Carlos y Carmen acaban de recibir la comunicación del juzgado que ordena su inmediato ingreso en prisión este mismo miércoles. Han conocido la noticia mientras estaban en la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz, a la que venían para explicar su caso a Jesús Maeztu. Así, empezarán a cumplir desde ya los tres años y un día a los que fueron condenados hace un año por un juzgado de Granada y cuya condena ha sido ratificada hace apenas un mes por la Audiencia Provincial por “un delito contra los derechos de los trabajadores”. Como ellos explican, por participar en un piquete durante la huelga general de 2012.
Carmen asegura a este diario que estaba preparada: “He dejado una bolsa preparada con todo. Estoy animada y sé que hay gente dentro de prisión que ya nos espera”. Está animada por las numerosas muestras de apoyo que han recibido a lo largo de estos meses: manifestaciones, firmas en la red (unas 17.000), autoinculpaciones (“que es lo que hace la vieja escuela” de la protesta) y la próxima manifestación del 28 de junio convocada por Stop Represión. No obstante, esta organización está intentando retrasar lo más posible el ingreso en la cárcel de ambos.
Tras la reunión con el Defensor del Pueblo, Carmen y familiares de Carlos han confirmado que seguirán “luchando” hasta “pedir el indulto si es necesario”. Maeztu les ha mostrado su apoyo por una sentencia que entiende “desproporcionada”, les ha asegurado que contactarán con la Delegación del Gobierno y la Junta de Andalucía para explicarles la situación y que se estudie el caso, y les ha trasladado que apoyarán una peticion de indulto.
Aquel día
“Chapa y se acaba” fue uno de los muchos cánticos utilizados por los piquetes durante la huelga general del 29 de marzo de 2012 en Granada. “Chapa” (es decir: baja la persiana, cierra el negocio) y “se acaba” la protesta en tu local. Fue uno de los gritos que se escucharon nada más comenzar oficialmente la jornada en un bar de la céntrica calle Martínez Campos. Y también uno de los argumentos que han servido al juez para que Carmen y Carlos hayan sido condenados.
Ellos formaban parte de aquel piquete que estaban “más de 200 personas”, que trataron de hacer efectivas, desde el primer minuto, las 24 horas estipuladas de huelga general. También fueron dos de las personas de un grupo más reducido (de medio centenar) que entraron en el mencionado local, como ya habían hecho en otros, para intentar que los dueños “se solidarizasen” con la protesta (marcada especialmente por la recién aprobada reforma laboral).
En este caso, sin embargo, la conversación con la propietaria del establecimiento se alargó. “ Ocurrió lo habitual en una protesta así”, explican desde el grupo Stop Represión del 15M de Granada, aglutinador del piquete: “Cánticos, pegatinas, ruido. Chapa y se acaba”. También una pintada en el interior del bar. Pero el diálogo con la dueña y varios de los presentes allí, conocidos de ella, fue tenso desde el principio, insultos mediante. La propietaria, nerviosa, acabó llamando a la policía (si bien los dos agentes que acompañaban al piquete desde el principio de la marcha no consideraron pertinente intervenir en ningún momento). El grupo fue abandonando el local, pero varios de los manifestantes se quedaron allí, dóciles, esperando a que entraran los agentes para proceder a su identificación. Carmen entre ellos, y cuenta que “al entrar” les pidieron los carnés de identidad “de manera aleatoria”.
El local siguió abierto, el piquete continuó su recorrido sin más incidentes… Pero al día siguiente la dueña del bar interpuso una denuncia por daños en el mobiliario. Entonces llegó la “sorpresa”, explica Carlos: “Recibir la denuncia, llamarnos a declarar… y el resultado del juicio”, un año después de aquel día de huelga.