En febrero del año pasado Vanessa Romero, una concejala socialista de la localidad andaluza de Maracena, fue secuestrada en la puerta del colegio donde acababa de dejar a sus hijos. El secuestrador no era ningún extraño: era la pareja de la alcaldesa del municipio, también del PSOE. Mientras maniataba y encañonaba a la víctima con un arma de fogueo, un nombre se colaba entre los gritos y los llantos: Berta. Berta Linares, la alcaldesa.
El caso arrancó con una trama corrupta intentando dar un susto a una concejala díscola, hizo cumbre con la incriminación de la regidora tres días antes de las elecciones y ha vuelto al punto de partida: el único imputado es el supuesto autor del secuestro y todas las teorías que implicaban a Linares y otros cargos del PSOE en Andalucía han quedado archivadas. La regidora dejó el cargo tras ganar las elecciones y los pactos políticos llevaron al PP a la alcaldía de Maracena tras 16 años de gobierno socialista.
La documentación del caso dibuja una instrucción judicial partida en varios trozos y condicionada, desde el principio, por la confesión de Pedro G.R., autor del secuestro. En una de sus declaraciones confirmó punto por punto todo lo que relató la víctima: abordó a la mujer en la puerta de un colegio, subió en su coche fingiendo que necesitaba ayuda para llegar a una gasolinera, sacó una pistola y finalmente obligó a Romero a meterse maniatada en el maletero. Ella contó que salió del coche a patadas y varios testigos confirmaron el resto: cómo fue hallada en estado de máximo nerviosismo y ayudada por policías y por su hermano.
Todas las pruebas en torno al secuestro y la imputación de Pedro G.R., por el momento, coinciden a falta de un juicio que las confirme. Pero la declaración de la víctima y del acusado abrieron una segunda vía: la posible implicación de la alcaldesa Berta Linares, el concejal Antonio García y el entonces secretario de organización del PSOE andaluz, Noel López, en el secuestro. Las pruebas que en un primer momento fueron claves y creíbles para el instructor se fueron diluyendo al paso de la causa por instancias superiores hasta quedar, finalmente, en meras sospechas sin corroborar.
El nombre de la alcaldesa surgió por primera vez durante el propio secuestro. El acusado, según la víctima, no paraba de reprocharle su mala relación con la regidora, aunque no contestó cuando ella preguntó si Linares estaba al tanto de todo. Después de una confusión inicial en la que el crimen se atribuyó al exmarido de la alcaldesa y no a su actual pareja, otros testigos comentaron por WhatsApp que estaban convencidos de la implicación de la primera edil de la localidad. Ella, además, se había visto brevemente con el secuestrador después de los hechos. Para cuando la Policía llegó a su despacho ella ya sabía, dicen los investigadores, lo que había sucedido.
La tormenta judicial se desató con toda su fuerza contra la alcaldesa cuando el acusado del secuestro declaró en marzo de 2023. No se limitó a afirmar que los tres cargos socialistas estaban al tanto del secuestro, sino que dio detalles de cómo le habían encargado hacerlo. En enero de ese año, dijo, se reunió en la Taberna del Ángel de la localidad con los tres y le pidieron dar “un susto o un escarmiento” a la víctima. No solo eso, sino que justo antes de poner rumbo al colegio para secuestrar a Vanessa Romero se metió la cocaína que la propia alcaldesa le había dado. Y detrás de todo, sospechaban los investigadores, estaba un intento de los socialistas de tapar posibles irregularidades en varios casos de corrupción que afectaban a una gasolinera, un gimnasio o unos talleres y sus licencias.
Toda esta información llevaba desde el día del secuestro en manos del juzgado bajo secreto de sumario. Un secreto de sumario que se levantó el 25 de mayo de 2023, tres días antes de las elecciones municipales en las que el PSOE de Berta Linares aspiraba a revalidar la alcaldía del municipio. Ese mismo día el juzgado elevó todas estas pruebas al Tribunal Superior de Andalucía para que los tres fueran imputados. A pocos días de la cita con las urnas, las declaraciones del supuesto secuestrador fueron dadas por buenas y no faltaron, incluso, los reportajes desde la taberna maracenera donde se había decidido todo. El problema es que no fue así.
