La candidatura conjunta de las izquierdas andaluzas para las elecciones del 19 de junio, inscrita cerca de la medianoche del viernes bajo la marca 'Por Andalucía' (PorA), no fue celebrada por sus integrantes con fuegos artificiales, sino con fuego cruzado. Apenas unos minutos después de confirmarse un acuerdo in extremis entre Podemos e IU -los socios mayoritarios-, la confluencia nacía lastrada por un embrollo jurídico en el registro de la marca ante la Junta Electoral Central, del que por sorpresa quedó excluido Podemos. La desconfianza mutua se ha instalado entre los seis partidos implicados en la confluencia, aunque confían en reconducir la situación lo antes posible.
La formación morada, que apuró hasta el final los tiempos de la negociación para lograr más peso político dentro de la coalición, se quedó fuera del registro en el último minuto. La candidatura conjunta que se inscribió a las 23.57 horas -tres minutos antes de que expirara el plazo legal- está integrada por cuatro de los seis partidos implicados: IU, Más País, Equo e Iniciativa del Pueblo Andaluz.
Podemos y Alianza Verde quedaron fuera, aunque la formación morada asegura que prevalece su acuerdo político con IU, y que la ausencia de su firma en el registro es “un escollo administrativo” que tratarán de solventar presentando un recurso ante la Junta Electoral para lograr su ingreso. Desde IU también restan importancia a la ausencia de Podemos y señalan que lo fundamental es que se logró un pacto político.
Según fuentes jurídicas consultadas, la vía del recurso tiene pocos visos de prosperar, porque sirve para subsanar cuestiones de forma en la redacción del reglamento interno de una coalición electoral, pero no para sustituirla por otra con más integrantes. Pero el problema de fondo es mucho más complejo: el acuerdo político bilateral entre Podemos e IU, difundido el viernes noche por la formación morada, contradice algunos apartados del pacto de coalición suscrito previamente por IU, Más País, Equo e Iniciativa, que es el único que tiene validez ante la Junta Electoral.
Con los dos documentos en la mano, se perciben diferencias notables en cuanto a los órganos de dirección del grupo parlamentario, el reparto de funciones y, sobre todo, el reparto de las subvenciones electorales y los gastos de campaña. El pacto que la dirección nacional de Podemos selló in extremis con IU, con mediación de la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, no tiene el consenso de Más País y el resto de integrantes de 'Por Andalucía'.
Además la nueva marca de la coalición va acompañada de un logotipo en el que aparecen, bajo un arco iris, los nombres de los cuatro partidos firmantes, pero no el de Podemos ni el de Alianza Verde. Cambiar ese logo a posteriori es casi imposible, desde el punto de vista jurídico, según los expertos consultados. Si el recurso de la formación morada prospera -un escenario improbable, según estas fuentes- podría entrar en colisión con el acuerdo previo que IU firmó con Más País y las otras dos formaciones.
Si no prospera, Podemos sólo será un invitado externo en la coalición, sus candidatos figurarán en la papeleta como “independientes”, no tendrán acceso directo a la financiación, y su margen para reclamar lo pactado en el acuerdo político con IU será muy pequeño: Ni el peso político en las candidaturas provinciales -cabeza de cartel en cuatro de ocho circunscripciones- ni el control sobre recursos económicos (el 60% de las subvenciones electorales), que no le corresponden legalmente en tanto no forman parte de la coalición, explican fuentes jurídicas, advirtiendo de que el asunto podría acabar ante el Tribunal de Cuentas.
De momento, los integrantes de la coalición de izquierdas llaman a la calma y creen que todo se reconducirá en los próximos días. El plazo para presentar las listas provinciales de candidatos expira el 16 de mayo. Se da la circunstancia de que, de los seis partidos que han negociado la confluencia, sólo Podemos Andalucía había registrado previamente a un representante general ante la Junta Electoral Central, de modo que aún está en plazo y en disposición de concurrir a las elecciones andaluzas en solitario. “Ese escenario no se contempla ahora”, explican desde la dirección del partido.
