Proyectos de tesis paralizados, directores de beca entre la espada y la pared, salud castigada, abandono, interinidad permanente, exiliarse a otra universidad,... “Lo único que queremos nosotras es poder trabajar, ganarnos el sueldo dignamente sin que nadie atente contra nuestra libertad ni dignidad como personas”. Lo decía, con 28 años, la becaria de investigación de la Universidad de Sevilla, una de las tres víctimas que hace seis años denunció los abusos sexuales por los que ahora ha sido condenado el catedrático Santiago Romero Granados.
Quizás sólo ellas y su entorno más cercano sepan hasta dónde sus carreras y sus vidas se vieron truncadas en mayor o menor medida a causa de los abusos sufridos pero tanto sus relatos como el contenido de la sentencia dan pistas de cómo su destino giró por la actitud del catedrático ahora condenado. El propio juez resume en el fallo que las consecuencias laborales de todo el proceso, en uno de los casos ha sido tener que marcharse de Sevilla a Granada y seguir, diez años después de su ingreso en la docencia, en su condición de interinidad, aparte de una serie de consecuencias en su estado de salud de cierta entidad; en otro caso, el hecho de verse forzada a leer su tesis en otra universidad con el retraso en la obtención del Grado de Doctor y el sufrir incluso actualmente limitaciones en su acceso y permanencia en la Facultad (motivadas por la evitación de la posibilidad de coincidir con el ahora condenado); y en el tercer caso el hecho de haber abandonado incluso el mundo de la docencia.
De las tres víctimas, el caso quizás más grave, por las consecuencias en la salud y en lo laboral, es el de L., “la persona con el mejor expediente académico de su promoción y con un incuestionable deseo de dedicarse a la docencia, ha terminado abandonando la misma por completo e incluso se ha marchado del país”, según recoge la propia sentencia.
Ella accedió por concurso a una plaza de profesora ayudante del Departamento de Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corporal de la Universidad de Sevilla en octubre de 2006. Según narraba ella misma cuando en febrero 2011 trascendieron las denuncias (rescatadas ahora por el Sindicato Andaluz de Trabajadores, en concreto por la Sección Sindical del PDI de la Universidad de Sevilla), decidió aceptar dicha plaza renunciando a su contrato de profesora en una escuela de magisterio donde comenzó a ejercer su labor docente en abril de 2004. Entonces, estaba finalizando su tesis doctoral, leída en septiembre de 2007 en la Universidad de Granada.
Amén de las situaciones de acoso recogidas como hechos probados en la sentencia, recordaba esta profesora que Romero le aconsejaba e insistía que debía seguir sus recomendaciones ya que su plaza era un favor personal y podía perderla… Debía incluirlo como investigador principal en las publicaciones derivadas de su trabajo como investigadora en un centro ajeno a la universidad, le encargaba comunicaciones a su nombre, le señalaba lo que debía votar en las reuniones de Consejo de Departamento, etc. Al no ceder ante sus consejos, empezó a tener lugar una situación tan hostil que la llevó a enfermar. Su estado de salud comenzó a sufrir a mediados de noviembre de 2006 hasta julio de 2008 en que decidió, por recomendación médica, ir a trabajar a una universidad de México durante un año.
Entre el hospital y la Universidad
Los dos primeros años los pasó entre el hospital y la Universidad, dándole los médicos bajas laborales por los síntomas que presentaba y solicitando altas voluntarias para desarrollar su labor profesional. Le dijeron que con su testimonio solo no era suficiente, que no prosperaría una denuncia contra él y tendría aún más repercusiones negativas para ella. Esto ocurrió en junio de 2010, y desde entonces entró en un estado de ansiedad que fue aumentando y se agravó al comienzo del curso 2010/2011 ante nuevas situaciones provocadas en el Departamento y en octubre el médico le dio la baja laboral por un cuadro depresivo-ansioso.
Dice la sentencia que, como consecuencia de los episodios de abuso sexual sufridos, L. “vino sufriendo diversos problemas de salud comenzando por malestar, pesadillas,
sudoraciones nocturnas y un cuadro de fiebre vespertina. Tras una baja de corta
duración su estado con el desarrollo de los hechos fue empeorando apareciendo otros síntomas como pérdida de peso o vómitos causando nuevamente baja por enfermedad teniendo que someterse a numerosas pruebas médicas incluso para descartar enfermedades de origen infeccioso llegando a ser tratada de una posible tuberculosis. Del mismo modo sufre un trastorno adaptativo ansioso depresivo grave para el que necesita de terapia psicológica de larga duración“.
En el caso de R., accedió a la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Sevilla como profesora en octubre de 2005, procedente de la Universidad de Granada. Comentarios sobre su falta de rendimiento tras ganar la plaza de profesora asociada le provocaron ansiedad y dolores musculares, según el relato hecho público en 2011 cuando trascendió la denuncia y donde expus los episodios ahora condenados.
“Ante mi cada vez más evidente negativa a ceder a sus coacciones y amenazas y a su deseo de aparecer en las publicaciones científicas fruto de mi esfuerzo, he venido sufriendo un acoso laboral innegable”. Al margen de ello, fue derivada a un centro de salud mental del SAS en abril de 2010, donde fue diagnosticada de trastorno adaptativo con síntomas ansioso-depresivos reactivos a conflictos laborales y cuya evolución no fue favorable hasta marzo de 2011.
La imposibilidad de desarollo profesional
“Otra de las consecuencias, menos prioritaria pero igualmente grave, es la situación de imposibilidad de desarollo profesional al estar de baja laboral y no poder disfrutar del derecho de trabajar en un espacio libre de acoso, debido a que la Universidad de Sevilla defiende firmemente la presunción de inocencia del denunciado pero desoye y ningunea la presunción de víctimas de las denunciantes”, relataba esta docente en 2011.
Por su parte, E. se incorporó en octubre de 2008 como profesora sustituta con contrato excepcional en la Facultad de Ciencias de la Educación para posteriormente obtener la citada beca de investigación. Romero “desde mi llegada al centro como profesora abusó de su supuesto poder y posición, jugando con mi inestabilidad laboral y mi ilusión profesional y vocacional, la de ser educadora”, decía en 2011 como “otra víctima más” a colación de la denuncia que trascendió.
El “silencio” ante la situación vivida por esta investigadora se convirtió en “enojo” e “inquietud” en el catedrático cuando se le concedió la beca PIF antes de que expirase su contratación temporal en septiembre de 2010. Romero no firmó el positivo informe del director del proyecto. En su relato explica la situación y concluía que “mis dos compañeras y yo estamos padeciendo algo que no sólo ha afectado al desarrollo de nuestra profesión sino también a nuestra salud a y a nuestras vidas. A mi me hubiera gustado ahorrarme este sufrimiento (la depresión, la ansiedad, el tratamiento, las pesadillas, la fiebre, los interrogatorios, el agotamiento, el sufrimiento de mis familiares) no tener que haber pasado nunca por esto, pero ahora lo que veo es que solo dando a conocer estos hechos puedo evitar ese daño a otras personas”.