CONFLICTO DIPLOMÁTICO
Una simple persecución de una lancha contrabandista derivó en un apedreo masivo contra dos agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA) español en la playa de levante de Gibraltar, y este suceso puede provocar ahora un serio revés a las negociaciones del Tratado entre el Reino Unido y la Unión Europea para fijar el estatus del Peñón respecto al territorio comunitario tras el Brexit.
El suceso tomó cuerpo en un área controvertida, la del istmo entre el Peñón y España, que no fue objeto de cesión en el Tratado de Utrecht de 1713 y que añade, desde hace un siglo, nuevos frentes de disputa al viejo contencioso hispano británico sobre la soberanía. La irrupción de una embarcación aduanera de España en parte del territorio gibraltareño ha sido condenada por las autoridades de la Roca, pero quizá tenga un precedente pintoresco: en febrero de 2002, un grupo de 30 marines de la Royal Navy británica desembarcaron con todo su armamento reglamentario en la playa de Poniente de La Línea de la Concepción. En aquel momento, a España ni siquiera le dio tiempo a quejarse: las autoridades británicas se disculparon de inmediato y adujeron que todo obedeció a un “error en los mapas”. De hecho, con ser grave, aquel episodio fue calificado por el entonces alcalde linense Juan Carlos Juárez, del GIL de Jesús Gil, como “una anécdota”. Claro que los pescadores locales que asistieron sorprendidos al desembarco no se les ocurrió, por razones obvias, apedrear a los infantes de marina de Su Graciosa Majestad.
La ley de Murphy se materializó en la Roca esta semana. Una RHIB –rigid-hulled inflatable boat, embarcación neumática de casco rígido–, de pequeñas proporciones pero cargada de tabaco sin precinto legal, huía de una lancha auxiliar del Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA). Habían pasado ya las cuatro de la madrugada del último jueves y el mar estaba picado. Los contrabandistas lograron llegar al Peñón, confiados en que la persecución iba a acabar allí. Los agentes españoles empezaron a tener problemas con su embarcación –el SVA lleva tiempo denunciando que buena parte de su material está obsoleto– y el oleaje les arrastró hasta la orilla.
Allí, una veintena de individuos que aguardaba para ayudar en la descarga de los fardos les vio y se dirigió hacia ellos. Los aduaneros, que no habían informado a sus colegas británicos de la incursión, se vieron rodeados por la colla. Uno de los agentes realizó varios disparos sobre la arena –al menos, ocho, según contabilizan las autoridades gibraltareñas–, para intentar disuadir a quienes les increpaban hasta que estos empezaron a arrojarles piedras, cascotes contundentes de hasta veinte centímetros de ancho, que dieron en la cara y en el cuerpo de los dos funcionarios.
Varios vídeos que circulan por las redes dan cuenta del incidente: insultos, amenazas en un español mestizo, piedras sobre el agua, disparos sobre la orilla, cajas con nicotina de extranjis, que vienen y que van. No se ve en ellos, no obstante, cómo a la altura de la playa fondeó una patrullera del HM Customs, la Aduana de Gibraltar. Luego, varios agentes de la Royal Gibraltar Police llegaron al lugar de los hechos y se interpusieron entre los lanzadores de piedras y sus víctimas. Diversos testimonios aseguran que su ayuda, sin embargo, no pasó de ahí. Los funcionarios españoles, malheridos, tuvieron que valerse por sí mismos para intentar sin suerte arrancar el motor de su nave y, dado que seguía sin funcionar, la lanzaron al mar y bogaron a remo.
“Contrariamente a la información que circula en los medios de comunicación españoles, la información proporcionada al Gobierno de Gibraltar sugiere que, cuando acudieron al lugar de los hechos, los funcionarios de Aduanas de Gibraltar ofrecieron inmediatamente a sus colegas de las fuerzas del orden españolas asistencia y atención médica. Los agentes del SVA rechazaron la atención médica ofrecida. Dijeron a los agentes de Aduanas de Gibraltar que, a pesar de que su embarcación parecía tener un fallo de motor, querían volver inmediatamente a su buque principal, lo que se les permitió hacer”, afirma el Gobierno de Gibraltar como añadido a un comunicado conjunto que emitió el viernes junto con el gobernador británico de dicho territorio.
