100 en Melilla. 44 entre Sanlúcar y Huelva. 29 en Barbate. 20 en Málaga... Así hasta llegar a 400. La memoria de la Fiscalía antidroga en Cádiz de 2023, la última publicada, recoge como uno de los principales problemas del narcotráfico en Andalucía la masiva presencia de narcolanchas. “Proliferan por toda la costa, sin que exista capacidad suficiente para poder abordarlas y detenerlas en todas las ocasiones”. El Ministerio Público trata de pararlas por la vía judicial, aunque es consciente de la enorme complejidad de este objetivo. Ha encontrado ya una fórmula para intentar atacarlas: incrementar las penas para las que son sus aliadas imprescindibles, las petaqueras, embarcaciones y vehículos que se encargan de surtirlas de combustible.
La fiscal Antidroga de Cádiz y delegada en Andalucía, Ana Villagómez, al frente de este cometido en la provincia gaditana desde hace dos décadas, lleva años mostrando su preocupación por la “impunidad” que tiene el transporte de gasolina y gasóleo. Son muchas las operaciones de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que logran detener a personas que transportan por tierra y mar grandes cantidades de combustible. “Hemos pedido una tipificación penal específica muchas veces pero, de momento, no ha llegado”.
Tras mucho tiempo esperándolo, la Fiscalía ha determinado que, mientras se aprueba o no un delito específico para el transporte de combustible para el narcotráfico, es posible endurecer las penas atribuyendo a los responsables de estas mercancías otro tipo penal ya recogido en varios artículos del Código Penal: la tenencia y transporte de mercancías inflamables, incendiarias o asfixiantes, que permite penas de entre cuatro y ocho años de cárcel y garantiza que los acusados tengan que pasar por prisión preventiva si son detenidos.
La Fiscalía muestra en su memoria que ya también se usan embarcaciones de alta velocidad para llevar el combustible, como muestran alijos de 2.000 y 3.000 litros por embarcación. “Estamos cambiando una infracción administrativa por penas de cárcel, que es algo que sí puede cambiar las cosas porque hemos constatado que personas con causas pendientes son detenidas de nuevo en embarcaciones de este tipo”, subraya Villagómez.
Ahora queda que los jueces atiendan estas peticiones de la Fiscalía cuando los casos sean juzgados. Y ese tiempo, entre que se producen las acusaciones y llega el juicio, es otra de las grandes inquietudes de la memoria, que vuelve a reflejar la saturación y bloqueo de los juzgados donde caen más casos en la provincia de Cádiz, como son La Línea o Barbate.
“Uno de los problemas de la celebración de los juicios es el mismo que sucede durante la instrucción: la lentitud. La fase intermedia dura años en ocasiones, a lo que se debe sumar la estrategia de las defensas encaminada a la suspensión de los señalamientos, cosa que ocurre con frecuencia”, advierte la fiscal. “Esto da lugar a dilaciones indebidas, que conllevan reducciones de penas”.
El año pasado la Fiscalía de Cádiz elaboró 13 escritos de acusación. De ellos, de los casos eran de 2012; y otros dos, de 2014. Algunos correspondían incluso a años anteriores, lo que llevó a pedir la prescripción de dos causas. Una en la que estaban implicadas 47 personas por delitos contra la salud pública y organización criminal, por delitos ocurridos en 2007. Y otra por blanqueo de capitales, que estuvo paralizado desde su inicio en 2011.
Villagómez lleva muchos años reivindicando una “renovación total del sistema procesal”, ya que el actual “es incapaz de asumir la nueva delincuencia, en especial el crimen organizado”. Esta falta de transformación tiene, según la fiscal, “consecuencias desastrosas al no conseguirse las condenas de los investigadores en un tiempo razonable”. Una situación que, tal y como advierte, “supone la consolidación de las estructuras criminales que, lejos de ver mermada su capacidad, se hacen más fuertes y penetran en el tejido económico y social de poblaciones enteras”.
De ahí, que mientras que no llega esa reforma, la Fiscalía propone en su memoria “reforzar los juzgados más saturados, nombra jueces y fiscales de refuerzo, funcionarios de justicia, que consigan que los procedimientos avances, e incentivar ciertas plazas en determinados municipios para evitar la huida de jueces o fiscales en sitios como Barbate, San Roque o La Línea.
El documento, de 15 páginas, que resume todo un año de trabajo, no incluye, al haberse producido en febrero de este año, la última gran tragedia relacionada con el narcotráfico, como fue el asesinato de dos guardias civiles en el puerto de Barbate al ser arrollados por una narcolancha. Pero sí incide en su análisis previo en las posibles causas, como si adelantara que algo grave podía ocurrir. Alertaba de la alta presencia de narcolanchas en activo en evidente impunidad y advertía de un descenso de las toneladas incautadas y operaciones realizadas. Sanidad Exterior recibió para su análisis y destrucción 91 toneladas de droga, frente a las 123 del año anterior.
La Fiscalía cree que ha podido ser por dos factores: la alteración de zonas de descarga fuera de la provincia gaditana a Huelva y Málaga, y el descenso de la presión policial, con la supresión del grupo OCON SUR en 2022. “La disminución de esta presión la deducimos por la reducción de la incoación de procedimientos penales y de investigaciones contra organizaciones criminales y por la información del gran número de embarcaciones de alta velocidad avistadas por la costa, desde Barbate hasta Sanlúcar, sin que exista capacidad suficiente para poder abordarlas y detenerlas en todas las ocasiones”.
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