Casi seis años y medio después de la detención de Juan Clavero, el juicio contra los cuatro acusados de introducir 47 gramos de cocaína y tres de hachís en el vehículo del conocido histórico activista andaluz perteneciente a Ecologistas en Acción, Juan Calero, previsto para este miércoles, se ha aplazado debido a la muerte del abogado de uno de los acusados. El ecologista lamenta una vez más la dilación del proceso: “Estaba contento de que por fin se sentaran en el banquillo los culpables de mi detención, no por mí, sino porque no vuelva a ocurrir. A lo largo de mi trayectoria he recibido insultos, amenazas, pero nunca hubiese esperado que se organizase toda una trama en mi contra”, explica elDiario.es Andalucía antes de que se fuera a iniciar una vista oral que se aplazara.
La Fiscalía solicita para los cuatro encausados penas de un año y medio de cárcel como presuntos autores de un delito de denuncia falsa, así como una multa de 12.000 euros y una indemnización solidaria de 20.000 euros a Clavero en concepto de daños morales, con la responsabilidad civil subsidiaria a la sociedad Breña del Agua Investments SL, a la que pertenecían los ahora acusados. El activista considera bajas esas penas “dado que no atienden a la gravedad de lo ocurrido”. “El fiscal se ha quedado bastante corto. No es solo una mera denuncia falsa, sino la organización de una trama y la conspiración para el delito”, asegura.
Por ello, las acusaciones particulares que ejercen Clavero y Ecologistas en Acción quieren que se aumenten las penas por denuncia falsa hasta siete años de cárcel: dos por denuncia falsa con la agravante de alevosía, cuatro por provocación y conspiración para detención ilegal, y uno por pertenencia a grupo criminal. A ello añaden multas que suman 21.600 por cada acusado, además de una indemnización por daños morales de 50.000 euros a Clavero y 20.000 a la propia organización ecologista en el mismo sentido. Además, solicitan la prohibición a los encausados de comunicarse por cualquier medio con la organización, así como de aproximarse a Clavero o a su domicilio en un radio de 500 metros por un plazo de tres años desde el cumplimiento de las penas privativas de libertad, coincidiendo con la Fiscalía en solicitar la responsabilidad civil subsidiaria a Breña del Agua Investments S.L.
El 26 de agosto de 2017, Clavero fue detenido en la localidad de El Bosque al encontrar la Guardia Civil en su furgoneta 47 gramos de cocaína y cuatro de hachís. Desde un primer momento, la opinión pública y la inmensa mayoría de entidades políticas y sociales de Cádiz “no dieron crédito a esta acusación al entender que se trataba de una burda trampa para anular su participación en la campaña por la apertura de caminos públicos en el Parque Natural Sierra de Grazalema”, cuentan desde Ecologistas en Acción.
El caso dio un giro cuando la investigación apuntó a una trampa ideada por cuatro personas, entre ellas tres trabajadores de una finca con la que Ecologistas en Acción en Cádiz mantenía un litigio desde hace años por impedir el acceso a un camino público en la Sierra de Grazalema. La imputación contra Clavero, un histórico en la defensa de los suelos de lo que hoy es un parque natural, fue finalmente archivada y dio paso a un proceso contra los cuatro acusados de urdir el complot que ahora se enjuicia.
Tanto la víctima como el juez instructor lo tuvieron claro desde un principio: Juan Clavero no era ningún narcotraficante. “Ni consume, ni transporta, ni trafica. Todo parece una burda trampa de película mala”, señalaban desde su organización, Ecologistas en Acción.
En una entrevista concedida a elDiario.es Andalucía, Clavero ya explicaba que, rumbo a una movilización contra la ocupación de dichos caminos, “se nos acercó un señor que decía que era amigo de Ecologistas en Acción de Jerez y que quería hacer el camino con nosotros. Le dijo que era un camino conflictivo, pero no se nos ocurrió que fuera un infiltrado”. Con la excusa de que había podido perder sus gafas en la furgoneta de Clavero, el tipo “empezó a buscar debajo de los asientos de mi coche y ahí fue cuando dejó la droga”. Dicha persona es el cuarto acusado en la trama y responde a las iniciales de M.A.P.
Entre los otros acusados se encuentran algunos responsables de la citada sociedad Breña del Agua Investments SL. El primero de ellos es J.H.D quien, en el momento de los hechos era gerente y apoderado de la sociedad, conforme a los datos extraídos del escrito de acusación fiscal, al que ha tenido acceso este periódico. Fue él quien telefoneó al guardia civil entonces destinado en la Patrulla del Seprona de Ubrique un día antes de la marcha convocada por Ecologistas en Acción en la Finca Breña del Agua para advertir de que los intervinientes podrían entrar en una zona no autorizada.
Así pues, conforme al citado escrito, el Guardia Civil telefoneo el día de la marcha a J.H.D para interesarse por las incidencias de la expresada marcha, y este le manifestó que quería hablar con él personalmente, pidiéndole que acudiera al Restaurante Calvillo de El Bosque, donde se encontraba en unión con el segundo de los acusados, J.P.R . Tras personarse el agente en dicho establecimiento, J.H.D le dijo: “Tengo un infiltrado (en la marcha), que me ha comentado que en una furgoneta tienen droga”. De esta forma, le precisó la ubicación exacta por la que iba a pasar la furgoneta el día de la marcha para la incautación de la droga.
Ese mismo día el tercer implicado, O.G.G, desde un teléfono fijo público ubicado en una cabina de El Bosque y avisó de la hora concreta en la que la furgoneta iba a pasar por la ubicación ya desvelada por su compañero y de la matrícula de la misma. Entre tanto, ya finalizada la marcha, M.A.P pidió a Clavero que le abriera la puerta de su furgoneta, con la excusa de buscar en la misma unas gafas que había extraviado, a lo que este accedió, circunstancia que aprovechó el primero para colocar tras el asiento del copiloto la droga.
Desde la empresa ya se afirmó, recuerda Clavero, que no les corresponde hacerse cargo de la responsabilidad civil subsidiaria por los daños ocasionados por sus ex trabajadores dado que todos ellos fueron despedidos al iniciarse la trama judicial. No obstante, desde Ecologistas en Acción afirman que no se trató de un despido judicial por las cuantiosas indemnizaciones que recibieron los trabajadores: 35.305,97 euros a J.H.D, 7.570,14 euros a O.G.G y 487 euros a J.P.R.
La empresa citada, perteneciente al empresario belga Marnix Galle, el mayor propietario de fincas privadas en el parque natural, se ha visto inmersa en numerosos incidentes por el cierre de los caminos públicos y vías pecuarias que discurren por sus fincas, cuentan desde ecologistas en acción. En concreto, la empresa había recurrido al pleno del Ayuntamiento Grazalema la inclusión del Camino de Benamahoma a Zahara en el inventario de bienes municipales, dado que este no constaba en el Registro.
De este modo, la empresa reclamó al Juzgado de 1º Instancia e Instrucción de Ubrique pidiendo la propiedad sobre el mismo, solicitud que les fue denegada y tras lo cual recurrieron al TSJ, que también denegó la petición de la empresa. Asimismo, desde Ecologistas en Acción aseguran que la problemática suscitada gira en torno a la parte del camino perteneciente al término municipal de Grazalema, “el cual ha cerrado la empresa al tránsito y razón por la cual esta estaba en conflicto con los activistas”.
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