El nacimiento de la gran coalición de izquierdas ha despertado más escepticismo y dudas que ilusión. Los más veteranos se echan las manos a la cabeza, aseguran no haber visto “jamás” algo parecido y creen que la confluencia “nace muerta”. Por Andalucía es la avanzadilla del “frente amplio” que abandera Yolanda Díaz como futuro proyecto de país, pero irrumpe en la precampaña electoral con todos los sondeos situando al PP de Juan Manuel Moreno al borde de la mayoría absoluta [55 escaños], y en pleno auge de la candidata de Vox, Macarena Olona.
En 2018, las opciones a la izquierda del PSOE andaluz pasaban por una sola papeleta -Adelante Andalucía, liderada por Teresa Rodríguez- que logró el 16,18% del escrutinio: 17 diputados y 584.040 votos. Aquella primera coalición de izquierdas saltó por los aires, con 11 diputados expulsados por “tránsfugas”, incluida la propia Rodríguez, que en estos comicios repite en solitario. La proyección que maneja la nueva confluencia no pasa del 7 o el 8% del escrutinio en este momento, según fuentes de la negociación, pero confían en doblar los números durante la campaña.
12 horas después del lío ante la Junta Electoral, no hay una versión unánime de lo que ocurrió en esos últimos minutos: IU y Más País sostienen que Podemos “no llegó a tiempo al registro”, pese a todos sus llamamientos para que enviaran la firma de sus representantes legales, necesaria para integrarse en la coalición.
El partido morado, en cambio, afirma que ellos enviaron a tiempo su firma electrónica, que no era indispensable su presencia física en el registro -ubicado en la segunda planta del Parlamento andaluz- y que fue un desacuerdo de última hora sobre los términos del acuerdo político entre ellos e IU lo que les dejó fuera “contra su voluntad”.
Pasadas las 00.00 horas, Podemos decidió presentar por vía telemática dos solicitudes para inscribir la coalición de seis partidos. Era un gesto “simbólico”, dicen, para demostrar su voluntad de acuerdo, aunque sabían que sería desestimada por la Junta Electoral por entrar en el registro fuera de plazo. Así fue, el órgano competente las rechazó: una tenía hora de registro a las 0.14 y otra a las 1.07 horas.
Uno de los problemas para entender este lío es que había seis partidos negociando la coalición desde hacía ocho meses, pero en la recta final el diálogo se limitó a IU y Podemos, con una presencia activa de sus líderes nacionales. Estaba en juego el candidato a la Presidencia de la Junta -finalmente la elegida es Inma Nieto, diputada de IU y portavoz de Unidas Podemos en la Cámara- el reparto del cartel electoral en las ocho provincias, el reparto de los recursos económicos, los gastos de la campaña electoral y el personal técnico que contratará cada partido, e incluso los puestos que ocuparán en los órganos de extracción parlamentaria.
Pero también estaba en juego la hegemonía del espacio progresista en España, que se lo disputan en diferido y a través del pulso andaluz la vicepresidenta Yolanda Díaz y la actual dirección de Podemos, aún bajo el aura de Pablo Iglesias. Lo que desbloqueó la candidatura conjunta cerca de la medianoche fue precisamente la intervención de Díaz, que ha pasado del distanciamiento cauto inicial con el proceso andaluz a una implicación más activa, tras su llamamiento a la unidad y su foto con Inma Nieto en la Feria de Sevilla.
La formación morada asegura que envió el documento de su acuerdo con IU, adjunto al formulario para inscribir la coalición ante la Junta Electoral, a las 23.29 horas. IU confirma que les llegó la propuesta a través de Josep Vendrell, persona de confianza de Yolanda Díaz. A las 23.38 horas, el coordinador regional de IU, Toni Valero, dio el visto bueno a ese documento, que es el que finalmente se le distribuiría a la prensa.
