Muchos andaluces han llegado al voluntariado a través de la propia necesidad. Mari Carmen, de 54 años, colabora con Cáritas y Manos Unidas. “Empecé a ser voluntaria hace cuatro años, cuando me quedé parada después de estar toda la vida trabajando en una constructora”, dice mientras recoge donativos con una hucha por la calle. Necesitaba mantenerse activa, sobre todo, porque con su edad y perfil iba a ser complicado encontrar un nuevo empleo. “Yo noté que la situación iba a peor cuando llevaba ya dos años con el voluntariado. Empezaron a venir a la parroquia familias que hacía muy poquito tiempo estaban acomodadas, personas como yo que de la noche a la mañana se iban a ver en la calle, una pena. Y al ayudarlas, me ayudo también a mí misma”, reflexiona.
María Portero, 33 años, licenciada, lleva dos colaborando con el Banco de Alimentos, que en la pasada campaña de Navidad recogió más de 1.500 toneladas de comida, muy por encima de las previsiones. “Decidí hacerme voluntaria al ver que la situación de mis vecinos, amigos o la mía misma, comenzaba a ser preocupante. El problema ya no estaba en el Tercer Mundo. El problema lo teníamos en casa”, cuenta.
“Veo que, o cambiamos las leyes, o la limosna no nos conducirá a nada”
Su función en el Banco de Alimentos consiste en distribuir los víveres en cajas una vez ya recogidos. “Prefiero eso a hacer la colecta por supermercados”, matiza. Considera importante ese trabajo pero en el fondo y, tras la escalada de recortes, no se siente satisfecha y está incluso pensando en no volver el próximo año y en darse de baja de la ONG internacional a la que está apuntada junto con su marido y su hijo. “Es que veo que o cambiamos las leyes, o hacemos que el Gobierno central nos devuelva los derechos que estamos perdiendo o, sinceramente, la lismona no nos conducirá a nada más que a limpiar nuestras conciencias absurdamente y a ser más pobres porque tendremos trabajos precarios, tendremos que seguir pagando medicamentos, no podremos hacer frente a la hipoteca, etc...”, asegura recordando la sátira que hace Berlanga en Plácido del eslogan “Siente un pobre en su mesa”.
En sólo unos años, los bancos de alimentos han pasado de ser residuales a tener un gran peso en la sociedad andaluza. El vicepresidente andaluz, Diego Valderas (IU), llegó a proponer la creación de uno a gran escala, una idea que, según fuentes de la Junta consiste en coordinar un fondo de emergencia social en colaboración con instituciones y con especial incidencia en los servicios sociales de los ayuntamientos. “Estamos trabajando en un movimiento solidario responsable desde lo público, que no tiene nada que ver con la caridad o la beneficencia”, afirmaron las mismas fuentes. La Red Andaluza de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social pide, en ese escenario, un cambio en el modelo con medidas como la participación de las personas en situación de vulnerabilidad en el desarrollo de las políticas o la inclusión activa en todos los campos, no únicamente en el empleo.
El espejismo de la renta básica
Según la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), el 35% de la población andaluza se encuentra en riesgo de pobreza y exclusión social, un 29,3% de personas viven por debajo del umbral de la pobreza y 308.800 menores en Andalucía son pobres. “Todo esto sumado a una tasa de paro superior al 35%, más de la mitad jóvenes”, critica el vicecoordinador de la APDHA, Pablo Fernández. La asociación denuncia que a pesar de estas cifras aún no se ha aprobado la Ley de Inclusión ni la renta básica, un derecho recogido en el Estatuto, siempre aplazado por falta de recursos económicos. “La actividad de los comedores sociales, de los bancos de alimentos o las asistencias de Cáritas dibujan un cuadro social demoledor donde los derechos humanos están en peligro”, añade la organización.
“Deberían ser un pilar de la Administración y hay más desinversión que nunca. La crisis demanda más apoyo al colectivo con el que trabajamos pero a la vez es cuando en la ONG tenemos menos recursos económicos y, a su vez, desaparecen muchas líneas de trabajo que manteníamos con la Administración”, sostiene el secretario general de Andalucía Acoge, Mikel Araguás. A esta organización llegan inmigrantes con la misma situación que hace 15 años, pero con una diferencia: antes no tenían papeles; ahora, al no tener trabajo y no poder renovar la tarjeta, vuelven a quedarse en situación irregular, sin papeles. Con la cooperación internacional ocurre lo mismo. “Estamos en una situación muy difícil, con deudas de la Administración de más de 20 millones de euros, que suponen el colapso de las ONG, despidos, freno a programas fundamentales para garantizar los derechos básicos de muchas personas y la consecuencia directa es un repunte de la inmigración ilegal debido a la caída en picado de ayudas al África subsahariana”, desgrana el presidente de la Coordinadora Andaluza de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo, CAONGD, José María Ruibérriz, que concluye que no se puede hacer una sociedad justa basada en relaciones injustas con el mundo.