Era más de lo mismo en los alrededores del Peñón, en una franja marítima donde las fronteras se diluyen: entre la playa de Levante –Eastern Beach– del Peñón y la de La Línea de la Concepción, apenas media el aeropuerto de Gibraltar y el paso fronterizo con España, el que podría desaparecer si prospera el retrasado Tratado que desde hace año y medio negocian de firme la Unión Europea y Gran Bretaña. Y es que, mientras desde el lado español se denuncia la agresión y la inacción policial de Gibraltar –que todavía no ha practicado detenciones entre los agresores–-, desde el Convento y Number Six –las sedes respectivas del gobernador británico y del ejecutivo que titula Fabian Picardo–se habla de una grave violación de la soberanía británica, al irrumpir el SVA en aguas que el Reino Unido reclama como propias y el Derecho Internacional parece darles la razón.
Así que ambas partes valoran ahora cómo articular sus respectivas protestas, para salvar la dignidad diplomática sin dar al traste con los avances en el acuerdo. Mientras, un agente español de Aduana va a sufrir una intervención quirúrgica sumamente delicada y las autoridades del Peñón no son capaces de acabar con el mercado negro de nicotina, a pesar de los cambios legislativos y de operaciones contra el contrabando practicadas por la policía real y por la Aduana de Su Majestad, a veces conjuntas con la Guardia Civil y el SVA. En la misma noche de autos, agentes de la Policía Nacional detuvieron en La Línea de la Concepción a nueve personas con un alijo de 10.500 cajetillas de tabaco de diversas marcas y con un valor superior a los 50.000 euros, según las estimaciones oficiales. También se les intervinieron tres petacas de gasolina, cinco equipos de transmisiones y dos motores fuera borda.
Esta semana deberían haber proseguido en Málaga los contactos para echarle los últimos pespuntes al acuerdo, que debería estar próximo y que este incidente podría enturbiar. El clima político al respecto está agitado. El primero en reaccionar fue Juan Carlos Ruiz Boix, alcalde de San Roque, presidente de la Diputación de Cádiz y secretario general del PSOE provincial, que exigió explicaciones a las autoridades de Gibraltar “por las graves agresiones” sufridas por los agentes de Aduanas españoles, al tiempo que se ha solidarizado con los mismos. También preguntó al Gobierno del Peñón, sin respuesta por ahora, si se ha llevado a cabo la identificación o detención de las personas que participaron en el apedreamiento.
El socialista Ruiz Boix se ha sumado a la petición de refuerzo de los medios técnicos y humanos de Aduanas, la Guardia Civil y la Policía Nacional en el Campo de Gibraltar, un extremo que choca con el criterio expresado, en los últimos tiempos, por Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior. En el mismo sentido, desde el bando opuesto, se expresó el alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, a la sazón senador del Partido Popular, cuya junta de gobierno municipal condenó las agresiones y reclamó mayores medios técnicos y humanos para los cuerpos y fuerzas de seguridad y de aduanas, así como la declaración de Zona de Especial Singularidad para el Campo de Gibraltar, zarandeado por el contrabando, el narcotráfico y, en otro sentido sin relación habitual con todo ello, por la inmigración irregular. También el diputado de Vox, Manuel Gavira, ha anunciado que elevará al Congreso peticiones similares.
El gobernador y el Ministro Principal de Gibraltar esperaron día y medio a conocer la pesquisa interna seguida en el Peñón por la Policía Real y por Aduanas de Gibraltar en relación con este caso: “Mientras se siguen investigando los hechos del incidente, la incursión en las aguas territoriales británicas de Gibraltar, con funcionarios españoles desembarcando en territorio gibraltareño en Eastern Beach, es claramente una grave violación de la soberanía y la jurisdicción –afirmaron en el comunicado conjunto–. Del mismo modo, de confirmarse que los funcionarios españoles dispararon sus armas en Gibraltar, dicha acción constituiría una infracción muy grave de la ley, además de ser imprudente y peligrosa, especialmente en una zona de alta densidad de población civil, dada la proximidad de una urbanización residencial”.
“Además, el Gobierno de Gibraltar está coordinando su respuesta a este incidente con altos funcionarios del Ministerio de Asuntos Exteriores, de la Commonwealth y de Desarrollo del Reino Unido en Londres y con el embajador británico en España”, han informado El Convento y Number Six Convent Place en su declaración, de manera cautelosa, para no romper la baraja de las negociaciones. Ambos también dejaron claro que “la actividad ilegal de una banda de individuos aparentemente involucrados en actos ilícitos en Gibraltar es inaceptable para el Gobierno y representa una actividad que el Gobierno y las fuerzas del orden de Gibraltar no tolerarán”.