El problema es que Podemos quería que el acuerdo político con IU figurase en el formulario de coalición ante la Junta Electoral, algo que no es indispensable, pero que puede aparecer en un apartado específico para “cláusulas políticas”, explican fuentes parlamentarias. IU no lo consideraba necesario: “porque no obliga jurídicamente, sólo políticamente”.
Y Más País discrepa todavía más y apunta hacia otra dirección: “El documento que nos envió Podemos cambiaba el órgano de coordinación de la coalición ya pactada, añadía cosas y quitaba otras cosas que ya habían sido consensuadas por las cuatro fuerzas firmantes. Aunque hubiese llegado a tiempo al registro, que no lo hizo, no íbamos a validar un documento que no habían negociado con nosotros y en el que, sin embargo, aparecía nuestra firma porque lo insertaron en el formulario de la coalición anterior”, explican fuentes del partido errejonista, subrayando que el problema de fondo no es jurídico, técnico o administrativo, sino político.
12 horas después de anunciar el acuerdo e inscribirse como coalición, Podemos e IU se enzarzaron en un cruce de versiones y acusaciones que eclipsan toda la trascendencia política y las expectativas electorales que pudieran tener depositadas en esta alianza. Desde la Junta Electoral Andaluza explican que ni la versión de Podemos ni la de IU son determinantes: el registro de la coalición no tiene por qué ser presencial, como sostienen IU y Más País, que tuvieron a sus apoderados en el Parlamento desde las diez de la mañana hasta que se agotó el plazo, a las doce de la noche. La gran mayoría de partidos políticos y coaliciones que se han inscrito para las elecciones andaluzas lo hizo de forma telemática, enviando un correo electrónico con la firma digital.
Sin embargo, la Junta Electoral también desmiente que fuera “IU quien tenía que registrar la coalición, al ser suya la candidata”, como defiende Podemos. En el documento de constitución de la coalición 'Por Andalucía' no figura el nombre de Inma Nieto, y la Junta Electoral aclara que no tiene por qué. Sí aparece el logo de las cuatro formaciones firmantes y el reparto pactado de los puestos en los órganos de dirección: seis de IU, tres de Más País, dos de Equo y uno de Iniciativa el Pueblo Andaluz. El texto, de 15 páginas, recoge un reglamento interno de funcionamiento, por ejemplo, sobre cómo adoptar decisiones políticas en caso de desacuerdo entre las partes o de empate.
Sobre el reparto de las subvenciones electorales, no dice lo mismo el acuerdo de coalición registrado por las cuatro formaciones que el pacto alcanzado después entre Podemos e IU. El primero sostiene que el reparto del dinero destinado a sufragar los gastos originados por la campaña electoral “se realizará en función al porcentaje de aportación económica que realice cada partido coaligado de acuerdo al presupuesto de campaña que será aprobado por el Equipo de Coordinación, siempre y cuando la subvención electoral cubra el 100% del gasto realizado”. En el acuerdo entre Podemos e IU, los recursos parlamentarios y extraparlamentarios se reparten al 60% para Podemos y el 40% para IU, y los gastos de campaña y posterior subvención al 50%.
El apartado que establece cómo se crean los equipos de trabajo de la coalición 'Por Andalucía' y del grupo parlamentario también presenta grandes diferencias con el acuerdo alcanzado in extremis entre Podemos e IU, que se reparten los asesores y colaboradores al 60-40%. En este documento, sobre el que pivotó el pulso final para desatascar la confluencia, sólo se habla del reparto del dinero, de sillones y de cargos en las instituciones que correspondería a cada uno, bajo la presunción de que lograrán un resultado electoral amplio y satisfactorio para todos, según los términos de este acuerdo.
La coincidencia programática, los principios compartidos, el objetivo común de robustecer el bloque de fuerzas progresistas para frenar el avance de las derechas en Andalucía fue lo primero que se acordó, en el inicio de la negociación. Pero ha sido ahora, con el foco mediático sobre ellos, cuando han aireado las discrepancias más básicas que tenían bloqueada la confluencia: el poder y el dinero.
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