DINERO PÚBLICO

La Junta de Andalucía no formalizó los contratos que adjudicó a la empresa sin empleados ni justificó su solvencia

La Consejería de Fomento no suscribió ningún contrato que formalizase las adjudicaciones para reparar carreteras concedidas a dedo a Obras Civiles y Edificación Barveal, S.L. (administrada por Bárbara Veas) y a Juan Veas, S.L., administrada por su padre. Tampoco hizo constar por escrito que los adjudicatarios reunieran la capacidad, solvencia económica y técnica que garantizara la adecuada ejecución del encargo. Barveal no tenía apenas empleados ni volumen negocio alguno en ese momento, a pesar de lo cual recibió su primer encargo por 1,1 millones de euros.

El 29 de noviembre de 2021 (según el portal de Transparencia), la Junta de Andalucía adjudicó a Barveal el arreglo de emergencia de la carretera A-390 que une Medina Sidonia con Chiclana de la Frontera por 1.185.845,23 euros. También adjudicó a Juan Veas, S.L. la solución de los desperfectos de la A-2200 a su paso por Arcos de la Frontera, por valor de 1.307.189 euros. En marzo de 2023 ha asignado un segundo contrato de 2,9 millones de euros a Barveal, que ya sí puede esgrimir experiencia en el arreglo de carreteras y en la contratación pública.

Tras la adjudicación de los contratos, la Consejería de Fomento obvió suscribir un documento con los contratistas que refrendase las adjudicaciones. Este medio los ha pedido insistentemente en los últimos días, pero la administración autonómica se remite a los documentos justificativos de lo que costaban las obras, asegurando que hacen las veces de contrato en las adjudicaciones de emergencia.

Requisito “en todo caso”

Aunque es posible la contratación verbal en casos de emergencia, la formalización por escrito es un requisito establecido “en todo caso” en la norma que el primer Gobierno de Juan Manuel Moreno aprobó para regular este tipo de contratación excepcional. “Si bien es cierto que el artículo 37 de la LCSP [Ley de Contratos del Sector Público] contempla la posibilidad de que la contratación de emergencia tenga carácter verbal, ello no excluirá que en todo caso y a efectos de publicidad, se formalice por escrito el contrato”, dispone la Instrucción 1/2021, aprobada por la Dirección General de Contratación.

Ese párrafo señala luego que deben hacerse constar al menos el objeto, la justificación del procedimiento de emergencia, el precio y la identidad del adjudicatario, y publicarse el contrato en el perfil del contratante en un plazo de quince días.

El contrato es relevante también porque es allí donde debe acreditarse que el adjudicatario reúne los requisitos mínimos para asumir la obra. “En el documento de formalización, el órgano de contratación hará constar que el adjudicatario reúne capacidad, solvencia económica y técnica que garantice la adecuada ejecución del encargo, así como que no está incurso en causa de prohibición para contratar”.

Es decir, aunque se trate de una adjudicación de emergencia, la norma obliga a firmar un documento entre la administración y el adjudicatario (lo que aquí no se hizo) en el que se recoja, entre otros extremos, la capacidad y solvencia del adjudicatario, que aquí no se constató.

De hecho, Barveal no había contratado nunca con la administración, ni constaba en el Registro de Licitadores, no tenía trabajadores, carecía de volumen de negocio y había perdido 8000 euros en su primer año de actividad. El portal de transparencia recoge que el mismo día adjudicó otra a Juan Veas, S.L., la empresa del padre de la administradora única de Barveal. La Junta de Andalucía asegura que esta coincidencia temporal se debe a un retraso al subir las adjudicaciones al portal. Según la administración, en realidad el de Barveal se adjudicó el 29 de noviembre y el de Juan Veas el 29 de octubre. Juan Veas sí tenía experiencia previa en obras de este tipo.

Memoria justificativa como contrato

Una portavoz de la Junta de Andalucía asegura que una memoria justificativa y la adjudicación hacen las veces del contrato en las adjudicaciones de emergencia. Sin embargo, ese documento no es un contrato suscrito por dos partes, ni contiene referencia a la solvencia técnica o económica del contratista, ni la Instrucción 1/2021 contempla la posibilidad de sustituir el contrato por una memoria. En ese documento, suscrito por el Director General de Infraestructuras y que Fomento ha aportado a este medio, sí se contiene una descripción de los daños en la carretera, lo que justificaría la urgencia del procedimiento, y una valoración de esos daños para justificar la cuantía prevista para su reparación.

En el caso de la obra adjudicada a Barveal, la Dirección General solicitó a nueve empresas que le presentasen una oferta. Ninguna había ejecutado obras de emergencia para la administración, por lo que sigue siendo una incógnita por qué se eligieron esas y no otras. Todas ofrecieron un precio inferior a 1.238.691,88 euros, cuantía por la que la administración valoró la obra. De las nueve, Barveal fue la que ofreció la mayor bajada (-4,27%) sin caer en la baja temeraria en que sí incurrieron dos competidoras. Lo mismo ocurrió con la oferta de Juan Veas, S.L.: logró presentar la mayor baja (-6,19%) sin superar la baja temeraria (situada en el -9,38%).

Este miércoles, seis días después de que se conociese la adjudicación adelantada por Cadena Ser, Barveal emitió un comunicado en el que resalta que ejecutó los contratos “de manera eficaz”, incluso en menos tiempo que el comprometido (veinte días, en el primer caso) “sin queja alguna por parte de la Administración”. Según la empresa, sin teléfono ni correo electrónico, cuyo domicilio social está en una vivienda particular y cuya administradora única ha estado ilocalizable durante días, ha quedado demostrada “su capacidad y eficacia en todo momento y en todo caso”.

El presidente Moreno también ha defendido la legalidad de los contratos, insistiendo en que se han ejecutado con normalidad (“está todo en orden”), mientras que el PSOE ha anunciado que pedirá explicaciones en la Comisión de Fomento que se celebra este jueves, advirtiendo de sus dudas por el uso de los contratos de emergencia, en los que se relaja la publicidad, el control y la fiscalización: “En el caso de la empresa fantasma Barveal, ya sabemos quién es el padre, quién es la hija y nos falta por saber quién es el padrino o la madrina”, lanzó Isabel Ambrosio, portavoz socialista de Fomento.