OPOSICIONES
La Junta de Andalucía ha suspendido doce días de empleo y sueldo a un profesor por difundir en un grupo de Whatsapp un escrito crítico con las oposiciones de Secundaria en Andalucía. “Pido perdón, y necesito hacerlo, a todos y cada uno de los opositores de mi tribunal. Antes que nada, sabed que muchos de quienes no habéis superado la primera prueba, ni tampoco superaréis la segunda, no tenéis la culpa de ello. El responsable último es un sistema de selección injusto y opaco que os ha centrifugado”, comenzaba la carta difundida en julio de 2021, que apreciaba varios problemas estructurales en el sistema de oposiciones.
Desde el principio, la carta, que se nutre esencialmente de valoraciones subjetivas, fue considerada por la consejería de Educación de la Junta de Andalucía como una revelación de material clasificado. En ningún momento se cuestionó la veracidad o la ilegalidad de lo que allí se contaba, sino el hecho de que se hubiese contado. Responsables de la administración desplegaron una incisiva investigación para castigar a su autor o difusor, incluyendo largos cuestionarios a compañeros, un interrogatorio de tres horas al presunto autor, la petición de grabaciones al periodista que suscribe o el hostigamiento al profesor cuando había acreditado su baja médica por un infarto lacunar.
Dos años después, la consejería de Educación ha sancionado por una falta grave a Ismael Ramos, profesor de Secundaria de un instituto granadino, al que acusa de incumplir un deber de sigilo en su condición de vocal de un tribunal de oposiciones.
Ramos, cuya defensa ha asumido el sindicato CGT, ha interpuesto ahora un contencioso contra la consejería, a la que acusa de vulnerar su derecho a la tutela judicial efectiva por su forma de tramitar el expediente. Valora incluso presentar una querella. Entiende que le han represaliado por una crítica fundada que, en todo caso, se ampararía en su libertad de expresión. Un derecho fundamental que, si colisiona con otros derechos o deberes, debe interpretarse de la forma más amplia posible.
En este mismo periodo, la misma administración ha intentado corregir algunas de las deficiencias que se denunciaban en la carta en las oposiciones que ahora se desarrollan, admitiéndolas implícitamente.
La Consejería de Educación ha rechazado valorar este asunto.
“Pido perdón” condensaba críticas habituales que formulan en privado opositores y docentes. Entre otros problemas, el texto apuntaba la falta de formación específica de los miembros de los tribunales de oposiciones, la sucesión ininterrumpida de jornadas de corrección (que repercutiría en el rigor y la equidad del proceso), la no correspondencia entre las pruebas y la realidad del aula, o la falta de transparencia.
El documento “autoinculpaba” a su autor como partícipe de un sistema “injusto y cruel”, calificado de “pantomima” porque intervienen en él elementos de arbitrariedad que la administración no corrige. “¿Es posible calificar ese volumen de ejercicios con rigor y equidad en ese plazo?”, se preguntaba.
El texto se hizo relativamente viral durante las oposiciones de julio de 2021, a partir de su difusión en un grupo privado de Whatsapp de CGT y un foro del sindicato Ustea. Este medio informó sobre la carta entrevistando a Ramos, en un contexto marcado por las quejas de opositores, que llegaron a agruparse para interponer un recurso por la opacidad del sistema, que aún se dirime en los tribunales.
Aunque no tiene la comprobación material de que sea el autor, la consejería lo da por hecho y ha suspendido a Ramos doce días de empleo y sueldo por difundir una carta “relatando detalles del funcionamiento de los tribunales”. Subraya exactamente tres “detalles”: que los miembros del tribunal hacen jornadas de 12 a 14 horas diarias, que tuvo que calificar 3.500 páginas en una semana y que el tribunal, “en el mejor de los casos”, cuenta con un día y una tarde para calificar todas las programaciones.
Para la consejería de Educación, estas revelaciones incumplen el deber de sigilo al que está obligado y causan perjuicio a la administración. En concreto, “a la credibilidad y transparencia del proceso selectivo que se encontraba en curso”. La sanción también sugiere que Ramos “menoscabó” o “atentó” contra la “dignidad de la administración”.
