Pedirán el indulto. Carmen y Carlos, condenados a tres años y un día de cárcel por participar en un piquete durante la huelga general de 2012, van a solicitar su amnistía. Lo harán el próximo martes 24, en el mismo Juzgado Penal Número 1 de Granada que emitió la sentencia y que ejecutó posteriormente la orden de detención e ingreso inmediato en prisión, como adelantó eldiario.es/andalucia. Y llegarán, dado el caso, al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.
Esos días el titular de la sala provincial, el juez Manuel Piñar, debe resolver además sobre la solicitud de suspensión de la condena. Si no prospera, Carlos y Carmen, en estos momentos en situación de “busca y captura”, recurrirán a la Audiencia Provincial de Granada. La Delegación de Gobierno en Andalucía ha recibido también información sobre el contexto en que se mueve un proceso que, si no se revierte, acabará con los implicados en prisión.
Piden “que lluevan las adhesiones” a la amnistía
A partir de ahí, desde la petición oficial de indulto, quieren “que lluevan las adhesiones” a la absolución, escenifican. Como la del Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, ya comunicada, o la Mesa del Parlamento de Andalucía, que debate esa posibilidad. De otro modo, los partidos que componen el órgano rector de la Cámara andaluza –PSOE, PP e IU– pueden optar por emitir algún tipo de declaración por separado sobre una resolución que el propio Maeztu tildó de “desproporcionada” por la distancia entre el “presunto delito” y la condena final. También han expresado su apoyo en este sentido el rector de la Universidad de Granada y el decano de la Facultad de Medicina.
Entre las particularidades de la sentencia emitida, las familias de los activistas –miembros en el momento de los hechos del 15M Granada– y los grupos de ayuda creados en torno al proceso, denuncian que el juez no haya otorgado los habituales quince días de ingreso voluntario en prisión. De ahí la moratoria requerida para un caso que ejemplifica otras muestras similares de doble rasero judicial y criminalización de la movilización ciudadana, señalan colectivos sociales y sindicatos. En la actualidad hay unos 55 procedimientos abiertos que afectan a más de 200 personas que participaron en piquetes y protestan durante huelgas.
Y desde 2013, alrededor de 1.000 manifestantes sancionados con multas de hasta 6.000 euros, con Andalucía como región más castigada por estos autos. En el caso de Carlos y Carmen, los daños denunciados por los dueños del establecimiento ascendían a poco más de 700 euros provocados por pintadas con espray y pegatinas. Carmen propuso al juzgado abonar esa cantidad económica, pero no fue admitido el ofrecimiento. Ahora, Carlos dudaba si pedir el indulto “por cuestiones morales”, convencido de su inocencia, resaltan.
En las últimas semanas se han sucedido las muestras de apoyo llegadas desde Bogotá, Londres, Cracovia… O los más de 17.000 firmantes en la red –entre ellos Noam Chomsky, Almudena Grandes o Carlos Jiménez Villarejo– y las cerca de 3.000 personas que volvieron a darse cita en Granada como repulsa a la decisión judicial. Una concentración que se repitió en otras ciudades de España, en menor número. En Sevilla se vivió un “encierro solidario” en la sede de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) que ha culminado en una concentración frente a la sede del colectivo.
“Esta sentencia hace evidente cómo aumenta la represión del Estado en un contexto que provoca cada vez una respuesta más organizada por una situación que vulnera los más elementales derechos”, analizan desde la sección de apoyo jurídico. “Vivimos momentos de involución al socaire de la crisis económica”, apostilla un activista. “Ahora hay un hálito de esperanza de que no entren en prisión”, manifiestan otro. “Carlos y Carmen podríamos ser cualquiera de nosotros”, concluyen.