“Chapa y se acaba” fue uno de los muchos cánticos utilizados por los piquetes durante la huelga general del 29 de marzo de 2012 en Granada. “Chapa” (es decir: baja la persiana, cierra el negocio) y “se acaba” la protesta en tu local. Fue uno de los gritos que se escucharon nada más comenzar oficialmente la jornada en un bar de la céntrica calle Martínez Campos. Y también uno de los argumentos utilizados por un juez para que dos personas se enfrenten hoy a una posible condena de tres años y un día de prisión.
Se trata de Carmen y Carlos: dos de los integrantes de aquel piquete, de “más de 200 personas”, que trataron de hacer efectivas, desde el primer minuto, las 24 horas estipuladas de huelga general. Dos de las personas de un grupo más reducido (de medio centenar) que entraron en el mencionado local, como ya habían hecho en otros, para intentar que los dueños “se solidarizasen” con la protesta (marcada especialmente por la recién aprobada reforma laboral).
En este caso, sin embargo, la conversación con la propietaria del establecimiento se alargó. “Ocurrió lo habitual en una protesta así”, explican desde el grupo Stop Represión del 15M de Granada, aglutinador del piquete: “Cánticos, pegatinas, ruido. Chapa y se acaba”. También una pintada en el interior del bar. Pero el diálogo con la dueña y varios de los presentes allí, conocidos de ella, fue tenso desde el principio, insultos mediante. La propietaria, nerviosa, acabó llamando a la policía (si bien los dos agentes que acompañaban al piquete desde el principio de la marcha no consideraron pertinente intervenir en ningún momento). El grupo fue abandonando el local, pero varios de los manifestantes se quedaron allí, dóciles, esperando a que entraran los agentes para proceder a su identificación. Carmen entre ellos, y cuenta que “al entrar” les pidieron los carnés de identidad “de manera aleatoria”.
El local siguió abierto, el piquete continuó su recorrido sin más incidentes… Pero al día siguiente la dueña del bar interpuso una denuncia por daños en el mobiliario. Entonces llegó la “sorpresa”, explica Carlos: “Recibir la denuncia, llamarnos a declarar… y el resultado del juicio”, un año después de aquel día de huelga.
El tercer manifestante identificado, Justo, tuvo más suerte y se cayó del proceso judicial. Carlos (estudiante de medicina) y Carmen (trabajadora en paro) no tuvieron la misma suerte: con el testimonio de la dueña del local como única prueba, sin más testigos que la respaldasen posteriormente y sin informe pericial alguno, fueron finalmente condenados, el 23 de mayo de 2013, a tres años y un día de prisión, más el abono de 3.655 euros, por un presunto delito de “atentado contra los derechos de los trabajadores”, en lo que se interpretó como amenazas y coacciones contra la responsable del establecimiento. Ellos aseguran que el fiscal pidió explícitamente al juez “una sentencia ejemplarizante”.
Los acusados interpusieron un recurso ante la Audiencia de Granada sobre el que deliberaba este martes y para cuya ocasión fue convocada una multitudinaria concentración a la puerta de los juzgados de Plaza Nueva. En otros 15 ó 20 días se sabrá si quedan absueltos Carlos y Carmen, un par de semanas más que añadir a la angustiosa incertidumbre que les dura ya un año, desde que supieron que aquella protesta podía costarles la cárcel (como está ocurriendo también a otras personas, en otras partes del país).
Carmen, de 56 años, considera que tanto ella como Carlos se juegan mucho. Pero cree que también “están en juego cosas más graves y profundas: si queremos tener sistema verdaderamente democrático o no”. No habla de “manos negras”, pero opina “que tiene que haber un rigor, un mínimo de respeto a la presunción de inocencia”, en referencia a que el juez y el fiscal consideraron que sólo su declaración “era suficiente”.
Para Carlos, esta sentencia no es sino “una condena política” como una forma más de criminalización de los movimientos ciudadanos: “Han visto que no nos pueden parar sólo con multas, quitándonos el sueldo, que seguimos saliendo a la calle, y ahora utilizan el miedo a mandarnos a la cárcel”.
El Grupo Stop Represión 15M, sin embargo, ha conseguido a través de una convocatoria presentar en los juzgados hasta 200 autoinculpaciones de otros compañeros como protestaautoinculpaciones . Para Pepe Iglesias, uno de los juristas del movimiento, se trata de una forma de plantear que, si Carlos y Carmen deben ir a la cárcel por esos motivos, entonces muchos otros deberían estar igualmente condenados. “0Deberían instruirse diligencias contra cada uno de nosotros, pero siendo 200, no lo van a hacer”, expone.
“Un desvarío”
En su opinión, la petición del fiscal de tres años de cárcel es “un desvarío”, no sólo por la “desproporción”, sino también por los argumentos que se plantean: “No tienen testigos. No tienen pruebas. Lo único que lo sostiene es que el juez de primera instancia se creyera lo que dice una sola persona…”.
“No sé si pasa en otros sitios”, cuenta Carlos, “pero aquí, en el 15M, la mayor parte de las multas vienen de la llamada identificación visual de la policíaidentificación visual : no es que te vengan a pedir el DNI, sino que te echan una foto para luego acusarte de estar en tal o cual protesta… cuando hay gente que le ha pasado esto estando en otra ciudad!”. Entiende que desde las instituciones se persigue “generar un desgaste anímico, personal”, en los movimientos sociales.
Carlos y Carmen son optimistas, sin embargo: tienen esperanzas en el sentido común de la sala que decide estos días si todo queda sólo en una larga pesadilla de muchos meses. Pero todavía “quedan días de incertidumbre”, como cuenta Carlos, que ahora está centrado en estudiar: “Porque me quedan sólo un par de asignaturas para terminar la carrera, y ser médico”.