Rebelión en Cádiz: “El barrio más antiguo de Occidente” se moviliza contra el desahucio de su vecina más longeva

Cuando María Muñoz y su marido Antonio Orihuela empezaron a vivir en el bajo del número 9 de la calle Mesón era 1967. Aquel bajo donde apenas entra la luz, una esquina junto al Teatro Romano de Cádiz, en El Pópulo, el autodenominado “barrio más antiguo de Occidente”. A María le queda menos de un mes en esa casa en la que ha vivido toda su vida.

El 26 de junio, si nada lo remedia, se ejecutará la orden de desahucio que pesa sobre ella. Numerosos colectivos tratan de evitarlo o, al menos, darle una salida digna a una mujer que acaba de cumplir 88 años. María está cansada. De entrevistas, de fotos, de visitas, de conversaciones sobre turismo y derecho a la vivienda, de abogados... No entiende que a estas alturas de su vida no sepa dónde va a dormir el mes que viene.

María y Antonio llegaron a esa casa en virtud de un contrato vitalicio, de los que recogía la ley de arrendamientos urbanos de 1964. “Era un partidito. Para ir al baño teníamos que ir fuera y, si llovía, nos mojábamos”, recuerda Eva, una de los tres hijos de la pareja. Antonio se encargó de hacerla más habitable, de convertirla en un hogar. En los años 90, el edificio entero se renovó con fondos europeos del Plan Urban.

El contrato estaba solo a nombre del padre de familia. Esa misma norma recoge que el contrato se puede subrogar por dos veces, en caso de fallecimiento, al cónyuge y a un hijo residente en esa vivienda. Pero cuando murió Antonio hace ocho años, María, que no sabe de papeles y que aprendió a leer y escribir hace sólo una década, no hizo ningún trámite, con lo cual perdió el derecho que le otorgaba aquella legislación. De ahí viene el calvario por el que está a punto de perder su casa.

La finca era propiedad de los herederos de Emilio Beltrami, alcalde de la ciudad entre 1976 y 1979, quien a su vez, también la había heredado de algún antecesor. Varios hermanos, primos y parejas de familiares a los que ese edificio ya daba más problemas que beneficios. “Nosotros teníamos una persona que era la encargada de administrar la finca, que atendía los pagos y resolvía los arreglos. Un día fue a la casa de María y ella le contó que se había muerto Antonio. Y fue entonces cuando le advirtió de que tenía que arreglar los papeles”, explica Emilio Beltrami, nieto del exalcalde, abogado y uno de los propietarios actuales de la casa.

Es una versión que corrobora Eva Orihuela, la hija de María. “Nos dijeron que se había pasado el plazo para subrogar a mi madre en el contrato que tenía mi padre, pero que no nos preocupáramos, que le iban a hacer un contrato nuevo a mi madre manteniéndole la renta que estaba pagando (actualmente 97 euros mensuales)”. Y así fue. Ese contrato, ya en virtud de la legislación actual y no de la 1964, se firmó con una duración de seis años. Durante ese plazo, los propietarios acordaron poner a la venta el edificio porque la mujer que se dedicaba a administrar esa finca se jubilaba y ellos no la podían atender. A todos los inquilinos se les envió un burofax avisándoles.

Todos dejaron vacías las casas. Todos menos dos. Un hombre que mantiene su renta antigua y, por lo tanto, puede permanecer allí. Y María, que resiste desde entonces porque sus hijas no han encontrado una casa para ella. “Solo hay alquileres de 800 euros o casas donde mi madre no puede vivir”, explica su hija. Los propietarios ofrecieron a María quedarse comprando la vivienda por 147.000 euros, “muy por debajo del mercado inmobiliario en Cádiz”, según Beltrami. Pero ni María ni sus hijos aceptaron. “No nos lo podemos permitir”, asegura Eva.

Fue entonces cuando empezó la batalla judicial que ha terminado con una sentencia favorable a los propietarios del juzgado de primera instancia número seis de Cádiz y una orden de lanzamiento de la vivienda que debe ejecutarse a las 10 horas del próximo 26 de junio. Este anuncio de desahucio es el que ha movilizado a numerosos colectivos, asociaciones, medios de comunicación, y partidos políticos en solidaridad con María, que se ve en la calle a los 88 años, sin entender del todo cómo se ha podido llegar a esta situación.