“Los Gobiernos de Gibraltar y del Reino Unido consideran que los acontecimientos requerirán una cuidadosa evaluación en cuanto a la naturaleza y el nivel de la respuesta diplomática”, prosigue la nota. Por lo tanto, funcionarios del Reino Unido se pondrán en contacto con funcionarios españoles para pedirles explicaciones sobre esta violación de la soberanía de Gibraltar antes de tomar una decisión definitiva sobre las medidas a adoptar“. Tanto el ministro principal, Fabian Picardo, como el comisario de la policía gibraltareña, Richard Ullger, entraron en contacto ”con sus homólogos españoles para interesarse por el bienestar de los agentes del SVA en cuestión“.
“Las pruebas que rodean este incidente revelan una grave violación de la soberanía británica y, potencialmente, el incidente más grave y peligroso desde hace muchos años. Antes de reaccionar debemos, por supuesto, estar seguros de los hechos, pero los acontecimientos indican que la actuación de los funcionarios españoles es intolerable”, ha asegurado Fabián Picardo. “Las fuerzas del orden españolas saben que pueden solicitar y contar con el apoyo de las fuerzas del orden gibraltareñas si necesitan continuar una persecución en Gibraltar, pero parece que no lo han hecho en este caso”, quien también subraya que se ha puesto en contacto con las autoridades españolas para interesarse por el estado de los agentes españoles.
Por su parte, Keith Azopardi, líder de la oposición en Gibraltar, al frente de Gibraltara Social Democrats, tuiteó que “el incidente de Eastern Beach sugiere que oficiales de aduanas españoles armados estaban en nuestras aguas y posiblemente en la costa. El contrabando (si eso es lo que sucedió) es completamente inaceptable y debe ser afrontado enérgicamente por nuestras autoridades policiales. Las autoridades españolas no tienen ningún papel en Gibraltar”.
A su juicio, “el incidente es grave y podría haber sido aún peor. Voy a formular preguntas en el Parlamento para que pueda haber una aclaración del Gobierno después de la investigación. Nuestras leyes deben ser respetadas por todos y aplicadas en nuestra tierra y aguas por nuestras autoridades”.
Por su parte, el Ministerio de Asuntos Exteriores español también dejó claro que “España condena la agresión sufrida por miembros del Servicio de Vigilancia Aduanera que intervenían en una operación de lucha contra el contrabando en territorio y aguas españolas cercanas al Peñón de Gibraltar, con resultado de heridas graves”.
El escrito remarca la condición de “aguas españolas” del área del suceso, dado que nuestro país no reconoce lo que el Reino Unido considera como aguas de jurisdicción británica en torno al territorio gibraltareño: se trata de una vieja polémica derivada de que el Tratado de Utrecht no cedió aguas territoriales a Gran Bretaña porque en 1713 no existía aún dicho concepto. Ambas partes mantienen la disputa en la actualidad, dado que la diplomacia española puso en valor durante el franquismo el concepto de “puerto seco”, muy cuestionado por más que se reconoce de facto y al calor del Convenio de Naciones Unidas sobre Derecho del Mar, suscrito, entre otros países, por el Reino Unido y por España, un perímetro que incluye milla y media hacia el oeste, en el interior de la Bahía y tres millas en la zonas sur y este. Fue en esta última área donde se produjo la incursión del SVA en persecución de una supuesta lancha contrabandista.
“Asimismo, el Gobierno rechaza tajantemente los términos de la declaración conjunta emitida por representantes del Gobierno británico en relación con el incidente, así como las pretensiones sobre una supuesta soberanía británica sobre el territorio y aguas de Gibraltar recogidas en ella”, prosigue el departamento que titula José Manuel Albares y que, en dicho comunicado, también obvia mencionar al Gobierno de Gibraltar en dicha declaración, a pesar de que habla de una “declaración conjunta”, la del gobernador británico en el Peñón, sir David Steel, y la del ministro principal, Fabian Picardo.
