El Parlamento Europeo pedirá a la Comisión Europea que investigue el presunto cobro indebido de ayudas de la Política Agraria Europea (PAC) por parte de varias sociedades y empresas que explotan terrenos de titularidad aparentemente pública en la antigua laguna de La Janda. También quiere que investigue el uso de los recursos hídricos de dominio público por parte de esas explotaciones, que podría estar afectando a la calidad y la cantidad de las masas de agua de la zona.
Así se lo ha comunicado Dolors Montserrat, presidenta de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, a Ecologistas en Acción, que había formulado la petición como parte de una batería de acciones para reclamar la recuperación de unos terrenos que son de titularidad pública, según una sentencia del Tribunal Supremo de 1967 e informes recientes de la Abogacía del Estado.
En una respuesta remitida este lunes, a la que ha tenido acceso elDiario.es Andalucía, Montserrat anuncia que pedirá a la Comisión Europea que abra una “investigación preliminar”, ya que el asunto “entra dentro de los ámbitos de actuación” del Ejecutivo comunitario. También anticipa que ha remitido el escrito de Ecologistas en Acción a la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento Europeo.
Los ecologistas habían pedido a la Comisión del Peticiones del Parlamento Europeo que exija a la Comisión Europea la elaboración de un informe sobre dos puntos. De un lado, el uso de los recursos hídricos y su afectación sobre las masas de aguas de la laguna de la Janda (por su posible vulneración de la Directiva de Aguas). De otro, la situación de estas tierras situadas en dominio público hidráulico y la “posible inacción de la administración correspondiente que permite que estas empresas se beneficien de las ayudas de la Política Agraria Común (PAC)”. Los ecologistas explicaban en su petición que la explotación más notable es finca Las Lomas, propiedad de Complejo Agrícola Las Lomas, S.L. Una porción indeterminada de esa finca formaría parte de las 6.165 hectáreas desecadas de la antigua laguna de La Janda, y sería dominio público.
Las Lomas es una histórica finca agrícola de regadío, orientada a la exportación y con fama de innovadora en la aplicación de técnicas agrícolas. También tiene una gran tradición cinegética. Su fundador, José Ramón Mora-Figueroa, la adquirió en los años 40, y desde entonces es propiedad de la familia Mora-Figueroa Domecq, los mayores terratenientes de Andalucía. A su vez, los Mora-Figueroa Domecq están relacionados con Miguel Arias Cañete, exministro de Agricultura y excomisario europeo, a través de la mujer de este, Micaela Domecq Solís. En 1986, Grupo KIO, en el que participaba Manuel Prado (administrador privado del rey Juan Carlos) entró a formar parte de su accionariado, que abandonó en 1997. Según contó en su día el portal Vanitatis, el rey emérito era uno de los habituales de las cacerías de faisanes salvajes y perdices que se organizaban en Las Lomas.
En 2020, Complejo Agrícola recibió más de dos millones de euros de pago básico de la PAC por terrenos en la provincia de Cádiz. Nadie recibió más en toda España por este concepto. En total, solo ese año recibió 4.460.000 euros de ayudas públicas comunitarias por la gestión de un total de 12.000 hectáreas, según los datos públicos del Fondo Español de Garantía Agraria. Ecologistas en Acción quiere que se investigue si una proporción de esa cuantía (cobrada durante muchos años) tiene su origen en terrenos de titularidad pública y si, en tal caso, se habría cobrado indebidamente.
Además, Ecologistas en Acción alertaba del impacto que tienen las explotaciones agrícolas intensivas de La Janda sobre la calidad y la cantidad de las masas de agua de la laguna, al hacer uso del dominio público hidráulico al margen de los mecanismos de autorización reglamentarios.
“Cualquier cosa que investigue la Comisión Europea puede esclarecer la situación”, admite Nuria Blázquez, de Ecologistas en Acción, que se muestra confiada en que el Ejecutivo comunitario recoja la petición que le lanza el órgano del Parlamento Europeo: “Nosotros no tenemos capacidad para esclarecer lo que está pasando: no sabemos si siguen cobrando, ni si el uso del dominio público hidráulico es legal. Otra cosa es hasta donde llegue”.
Se trata del primer éxito de los ecologistas en su intento de que La Janda vuelva a ser lo que era hace más de un siglo: una de las lagunas con más biodiversidad de Europa, propicia para la nidificación de múltiples especies y el descanso de aves migratorias por su situación de paso hacia África. La laguna fue la última localidad de cría en España para la grulla, albergaba comunidades de aves escasas en Europa, como el avetoro, el porrón pardo, la malvasía o la lechuza mora, y de especies hoy en peligro crítico de extinción, como la focha moruna.
La laguna desapareció como tal a mediados del siglo pasado. En 1946 el régimen franquista retomó un proyecto largamente ambicionado por algunos terratenientes: concedió los terrenos de dominio público a Colonias Agrícolas S.L. por 99 años, a cambio de que desecara y colmatara La Janda y algunas lagunas adyacentes.
En 1964 el Estado decidió recuperar la concesión y apostar por una obra pública para desecar la laguna. Aquello generó un problema: ¿cómo delimitar el dominio público -que se habían entregado en régimen de concesión- y los terrenos privados en una superficie inundable? El Tribunal Supremo fijó los límites definitivos en 1967: 6.165 hectáreas de las 9.039 desecadas son terreno público. Sin embargo, la zona ha seguido siendo explotada por los privados, y el Estado nunca ha hecho nada por recuperar los terrenos que le corresponderían.
Varios informes recientes de la Abogacía del Estado inciden en el hecho de que, aunque haya cambiado su configuración, la laguna nunca ha dejado de ser de dominio público. La propietaria de finca Las Lomas no comparte esa tesis. “Todo está perfectamente claro tanto en las órdenes ministeriales como en los decretos que permitieron la desecación de las antiguas lagunas, y por supuesto, en los registros de la propiedad”, aseguró en un comunicado remitido en su día a este medio, sin explicar más.
En los últimos años, los plenos de la Diputación de Cádiz, Tarifa, Medina Sidonia, Conil y Barbate, en cuyo término se sitúan los terrenos, han aprobado mociones instando a los gobiernos central y autonómico a recuperar La Janda y su puesta en valor. También Ecologistas en Acción y la Asociación de Amigos de la Janda batallan con el objetivo final de recuperar el valor ecológico de la zona.
Hasta ahora no habían logrado grandes avances. El pasado mes de abril, la Delegación de Economía y Hacienda en Cádiz (dependiente del Ministerio de Hacienda) archivó una denuncia de noviembre de 2018, al entender que la competencia para la recuperación de los terrenos corresponde a la Junta de Andalucía y, “en última instancia”, al Ministerio para la Transición Ecológica. Tampoco tuvo éxito una denuncia ante la Fiscalía Europea.
En el Congreso, una pregunta del diputado Juan López de Uralde (Unidas Podemos) espera respuesta desde septiembre. Y en el Parlamento Andaluz, la consejera de Agricultura y Medio Ambiente, Carmen Crespo, sí respondió por escrito a una pregunta de Ángela Aguilera (no adscrita expulsada de Adelante Andalucía), asegurando que no había podido recuperar todo el expediente y que corresponde a la Dirección General de Patrimonio de la Junta de Andalucía incoar un expediente de investigación y, en su caso, recuperación de los terrenos.
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