La Plataforma de Vecinos y Amigos del Pópulo, que dirige el histórico líder vecinal Antonio Gallardo, ha empezado una campaña para situar a María como un símbolo de los efectos de la turistificación y la deshumanización que trae la conversión de barrios como este en gigantes parques de atracciones. “Está ocurriendo aquí, como ocurre en la judería cordobesa, en el Albaicín de Granada, o en Santa Cruz de Sevilla. Echamos a los vecinos para que quepan los turistas. Cerramos los comercios de toda la vida, dejamos de encontrarnos a conocidos, de poder saludarnos entre nosotros”, protesta.

La Fundación Adopta un Abuelo lleva 25.800 firmas recogidas para pedir que las instituciones hagan algo por María. También se ha interesado por el caso la asociación de consumidores y usuarios Facua, que está estudiando medidas legales para ayudar a la mujer, mientras denuncia la “inseguridad” que las nuevas leyes generan entre los inquilinos.

El Defensor del Pueblo Andaluz ha admitido a trámite la queja transmitida por Andrea, una de las nietas de María, y ha solicitado información al Ayuntamiento. El gobierno municipal dirigido por Bruno García (PP) está al tanto del caso, aunque su concejal de Asuntos Sociales, Pablo Otero, admite que, al ser un litigio entre privados, poco puede hacer. María, que tiene hijos y una pensión de 1.180 euros, no puede adelantarse en una lista de demandantes de viviendas con familias en peor situación que la suya. Hasta en la precariedad hay niveles. Y esa es la angustia de la familia de María. Que no sabe qué va a pasar después del 26 de junio.

Los propietarios están también molestos por aparecer como los malos de esta película. “Nosotros le hemos dado todo tipo de facilidades a María. A pesar de que no estábamos obligados le hicimos el contrato nuevo por seis años, muchos más de los que les correspondía, y sin subirle el alquiler. La avisamos con tiempo de que no íbamos a renovarlo para que pudiera buscar otra vivienda. Le ofrecimos comprarla a un precio más bajo que el del mercado. Y todo lo rechazaron. Lleva desde diciembre de 2022 en esa casa a pesar de haberle vencido el contrato. La justicia nos ha dado la razón y no han recurrido la sentencia”, enumera Beltrami.

“Es falso que hayamos vendido esta finca para hacer apartamentos turísticos como hemos leído. Somos una decena de dueños, cada uno, con intereses y necesidades diferentes. Lo que queríamos era deshacernos de un edificio del que ya no nos podíamos encargar. Por eso decidimos vender. Intentamos vender toda la finca y, al no poder, hemos vendido los pisos por separado. No sabemos qué han hecho con cada uno de ellos los nuevos dueños”, añade.

La Plataforma de Vecinos y Amigos del Pópulo detalla que en ese edificio existen dos pisos turísticos con licencia, otros tres, que, aunque no tienen permiso funcionan como tales, además de la vivienda que mantiene a un inquilino de renta antigua, el bajo de María y otro bajo que permanece vacío sin vender. “Son necesarias más inspecciones, más control”, protesta Gallardo. El gobierno local del PP dice que conserva el pulso contra los pisos turísticos iniciado por el anterior alcalde, José María González.

En 2023 denunció 280 pisos turísticos y la Junta terminó anulando 155. Entre esas casas, están las del edificio donde vive María, aunque allí sigan entrando y saliendo turistas habitualmente. Por eso Adelante Izquierda Gaditana reprocha al PP su actitud. “Es mentira que se esté siendo más restrictivo. Cuando gobernábamos nosotros no se concedía ni una sola licencia gracias a la moratoria que aprobamos, pero ahora sí se están registrando viviendas turísticas hasta en zonas saturadas”, critica su portavoz, David de la Cruz.

La plataforma vecinal ya ha avisado de que el 26 de junio hará lo que haya que hacer para que María no se tenga que marchar de su casa. Beltrami reconoce que hay conversaciones para intentar llegar a un acuerdo antes de esa fecha, pero, de momento, sin éxito. Eva, la hija de María, se aferra a la esperanza de que llegue una solución.

Un constructor, Agustín Rubiales, quien ya ha protagonizado algún episodio solidario similar, ha ofrecido a María una casa en una de sus promociones nuevas en Cádiz. La obra no ha empezado si quiera, con lo que esta oferta requiere de varios meses para poder ser efectiva. Mientras, María resopla mientras se deja fotografiar para otro reportaje sobre ella y su barrio. Posa entre unas paredes llenas de recuerdos: su Antonio, sus hijos, sus nietos, su cocina, sus vecinas, sus clases... No es que le vayan a quitar su casa. Es que a los 88 años le quitan toda su vida.