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El Gobierno andaluz indigna a familias de Cádiz cerrando aulas para luego meter a niños de 3 y 8 años en la misma clase

Isabel Paredes, delegada de Educación de la Junta en Cádiz

Francisco J. Jiménez

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El Gobierno andaluz ha suprimido unidades educativas en media docena de colegios públicos de Cádiz para, acto seguido, reunificar a los alumnos de distintos niveles de esas escuelas dentro de la misma aula. La delegación territorial de la Consejería de Educación en Cádiz justifica la medida por el desplome de la natalidad y las matrículas para el próximo curso.

La Junta amortiza las aulas que pierden alumnado, prescinde de los maestros interinos de esos centros o los reubica en otros colegios, y agrupa a los alumnos de Infantil y Primaria juntos. Esta fórmula está amparada por la legislación educativa estatal y no es nueva, se usa a menudo en pueblos pequeños y zonas despobladas donde el número de alumnos de distintas edades está muy por debajo de la ratio escolar (25 niños por aula en Infantil y Primaria; 30 en Secundaria).

Es menos habitual, sin embargo, que se use en una capital de provincia, como es el caso de Cádiz, que ha indignado a las familias de los niños afectados, no sólo por la supresión de líneas en sus colegios, sino porque “esta medida sólo se ha usado en los públicos, no en los católicos concertados”, dicen.

La eliminación de líneas educativas en centros escolares públicos de Cádiz ha provocado la reacción de muchos padres que están en contra de las medidas tomadas por la delegada territorial de Educación, Isabel Paredes. La Federación Local de Asociaciones de Padres y Madres de Cádiz (FLAMPA Gades) ha denunciado “situaciones dantescas, como la unificación en una misma unidad de alumnos y alumnas de 3 años con alumnos y alumnas de 8 años, situación inapropiada en una capital de provincia como es la ciudad de Cádiz”.

En el próximo curso, tanto el CEIP Tierno Galván como el Carlos III dispondrán de una línea menos en Educación Infantil, y en el Adolfo de Castro se eliminan todas las líneas educativas del segundo ciclo de Infantil, que empieza a los tres años, hasta el tercer curso de Primaria, y se unifica a todo el alumnado de 3 a 8 años en un aula mixta. Esto ha provocado la protesta de padres de alumnos y colectivos de la ciudad, que se ha concentrado a lo largo de la última semana en las puertas de la Delegación de Educación.

“No están actuando como gestores de lo público ya que están realizando políticas que atentan directamente contra los centros de educación pública de nuestra ciudad. Denunciamos la pérdida de calidad educativa que están provocando sus políticas de recortes en la educación pública con la eliminación de líneas y unidades sólo en los centros públicos”, lamentan desde la FLAMPA.

Para la Federación Local de Asociaciones de Padres y Madres de Cádiz “no se cumple el principio de equidad en la educación, cuando de forma sistemática, curso a curso, vemos que en centros concertados se autorizan 3 unidades por líneas (75 alumnos/as) en 3 años y hasta una cuarta línea adicional en 1º de Primaria (100 alumnos/as) en un centro concertado cuando el resto de los centros públicos solo tienen autorizadas una o dos líneas como máximo”. “Para nosotros esto es una anomalía que claramente beneficia a los centros concertados privados en detrimento de la escuela pública”, denuncian.

La Consejería y la guerra “ficticia” de lo público y lo concertado

La respuesta de la Consejería ha sido la de puntualizar algunas situaciones y hablar del problema que supone la escasa natalidad de la ciudad en los últimos años. “Es una realidad el descenso acusado de la natalidad y su efecto en que haya quedado un porcentaje muy alto de plazas vacías”. Pero puntualiza que “los recursos nunca se pierden, sino que la Consejería los redistribuye para atender las necesidades en todos los niveles educativos, especialmente en los que hay un crecimiento de la demanda, así como el refuerzo estratégico en la Educación Especial o la Formación Profesional”.

Un aspecto en el que hace hincapié la Consejería es en matizar la convivencia entre lo público y lo concertado: “Andalucía dispone de dos redes sostenidas con fondos públicos, pública y concertada, existentes desde 1985 bajo el amparo de la Ley Orgánica de Educación, complementarias y a disposición de las familias. Esta Consejería considera absolutamente estéril tratar de establecer, por ficticia, una guerra entre ambas redes, que en nada beneficia al objetivo común de mejorar la formación y el servicio educativo, esté donde esté la plaza pública que elijan las familias andaluzas para sus hijos e hijas”.

En este sentido, ha negado que vaya a beneficiar al centro concertado María Auxiliadora de Cádiz con dos líneas de tres años teniendo menos solicitudes que el CEIP Tierno Galván. Además, remarca que todas las ratios se ajustan a lo establecido en la normativa vigente.

“Ya ha habido fugas de alumnos”

La delegada del gobierno de la administración andaluza en Cádiz, Mercedes Colombo, ha reconocido esta semana que la línea mixta de 3 a 8 años en el Colegio Adolfo de Castro es una opción que está contemplada por la legislación educativa. Ya hace tiempo que este centro cuenta con aulas mixtas, bien de primaria o de infantil, pero no mezcladas. “Ya ha habido fuga de alumnos porque las familias no quieren eso. Tenemos una situación muy complicada porque hay familias a las que les gusta el centro, pero con medidas como ésta se lo ponen muy complicado. Esto no ayudará a los niños de primaria ni a los de infantil”, señalan desde el centro a este periódico.

Son varias las personas relacionadas con diferentes colegios de la ciudad que, tras ser consultadas, coinciden en que la Delegada, Isabel Paredes, no muestra empatía con los padres en las reuniones que mantienen y que uso un tono poco cercano. “Es muy fuerte que desde su llegada la Delegada haya dicho que no podemos hacer comunicados a la prensa si la Comunicación de la Delegación no da su permiso. Quieren el control”, señala otra fuente. La sensación que queda para educadores y padres gaditanos es que la Junta de Andalucía está llevando a cabo un proceso de privatización que afecta incluso a comedores, servicios de limpieza y monitores de educación especial.

Alumnado con necesidades específicas

También ha causado revuelo en Cádiz que la Junta haya decidido recortar una de las dos líneas de tres años para el próximo curso en el CEIP Tierno Galván. Educación toma esta medida tras constatar que de las 50 plazas disponibles solo se han recibido 23 para el próximo curso, pero los padres remarcan que cuatro de las 23 solicitudes responden a alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE).

“La Junta no apuesta por la educación pública. Los padres quieren lo mejor para sus hijos y piensan que la pública no está bien porque los edificios no se renuevan, porque no hay aire acondicionado o ventanas adaptadas, pero el profesorado ha pasado unas oposiciones importantes. Al final se crean guetos. Yo le pido a la delegada que escuche a los padres, que nos trate como nos merecemos, porque somos la base de la educación”, pide uno de los padres.

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