En cambio, se libró del otro de los cargos que formulaba la instructora, que apreciaba una “conducta constitutiva de delito doloso relacionadas con el servicio o que causen daño a la Administración o a los administrados”, “grave perturbación del servicio” y “atentado grave a la dignidad de los funcionarios o la administración” en las manifestaciones subjetivas de la carta.
Ramos ha demandado a la administración por vulnerar su derecho a la tutela judicial efectiva. Cree que, en su empeño por castigarle, la administración obvió plazos y normas, y retrotrajo el expediente a conveniencia. Por ejemplo, la instructora, Carmen Rojo, ignoró inicialmente sus alegaciones, presentadas en tiempo y forma. También dictó la resolución cuando ya habría caducado el plazo. La administración lo reconoce, pero dice que eso carece de importancia. “No puede ser entendido como riguroso y el incumplimiento del mismo debe considerarse como irrelevante”, recoge la resolución, firmada por Alfonso Laínez, jefe del servicio de régimen jurídico.
En mitad de este proceso, Ramos sufrió un accidente cerebrovascular que motivó su baja médica. El profesor, que cree que tuvo que ver el estrés generado por el expediente sancionador, acusa a la administración de ignorar los informes que acreditaban la dolencia y la propia baja, que le impedía acudir presencialmente a recoger una notificación.
En este tiempo, la administración no ha escatimado esfuerzos para recabar pruebas. La instructora llegó a requerir a este periodista la grabación de la conversación telefónica con Ramos, informando de que en caso de no entregarla sería citado a declarar, primero ante ella y luego ante un juez. “Esto se va a ir a un contencioso y va a ser llamado por un juez”, advirtió, anticipando así el sentido de la resolución cuando el expediente aún se instruía. En todo caso, la notificación llegó tarde a la redacción del periódico, pasada la fecha en la que se citaba.
Según la demanda de Ramos, el especial celo sancionador contra él podría tener su origen en el enfado de algún alto cargo político. Aquellos días, Ramos entregó a Pablo Quesada, Director General del Profesorado y Gestión de Recursos Humanos, un informe que documentaba las deficiencias del sistema, y del que ha llegado a hacerse eco el Defensor del Pueblo Andaluz, tal y como ya ha contado este medio.
Profesor de instituto, Quesada entró en la consejería de Educación como asesor del fallecido Javier Imbroda, y en febrero de 2021 fue nombrado director general. Es un cargo político de los tiempos de Ciudadanos en la consejería, que ha conseguido mantenerse con el PP. Curiosamente, tiene un pasado reivindicativo. En su día fue delegado en Jaén de la Asociación de Profesores de Instituto de Andalucía. Entonces denunciaba “un sistema educativo basado en modelos pedagógicos que se sabían erróneos”, y acusaba a la Administración y “quien la apoya” por no ser “capaz de admitir ningún fallo”, y por culpar a los profesores por “no estar lo suficientemente comprometidos”, según declaró a Ideal. En 2016 criticó a la consejería, que pretendía introducir un Plan de Igualdad de Género, por “intentar reconvertir la Inspección en un ”instrumento político“, según recogió ABC.
El director general fue el encargado de presentar las mejoras en transparencia de las oposiciones de este año, que llegan tras el reproche del Defensor del Pueblo y dos años después de la carta viral y las quejas de decenas de opositores. Por primera vez, la administración permite a los candidatos a docente pedir copia y la revisión de los exámenes. También ha aumentado el número de tribunales para reducir la ratio de opositores por tribunal, pasando de forma general de 100 a 85. Se rebaja así la carga del trabajo de sus miembros durante esos días. Es una de las denuncias nucleares de la carta.
Según la consejería, esos avances no se deben a que haya atendido las reclamaciones y quejas de opositores y docentes, sino a los “procesos de evaluación del procedimiento que lleva a cabo la Dirección General del Profesorado y Gestión de Recursos Humanos”.
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