Exteriores añade que “esta d​eclaración resulta especialmente incomprensible en el momento en el que España ha puesto sobre la mesa un acuerdo para crear una zona de prosperidad compartida”. Y añade que “el Gobierno de España exige medidas eficaces de lucha contra el contrabando que perjudica a toda la zona y desea a los agentes españoles una pronta recuperación”.​
Sin embargo, la primera ministra en reaccionar fue la de Hacienda, María Jesús Montero, de visita el viernes en Cádiz: “Tenemos que lamentar todos que magníficos profesionales que trabajan en Vigilancia Aduanera, que se juegan la vida en el desarrollo de sus tareas, hayan sido objetos de unas agresiones graves, y todos tenemos que desear una pronta recuperación”, aseguró Montero, quien apuntó que Aduanas va a investigar lo que ha ocurrido y pedirá las explicaciones que sean necesarias para esclarecer estos elementos, “pero la condena siempre tiene que ir por delante independientemente de quiénes están detrás o el motivo”.
“Nunca los funcionarios públicos pueden ser objeto como personas dianas de las agresiones de otros”, ha subrayado la ministra, que ha incidido en que se está “trabajando para perseguir la seguridad en las fronteras y pedir respeto y que la dignidad de los profesionales públicos sea reconocida por el conjunto de la sociedad”.
La cuestión de las aguas pretendidamente británicas del Peñón ha venido provocando fuertes controversias diplomáticas entre Londres y Madrid, así como incidentes de toda suerte, incluyendo cuestiones medioambientales, pesqueras o sobre la persecución de los tráficos ilícitos: recientemente, un jurado popular absolvió ante la Corte de Gibraltar de un supuesto delito de importación de droga a cuatro narcotraficantes españoles, sorprendidos con un gran cargamento de 2,2 toneladas de resina de cannabis valoradas en 11 millones de libras, aduciendo que desconocían que se encontraban en aguas del Peñón.
Aunque admitieron encontrarse en posesión de la droga, el jurado les consideró no culpables de importar dicha mercancía al Peñón, al aceptar su versión de que no sabían que se encontraban en aguas que el Reino Unido reclama como propias. La vista oral celebrada recientemente ante el Tribunal Supremo del Peñón, ha acabado con este veredicto insólito que fue recibido con algarabía por familiares y amigos de los encausados, que llenaban la sala, pero que molestó tanto al ministerio público como al Servicio de Aduanas del Peñón, que llevó a cabo las detenciones.
Los cuatro narcos fueron detenidos tras una persecución a alta velocidad en el mar bajo una espesa niebla el 18 de agosto de 2021, durante la cual jugaron al gato y al ratón durante horas tanto con unidades aduaneras de España y del Peñón. Al menos, en cinco ocasiones, durante aquel día, entraron y salieron de dicho perímetro marítimo, intentando eludir a las lanchas españolas. En aguas gibraltareñas, la lancha fugitiva fue inicialmente perseguida por el buque Bravo 3 de la Royal Gibraltar Police, arrojando al mar varios fardos y dándose nuevamente a la fuga hacia aguas españolas. En otra de sus incursiones, volvieron al lugar y chocaron con la embarcación HMC Searcher, del Servicio de Aduanas de Gibraltar, siendo detenidos tras el suceso.
Para consolidar sus argumentos, el letrado de los acusados recordó que no existen líneas de demarcación de las aguas que se atribuyen al Peñón, aunque en numerosas ocasiones se hayan producido incidentes diplomáticos por el hecho de que embarcaciones de la Guardia Civil española o del Servicio de Vigilancia Aduanera hayan cruzado dicha barrera. A juicio de la defensa, los cuatro detenidos serían apenas “peones” prescindibles para quienes manejan los hilos del narcotráfico. No prosperó, en cambio, el argumento de la fiscalía, ejercida por Christian Rocca, según él cual se trataba de una organización profesional y organizada, que no tenía duda alguna de que se encontraban en aguas dependientes del Reino Unido.
Las defensas insisten en que nunca tuvieron la intención de llevar dicha sustancia hasta el Peñón y que lo hicieron porque la policía española les estaba persiguiendo e intentaban eludir su captura. El ministerio fiscal, sin embargo, aseguró que el destino final de la droga es irrelevante, y que entraron en aguas de Gibraltar varias veces antes del primer encuentro con las autoridades locales. De paso, insistió en que estaba claro que pretendían realizar una operación de narcotráfico y que sabían perfectamente dónde estaban, aunque las fronteras no estén escritas sobre la superficie de la tierra o la del mar.
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