Tal día como hoy, hace cuatro años, se incoaron las diligencias previas más conocidas de Andalucía y que mediáticamente se denominaron 'caso de los ERE'. Después de 229 imputados (y nueve señalados), 140.000 folios de instrucción a lo largo de unos 243 tomos, cerca de 3.000 millones en fianzas de responsabilidad civil, cientos de embargos y “una ilegal aplicación de fondos públicos por importe de 855 millones de euros”, según la principal conclusión de la jueza Mercedes Alaya, el quinto año de investigación judicial pudiera ser definitivo en algunos aspectos.
Durante 2015 se podrían conocer las primeras resoluciones después de cuatro años de instrucción y, quién sabe, conllevar algún que otro funeral, ya sea político o judicial. Pudiera darse el funeral de la propia causa en cuanto a sus consecuencias políticas más importantes. Muchos están pendientes de conocer qué decide el Tribunal Supremo con la denominada parte del procedimiento específico y si, como mantiene Alaya, el Gobierno andaluz realmente maquinó a nivel interno un complejo sistema para sostener la paz social en la comunidad autónoma y desviar conscientemente ayudas públicas y subvenciones laborales para mantenerlo vivo entre 2000 y 2012 mediante “un selecto círculo de influencias” (UGT, CCOO, mediadores de seguros o abogados).
En la mano del Supremo está si ese supuesto entramado lo conocían y permitían los máximos representantes de Andalucía en aquel entonces (los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán) y si por ello deberán hacer frente a algún tipo de responsabilidad penal. El Supremo, por su condición de aforados nacionales, también tiene en la mano el futuro judicial de los exconsejeros Mar Moreno, Gaspar Zarrías y José Antonio Viera.
El juez instructor del Supremo encargado del caso, Jorge Barreiro, dispone desde el 7 de enero una copia de la causa al completo. Aún no ha ejecutado ninguna diligencia procesal al respecto ni citación, si bien tiene ya toda la documentación incluida en el caso para consultarla, ponerla a disposición de las partes personadas y establecer algún tipo de contacto con peritos, Guardia Civil o con la propia jueza Alaya mientras “se empapa” de una causa tan amplia y compleja, han asegurado fuentes del alto tribunal.
Por su lado, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, igualmente, investigará a los aforados andaluces, actuales diputados autonómicos (cuatro exconsejeros). Alaya prepara concienzudamente estos días una nueva exposición razonada que elevará al alto tribunal andaluz, bien diferenciada de la que elevó al Supremo en verano y en la que estaría incidiendo en la supuesta participación de los ahora parlamentarios andaluces (Aguayo, Vallejo, Avila y Recio), según fuentes del caso, recorriendo de nuevo la totalidad de la causa.
También, y como consecuencia de ambas circunstancias, podría morir el camino político de los nueve aforados. La presidenta de la Junta, Susana Díaz, apenas una semana antes de que el Supremo abriera la investigación, advertía de que “no va a haber imputados sentados en los escaños”. Nueve funerales políticos en manos del Supremo y del TSJA. El jefe de Díaz en el PSOE, Pedro Sánchez, aunque menos claro respecto a este asunto en un principio, a finales de diciembre decía definitivamente en La Sexta que “si son imputados, les exigiré que abandonen”.
El posible traslado de la jueza a la Audiencia
Podría darse el caso también de que se diera el funeral, como instructora, de la propia jueza Alaya. Acaba de enviar la instancia para optar a una de las cuatro plazas de magistrado que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en la Audiencia de Sevilla, donde se crea una quinta plaza en cada una de las cuatro secciones de lo penal. Su antigüedad en la carrera judicial es una baza importante para que el órgano de gobierno de los jueces pueda tenerla en consideración pero tampoco está del todo claro que le den ese nuevo destino.
Alaya, de 51 años (los últimos 17 en el mismo juzgado), en caso de que se le conceda el traslado, podría disfrutar en cualquier caso de una comisión de servicio para concluir algunas de las macrocausas que investiga, entre ellas el caso de los ERE. Sería un caso similar al del juez Ruz en la Audiencia Nacional, a quien el CGPJ ha autorizado a seguir investigando los casos Gürtel o Bárcenas, en principio, hasta el próximo mes de marzo. Alaya, a expensas de lo que decidan los tribunales superiores respecto a los aforados, se seguiría encargando de la parte de la investigación relativa a la ejecución administrativa y material del supuesto fraude con los ERE, consistente en la suscripción de convenios particulares de colaboración y de pólizas de seguro.
Otro funeral que podría darse, optimista, es el del caso en sí mismo, al menos en su fase de investigación. Con la instrucción ya avanzada, sobre todo la Fiscalía Anticorrupción ha insistido continuamente en la conveniencia de no eternizar el proceso judicial para agilizar el caso. La propia Junta, personada como acusación, habla últimamente sin tapujos de una posible prescripción de determinados delitos. Por eso, pero principalmente por no verlo ajustado a derecho, no se han mostrado especialmente partidarios de que Alaya haya pedido recientemente más informes sobre otras empresas públicas andaluzas. El posible traslado de la jueza conllevaría que tuviera que acelerar el cierre de la investigación de los ERE, al menos en el aspecto de la ejecución de la supuesta trama, no de la supuesta ideación del sistema que ha quedado en manos del Supremo y del TSJA.
Principio y fin
El caso, cabe recordarlo, nace de las prejubilaciones fraudulentas descubiertas en los dos ERE promovidos en 2003 y 2007 por Mercasevilla y la inclusión de los denominados 'intrusos', aquellos beneficiarios de prejubilaciones pese a no formar nunca parte de la plantilla del mercado central. La Policía Judicial puso entonces de manifiesto indicios de la presunta existencia de una trama que tendría por objeto la utilización fraudulenta de ERE con planes de prejubilación anticipada mediante pólizas de rentas colectivas cuyas primas eran financiadas en su mayor parte por la Junta.
Tras tres años y medio de investigación, Alaya daba cuenta este verano al Supremo de sus principales conclusiones, entre las que destacan que el desvío de fondos se concretó mediante una partida presupuestaria “claramente inadecuada” como eran las transferencias de financiación. Dicha figura estaba definida por “numerosas órdenes y leyes emanadas del propio Parlamento como destinada estrictamente a ”equilibrar la cuenta de pérdidas y ganancias“ de las agencias IFA e IDEA, que pagaron los fondos.
La consecuencia de no utilizar el crédito adecuado, según Alaya, fue permitir de “manera intencionada” una serie de irregularidades como eludir el procedimiento legalmente previsto para el otorgamiento de subvenciones, evitar los controles de la Intervención de la Junta y “la existencia de una clara y palmaria discrecionalidad en el uso de los fondos públicos”, pues las subvenciones se concedían “sin solicitud, sin documentación justificativa” y además por un órgano “manifiestamente incompetente”. “Se producía -siempre según las conclusiones de las investigaciones de la jueza Alaya- una auténtica subversión del ordenamiento jurídico”, pues “amén de las normas reguladoras de las subvenciones, se infringieron preceptos tan elementales como la Constitución y el Estatuto de Autonomía”.