Cuando la política de subvenciones para la formación de la Junta de Andalucía está bajo lupa, la Cámara de Cuentas publica un informe en el que asegura haber detectado “irregularidades” en la gestión de estos fondos públicos en los años 2009 y 2010. En su dictamen, conocido este jueves, ha apuntado que la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) recibió subvenciones nominativas por valor de casi 49 millones de euros en 2009 y 2010 de las que “no consta justificación alguna, a pesar de haber finalizado el plazo límite para ello”. La Consejería de Economía recuerda que este informe de la Cámara de Cuentas procede de un acuerdo de Consejo de Gobierno del 2 de noviembre de 2010 por el que se solicita a este organismo la fiscalización de todas las subvenciones entre los ejercicios 2005-2010. Por ello, aclara que el dictamen “es a resultas de un requerimiento” del propio Gobierno de Andalucía.
En su informe Fiscalización de subvenciones del Servicio Andaluz de Empleo para la formación profesional para el empleo y seguimiento de las recomendaciones incluidas en el informe de 2004, detecta irregularidades en dichas subvenciones, de forma que en ciertos casos “podrían derivarse responsabilidades administrativas y contables”.
Ha examinado una muestra aleatoria de 78 expedientes por importe de unos 279 millones de euros, representativa del 37% del total concedido en 2009 y 2010 (746 millones), de los que 55 corresponden a alguno de los planes o programas de la orden de 23 de octubre de 2009, 18 son ayudas del plan Memta, cuatro son subvenciones nominativas y un expediente es una subvención excepcional.
En las irregularidades, cita “los cursos para desempleados no incluidos en el fichero; la aprobación de modificaciones de las resoluciones de concesión por un órgano no competente; la concesión de ayudas por encima del importe máximo permitido; la imputación como subvencionables de gastos no elegibles; la no exigencia de intereses de demora en casos de reintegro...”
En cuanto a la fórmula para su concesión, apunta que en 2009 y 2010 “el 89% y el 36% de las ayudas, respectivamente, se concedieron utilizando el procedimiento de concurrencia no competitiva”, de forma que las subvenciones se instrumentan a través de convenios de colaboración y se abonan por el importe total sin necesidad de justificación previa. En ese punto recuerda que los convenios suscritos con agentes sociales y económicos para la formación a desempleados están recurridos.
En el informe se recoge un apartado específico relativo a las subvenciones nominativas y excepcionales. Las principales conclusiones sobre las primeras indican que los presupuestos autonómicos contemplan créditos a UGT-A y CCOO-A destinados a infraestructuras para la formación, que en 2009 ascendieron a 1.350.000 euros y 2.676.927,16 euros, respectivamente. En ese sentido, la Cámara de Cuentas recuerda que la orden a la que alude “no prevé este tipo de objeto como subvencionable”.
Por lo que se refiere a los expedientes de la muestra de subvenciones nominativas a la Faffe por 24 millones de euros en 2009 y otros tantos millones en 2010, ha señalado que “no consta justificación alguna, a pesar de haber finalizado el plazo límite para ello”. Es más, dice que parte de los cursos subvencionados “no se han iniciado o están pendientes de finalizar”.
Un dictamen “a resultas de un requerimiento” del Gobierno andaluz
La Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo ha aclarado que el proceso de justificación “no ha concluido aún”, debido a que la resolución de ambas ayudas, de 2009 y 2010, resulta “especialmente complicada por el propio trámite de liquidación”. En una nota, la Consejería recuerda que este informe de la Cámara de Cuentas procede de un acuerdo de Consejo de Gobierno del 2 de noviembre de 2010 por el que se solicita a este organismo la fiscalización de todas las subvenciones entre los ejercicios 2005-2010. Por ello, aclara que el dictamen “es a resultas de un requerimiento” del propio Gobierno de Andalucía.
También recalca que las cantidades se han empleado en formación para el empleo, “sin que conste ninguna incidencia en este sentido”. Y recalca que “el hecho de que la financiación mayoritaria sea procedente de fondos europeos supone garantías de control adicionales por los exhaustivos procesos de verificación y certificación implantados desde 2009”.
La Junta de Andalucía agrega que “el carácter no competitivo de parte de las ayudas se ha hecho dentro del marco legal” como lo hace el Gobierno de la Nación y otras comunidades autónomas. Insiste en que, dentro de las beneficiarias, se encuentran las organizaciones más representativas. Para matizar que, además, es en “un porcentaje difícilmente desproporcionado, dado que ”apenas el 28% de las subvenciones iban a las tres organizaciones mayoritarias, mientras que el resto se distribuyó entre otras. Precisa en ese punto que “este aspecto se eliminó en convocatorias posteriores, tal como se desprende del propio informe”.