejo de Ministros español de extender, más allá del 31 de diciembre de 2021, ciertas provisiones incluidas en el Real Decreto Ley 38/2020 de 29 diciembre de 2020: “La ciudadanía recordará que esta fue la medida mediante la cual el Gobierno español introdujo arreglos temporales dirigidos a gestionar diversas cuestiones que surgían tras la retirada del Reino Unido y Gibraltar de la Unión Europea mientras se negociaba un acuerdo sobre la relación futura de Gibraltar con la UE”.
Ante la falta de acuerdo, cuyas negociaciones presumiblemente se retomarán tras las vacaciones navideñas, a fin de resolverlo antes de finales de marzo, han quedado prorrogadas las medidas correspondientes a Sanidad y a los permisos de conducción: “Las personas que tengan derecho de acceder a la sanidad pública en Gibraltar podrán continuar accediendo a la sanidad pública en España hasta el 30 de junio de 2022, en condiciones equivalentes a aquellas que existían según la normativa comunitaria anterior al 31 de diciembre de 2020”, informa el Gobierno de Fabián Picardo.
“Por lo tanto, este acuerdo permitirá que aquellas personas con derecho a la atención sanitaria proporcionada por la Autoridad Sanitaria de Gibraltar (Gibraltar Health Authority, GHA) puedan seguir teniendo acceso al cuidado médico necesario proporcionado por la sanidad pública en España durante su estancia temporal en este país. También permitirá que las personas residentes en España pero cubiertas por la legislación de seguridad social de Gibraltar (incluyendo trabajadores transfronterizos) puedan continuar teniendo acceso a la sanidad pública en España”.
Se trata de una prórroga similar a las que se adoptaron por dos veces a lo largo de 2021, ante los retrasos sufridos por las negociaciones del Tratado. Y, como en esos casos, la administración gibraltareña ofrece un trato de reciprocidad: “El Gobierno de Gibraltar proporcionará un trato recíproco, en Gibraltar, a los visitantes al Peñón o personas residentes en Gibraltar, según las mismas condiciones”.
En cuanto a los permisos de conducción, la situación es similar. Mientras que otros británicos que conduzcan, a partir de 2022, por territorio español y comunitario sin la homologación de los permisos, pueden sufrir multas de hasta 6.000 euros, se establece una exclusión de los gibraltareños: “El periodo durante el cual España continuaría reconociendo los permisos de conducción gibraltareños utilizados por residentes legales en España ha sido extendido de nuevo, hasta el 28 de febrero de 2022. Para evitar dudas, los ciudadanos deberían tomar nota de que esta información solo es relevante para titulares de permisos de conducción gibraltareños con residencia legal en España”.
“Con respecto al reconocimiento de permisos de conducción gibraltareños para personas que visiten España, la posición sigue siendo la establecida en la Nota Técnica del Gobierno emitida el 15 de junio de 2021 –aclaran desde el Peñón-. Los titulares de permisos de conducción gibraltareños que no residan legalmente en España no necesitarán un permiso internacional de conducción cuando conduzcan en España”. El Gobierno de Gibraltar, también en este ámbito, continuará proporcionando un trato recíproco, en Gibraltar, a visitantes al Peñón o personas residentes en Gibraltar, en las mismas condiciones.
La única diferencia sobre anteriores prórrogas guarda relación con la matriculación de estudiantes de un lado y otro de la Verja en instituciones docentes y universitarias de ambas vertientes del viejo contencioso. Sin duda, ello obedece a que el nuevo periodo de prórroga no incluye el de las campañas de matriculaciones escolares en ninguno de sus niveles.
El día de Año Viejo también vencía otro plazo: el del compromiso del Gobierno de Gibraltar para abonar el impago de los sueldos que reclamaba un segmento de los trabajadores transfronterizos adscritos a servicios de agencias oficiales vinculadas al sector de las dependencias, residencias de la Tercera Edad y la Autoridad Sanitaria del Peñón. El Gobierno gibraltareño, al menos, ha reconocido por escrito esta situación, mediante una carta recibida días atrás en la sede del sindicato Unite, en la que se informaba que los beneficiarios de la paridad salarial que reclamaban los trabajadores van a recibir continuos pagos adeudados, al tiempo que se ha suscrito un convenio por el que finalizarán de facto los contratos a 0 horas, que impedía que muchos de los transfronterizos no pudieran percibir el desempleo o su cuantía fuera ínfima.
