Los centros penitenciarios españoles “sufren las penurias derivadas de la falta de personal”. Lo dice un informe del Sindicato Profesional de Sanidad Penitenciaria y también lo viene a reconocer el propio Gobierno de España en los datos facilitados a la senadora andaluza de Podemos, Maribel Mora.
La situación de “caos asistencial” que describe el sindicato se verá “agravada” en los próximos años, según advierten, pidiendo “medidas urgentes que faciliten la transferencia de la sanidad penitenciaria a las comunidades autónomas” (el Senado lo pidió unánimemente en octubre de 2016) e insistiendo en que se realice “la trasferencia inmediata de la sanidad penitenciaria al Ministerio de Sanidad y una negociación conjunta con todas la comunidades en el marco del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud”. Interior anunció hace casi un año que sería en 2017 cuando iba a cerrar el traspaso de la sanidad penitenciaria a las regiones, sin que hasta ahora se haya concretado traspaso alguno.
De la información oficial en varias respuestas a la senadora Mora se desprende que las bajas definitivas del personal del Cuerpo Facultativo de Sanidad Penitenciaria que se producen cada año no se cubren ni siquiera en las plazas que se convocan. En concreto, de 2008 a 2017 hay 123 bajas de las que sólo se han cubierto 62. Pero es que las plazas ofertadas ni siquiera cubren el total de las bajas: 105. Por tanto, a la falta de personal existente hay que añadir 61 médicos que tras bajas definitivas no se han repuesto sus plazas.
A eso se le suma la elevada edad de los facultativos (el 88,51% tiene más de 50 años y 97 de ellos tienen más de 60 años), según la abundante información aportada por el Gobierno, y que las contrataciones ofertadas para interinos por carga de trabajo no llegan ni al 50% de la oferta en algunos años (29,5% en 2016 y 33,3% en 2017). “Sería muy interesante que el Ministerio de Interior explicara por qué razón los profesionales non quieren ser contratados en la administración penitenciaria”, comenta Mora.
A expensas de que el Ministerio quiera aclarar esta cuestión (este periódico ha probado suerte sin éxito), la senadora considera que “ni siquiera se ofertan las bajas definitivas, no se cubren las convocatorias y de sustituciones de bajas temporales ya ni hablamos”. “La precarización, las condiciones son cada vez peores, y eso afecta a la atención a los presos, que ya era muy deficitaria antes”. En su opinión, la actitud del Gobierno obedece a que quieren “traspasar por el mínimo de dinero la sanidad cuando la consiigan tranferir a las comunidades autónomas, por supuesto a costa de los profesionales y, sobre todo, de los presos”.
“Caos asistencial” y traspaso competencial
Según denuncia el Sindicato Profesional de Sanidad Penitenciaria en un informe del pasado diciembre, al que acompaña un completo listado con las relaciones de puestos de trabajo de funcionarios médicos, facilitado por el portal de transparencia del Ministerio del Interior, “no debiera Instituciones Penitenciarias permanecer ajena a su responsabilidad de garantizar la vida y la salud de la población reclusa.
“Distintos centros penitenciarios sufren las penurias derivadas de la falta de personal” y, en muchos casos, las relaciones de puesto de trabajo que aparecen como cubiertas no lo están, puesto que se trata de profesionales con situaciones de excedencia por cuidado de hijo, comisiones de servicios, bajas laborales de larga duración, etc.“, advierten.
“Esta situación lleva a que en muchos centros se produzcan alteraciones muy graves en la normal asistencia sanitaria a la población reclusa, en algunos casos los profesionales se ven incluso en la obligación de realizar una denuncia pública de la misma”, por ejemplo en Jerez o en Algeciras. Este periódico publicaba hace unos meses la situación en el Psiquiátrico Penitenciario de Sevilla.
En los próximos años el problema asistencial se recrudecerá más ante la falta de efectivos médicos, ya que actualmente más del 75% de los médicos que trabajan en los centros penitenciarios tienen más de 55 años, apunta el sindicato. Por otro lado el ingreso de nuevos funcionarios médicos para sustituir las bajas se ve afectado notablemente por “la gran diferencia retributiva con los servicios de salud de las comunidades autónomas”. A modo de ejemplo señalan que “en la promoción de médicos del 2016 aprobaron 14 médicos, actualmente solamente 6 permanecen trabajando en la institución”. Según los datos recogidos del portal de transparencia del Ministerio del Interior por parte del sindicto, el 25,1% de las plazas de médicos de los centros penitenciarios están vacantes.
La opinión del Gobierno
En el citado informe se narra un episodio ocurrido el 30 de noviembre de 2017 en la Comisión de Interior del Congreso. El secretario general de Instituciones Penitenciarias fue interpelado por el diputado por Navarra Eduardo Santos sobre la situación del centro penitenciario de Ocaña I: “Tiene cinco médicos a su cargo, pero cuando el último médico se cogió un permiso, al que legítimamente puede tener por derechos laborales, resulta que hubo un tiempo durante el cual esa cárcel no tuvo ninguna asistencia médica y sanitaria, con las implicaciones de prevalencia de salud que usted sabe que hay en las cárceles y que, por lo tanto, espero no me lo niegue. Me podrá usted decir que es un caso aislado, su gestión puede estar llena de casos aislados, pero le puedo mencionar más cárceles, por ejemplo la de Algeciras, o algunas otras que podríamos entrar a determinar. ¿Es esto casual? No..”
La contestación de Ángel Yuste fue la que sigue: “Habla su señoría de los problemas de salud y me cita los centros de Ocaña I y Ocaña II. En la relación de puestos de trabajo de Ocaña I hay dos médicos y cinco ATS. Yo soy de un pueblo de la Serranía de Cuenca. Compare usted la atención sanitaria que se dispensa con ese número de efectivos a los internos privados de libertad y la que tienen algunos de mis paisanos y eso le contestará. La escasez de personal técnico no sé de dónde la saca usted, sinceramente”.