Con el paso del tiempo las pruebas, a ojos del juez y de otros tribunales superiores, no avalaron casi nada de lo que había dicho. Ni sobre esa misteriosa reunión previa, ni sobre la cocaína ni sobre la supuesta trama corrupta que quería silenciar a la víctima para ocultar irregularidades. Sobre la cocaína, tal y como adelantó elDiario.es en Andalucía, un informe pericial que examinó sus muestras de cabello concluyó que ese día no se había drogado, contradiciendo lo que afirmó tajante en sede judicial.
Los tribunales andaluces, poco a poco, también fueron desinflando algunas partes de su escandalosa confesión, sin dejar de dar veracidad a la existencia misma del secuestro y a la declaración de la víctima sobre lo que pasó esa mañana. Por un lado, el 15 de junio del año pasado, el Tribunal Superior de Andalucía rechazó abrir una causa contra Noel López, diputado en el Parlamento andaluz y, por tanto, aforado. La razón: no es solo que no hubiera pruebas suficientes para demostrar su implicación, sino que el juez no había puesto en marcha diligencias para demostrarlo más allá de escuchar al acusado de perpetrar el secuestro.
Poco después, el 27 de junio, el juzgado de Granada tomaba la decisión de abrir una nueva pieza separada para investigar directamente si Berta Linares había instigado el secuestro de Vanessa Romero. Para entonces el proceso judicial había entrelazado sus caminos con la política: el PSOE había ganado las elecciones en la localidad, pero había perdido casi la mitad de los apoyos que tuvo en la última cita con las urnas. Linares había dimitido para facilitar un pacto que, finalmente, no se produjo: el PP se hizo con la alcaldía después de un pacto con Vox y otras dos formaciones más. El juez, poco después, pedía una batería de decenas de diligencias a la Guardia Civil.
El siguiente varapalo a la causa y a la confesión del supuesto secuestrador llegó el 30 de octubre, esta vez de la Audiencia Provincial de Granada. Los jueces archivaron entonces las piezas separadas que investigaban las supuestas irregularidades urbanísticas que la víctima quería destapar y que la alcaldesa y sus socios querían ocultar. El móvil del secuestro no fue, como dijo el acusado, una operación para tapar la corrupción en el consistorio de Maracena.
Para entonces el juez instructor del caso ya tenía encima de la mesa un informe de la Guardia Civil que, anexos incluidos, ocupa más de 250 folios. Y su última decisión llego ya este año, el pasado nueve de enero: dejar a Pedro G.R a las puertas de juicio por perpetrar el secuestro y archivar el caso contra la exalcaldesa y el concejal. Ni una sola prueba del procedimiento ha avalado la confesión del supuesto secuestrador, que meses atrás sí mereció credibilidad suficiente como para abrir piezas separadas y pedir la imputación de Berta Linares a pocos días de los comicios.
El juez reconoció en ese auto que toda esa línea de investigación se basó única y exclusivamente en la declaración del acusado. Habla en la resolución de unos indicios “inexistentes” sobre “la presunta inducción”. Traducido del lenguaje judicial, no existía ninguna prueba que implicara a Berta Linares y Antonio García en el secuestro de la víctima. El resto de indicios sobre los encuentros y las llamadas habían pasado de impulsar una acusación a tener, como mucho, “una mera eficacia coadyuvante” como prueba.
El resultado es que en 11 meses la causa ha pasado de investigar un secuestro dentro de una trama corrupta del Ayuntamiento de Maracena a investigar el secuestro, dejando por el camino un reguero de cadáveres políticos que, a día de hoy y a falta de posibles recursos, no están acusados de nada. El secreto de sumario se levantó pocos días antes de los comicios y el juez, sin pruebas suficientes según ratificó el TSJ de Andalucía, pidió una imputación del número tres del PSOE andaluz de la que nunca más se supo.
El caso ahora se encuentra cerca de juicio. El último auto del instructor acusa a Pedro G. R. de un delito de detención ilegal, dos de amenazas, otro leve de lesiones y uno más de lesiones psíquicas por secuestrar a Vanessa Romero y por las secuelas que el crimen ha tenido para la víctima. Esto implica que, salvo cambio de criterio por parte de los tribunales, ni la alcaldesa ni el concejal se sentarán finalmente en el banquillo por un caso que marcó la campaña de las últimas elecciones en el municipio.
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