“Un elemento clave de ese acuerdo es que cualquier trabajador de agencia que participe en el sector público recibirá la paridad con los colegas empleados directamente desde el primer día de contratación, no después de doce semanas según el Reglamento para trabajadores de agencia. Por lo tanto, para aquellos que todavía tienen contratos de agencia, habrá dos pagos, para aquellos que cesaron su compromiso el 30 de septiembre de 2021 o antes, recibirán un pago”, les ha informado el sindicato mayoritario del Peñón.
Ahora, la fecha establecida para la finalización del proceso es la del 31 de enero, con lo que se obtendría respuesta a algunas de las principales reivindicaciones recogidas en una carta dirigida nueve meses atrás a Yolanda Díaz Pérez, Ministra de Trabajo y Economía Social del Gobierno español, sobre la que no obtuvieron respuesta pero que parece haber surtido efecto en las negociaciones que se mantienen sobre distintos aspectos de las relaciones futuras entre el Peñón y su entorno.
La Plataforma de Trabajadores Transfronterizos, que escribió meses atrás dicha carta denunciando la situación discriminatoria que sufre el colectivo de trabajadores transfronterizos, no residentes en Gibraltar, se muestra esperanzada en una serie de medidas legales que ha establecido en Gobierno del Peñón en esta materia.
Así, según han podido constatar, desde el ejecutivo de Fabián Picardo, ya se ha legislado para subsanar algunas de las deficiencias que denunciaban en el citado escrito, publicado por este periódico, días atrás. En ese sentido, el tiempo de los contratos de trabajo en Gibraltar contará a la hora de cotizar la pensión que perciban, en su día, en España.
De la misma forma, la actitud del Gobierno y del sindicato Unite the Union, mayoritario en el Peñón, ha experimentado una transformación en positivo, a partir de los últimos contactos mantenidos por dicho colectivo, que venía barajando la posibilidad de crear un sindicato propio: “No se van a solucionar los problemas de cientos de años en uno solo. Lo cierto es que apreciamos unas ganas de colaborar y de llegar a acuerdos que no había antes”, afirmaron algunos de sus portavoces a este diario.
Así, han obtenido evidencias de que resultan irregulares algunas prácticas empresariales que vendrían “cobrando a algunos trabajadores una comisión para cobrar por regulo”, que no son achacables a la legislación laboral de la Roca. A este propósito, se les ha dado a conocer determinados aspectos legales por los que “nadie puede detraer dinero del salario, salvo que dicho procedimiento se lleve a efecto bajo regulación judicial”.
“Los trabajadores no tenemos manera de acceder a las leyes y contratar a un abogado resulta muy caro en el Peñón”, afirma Sánchez.
Así, la fórmula de contratos a 0 horas, que en Gran Bretaña ya son ilegales, se mantuvieron en Gibraltar por el parón legislativo que motivó la pandemia en 2020, pero ya se han articulado las modificaciones legales para prohibirlos en breve plazo, antes del 31 de enero, lo que supondrá, en la práctica, la paridad de salarios.
La secuencia de aplicación de estas modificaciones legislativas varía según el tamaño de la empresa. Así, algunas ya se aplican desde el último 1 de agosto y el resto tendrá que aplicarlas en un plazo que va desde las grandes empresas, antes del 1 de julio de 2022; las medianas empresas, a más tardar el 1 de julio de 2025; y las pequeñas, el 1 de julio de 2026. Los microempresarios, lo que en España equivaldría a los autónomos, podría demorar su puesta en práctica hasta el 1 de julio de 2027.
Más allá de las responsabilidades legislativas, el Gobierno de Gibraltar tiene otro reto ante sí: el de incentivar las inspecciones para que, al margen del sector público, determinadas empresas privadas que operan en el Peñón cumplan los convenios establecidos, lo que a veces no ocurre.
Ayúdanos a seguir haciendo periodismo desde el territorio. En el periodismo local es especialmente crucial depender de los lectores.
Por eso ahora, los socios y socias de elDiario.es también pueden añadir a su cuota una cantidad extra destinada íntegramente a nuestra redacción de Andalucía. Si quieres apoyar nuestra labor, hazte socio/socia y haz una aportación extra para nuestra cabecera.