El Gobierno andaluz de PP y Ciudadanos firmó el pasado junio un acuerdo presupuestario con Vox -el primero con la rúbrica de los tres partidos conservadores- que incluía una partida de 100.000 euros en subvenciones a comunidades andaluzas “en zonas con problemas en materia de inmersión lingüística”.
El texto no mencionaba explícitamente a Catalunya, pero los firmantes sí lo hicieron. En este caso, es una propuesta del partido de extrema derecha que PP y Cs comparten en su fondo argumental, a saber, que la política lingüística de la Generalitat pone en riesgo el aprendizaje del castellano en las aulas de Catalunya y, por extensión, el “acervo cultural andaluz”. “Existe la presión de un sector independentista que hace reducir el ámbito de identidad andaluza en Catalunya. Las comunidades andaluzas allí necesitaban nuestra ayuda”, ha subrayado este miércoles el presidente de la Junta, el popular Juan Manuel Moreno.
La iniciativa de Vox tomó forma este pasado martes en el Consejo de Gobierno, que aprobó incluir una línea de subvenciones para actividades y programas destinados a “evitar un abandono paulatino de las raíces culturales entre los descendientes de andaluces en el exterior afectados por procesos de inmersión lingüística”.
La Consejería de Presidencia, que será quien arbitre estas ayudas, tiene un registro de 370 comunidades andaluzas en el exterior, que representan a más de un millón y medio de andaluces que viven fuera de su comunidad. Unos 250.000 residen en el extranjero y casi un millón están afincados en Catalunya, adonde una generación emigró en los años 60 y donde hoy residen con sus hijos y nietos. Uno de esos descendientes es el propio presidente Moreno, nacido en Barcelona, con parte de su familia en Catalunya. En esta ocasión, el líder del PP andaluz no ha respondido a las preguntas sobre la iniciativa de Vox con el distanciamiento habitual respecto a las “ocurrencias” de su aliado externo, porque hay una coincidencia total en los planteamientos y porque el fondo de la cuestión entronca directamente con el discurso defendido por PP y Ciudadanos en Catalunya.
Batalla contra la inmersión lingüística
El PP y Ciudadanos en Catalunya han batallado duramente contra el modelo de inmersión lingüística de la Generalitat, que obliga a los centros públicos y concertados a usar el catalán como lengua de enseñanza. Las fuerzas conservadoras siempre han acusado a los grupos nacionalistas e independentistas de que su política educativa vulnera el “derecho de las familias” a elegir el idioma en el que estudian sus hijos en la escuela pública. Moreno ha admitido este miércoles que la nueva línea de subvenciones para las comunidades andaluzas en el exterior busca “la protección a los castellano hablantes frente a una posición limitadora para los andaluces en Catalunya”. El presidente de la Junta sostiene que en su última visita a las comunidades andaluzas de Barcelona con motivo del 28F (Día de Andalucía), el portavoz de una de ellas le transmitió “de manera muy gráfica, incluso con lágrimas en los ojos” que “se sentían solas y que necesitaban ayuda” frente a la presión independentista que “hace reducir la diversidad de Catalunya”.
Los 100.000 euros de ayudas públicas para el llamado “rescate cultural” en materia lingüística de los andaluces en Catalunya estarán consignados en los Presupuestos autonómicos de 2020, que el Gobierno de PP y Ciudadanos ha empezado ya a negociar con Vox. Se contempla este importe -dentro de una partida global de 800.000 euros para las comunidades andaluzas en el exterior que ya existía- “para potenciar el acervo cultural andaluz”. “Nuestra gastronomía, las señas de identidad andaluzas allí, el flamenco, la Feria, nuestra lengua... Vamos a ayudar. La Junta va a ir de menos a más”, ha subrayado Moreno. La nueva línea de ayudas, inexistente hasta ahora, da un paso más y busca como objetivo específico el “paliar los problemas que originan en los descendientes de los miembros de estas comunidades los procesos de inmersión lingüística, y que pudieran incidir en un abandono paulatino de sus raíces culturales y lingüísticas”. De momento, la Consejería de Presidencia no ha explicado cómo deberán argumentar las asociaciones la solicitud de estas ayudas para justificar que están siendo “amenazadas” por la inmersión lingüística.
La Junta modificará durante este ejercicio las bases reguladoras de las subvenciones a comunidades andaluzas, en régimen de concurrencia competitiva, destinadas a actividades de promoción cultural, orientación a la población andaluza en el exterior y mantenimiento de dichas entidades. Actualmente existen cuatro líneas de subvenciones para comunidades andaluzas en el exterior reguladas por la Orden de 9 de mayo de 2018, entre las que no se incluye la iniciativa a la que ahora se prestará “especial atención”.
Las comunidades andaluzas constituyen, según sostiene la Junta, “una extensa red que ha contribuido a un fuerte desarrollo de la identidad regional y a la consolidación de un importante fenómeno”. La Ley 8/2006, de 24 de octubre, del Estatuto de los Andaluces en el Mundo, establece medidas de apoyo y fomento a las comunidades andaluzas mediante subvenciones que la Junta pueda establecer en el marco de sus competencias.
Gestión de Enric Millo
En los últimos años, dice el Gobierno de PP y Cs en un comunicado, “la Administración andaluza se ha encontrado con un nuevo reto ante la obligada inmersión de toda la población residente en determinados territorios de acogida, lo que podría acarrear una pérdida paulatina del acervo cultural y lingüístico de los andaluces que viven en estos territorios y, especialmente, de sus descendientes”. Las ayudas pertenecen al ámbito de la Consejería de Presidencia, que dirige el popular Elías Bendodo, pero casualmente serán gestionadas por un catalán, Enric Millo, ex delegado del Gobierno de Rajoy en Catalunya durante los días más duros del órdago secesionista, y que fue posteriormente fichado por la Junta como secretario general de Acción Exterior para coordinar la relación del Ejecutivo andaluz con el resto de comunidades autónomas y, por extensión, en el marco de la Unión Europea.
Vox ha aplaudido este miércoles la “rapidez” con la que la Junta ha cumplido con esta “exigencia” del acuerdo presupuestario suscrito el pasado junio. Los populares andaluces admiten que la iniciativa es del grupo ultraconservador, pero recuerdan que su política contra la inmersión lingüística en Catalunya viene de largo. El anterior Gobierno de Mariano Rajoy, con José Ignacio Wert como ministro de Educación, aprobó unas ayudas de 6.000 euros destinadas a las familias catalanas que quisieran escolarizar a sus hijos en castellano. La medida formaba parte de la polémica LOMCE, ley educativa aprobada por el PP en 2013. El Gobierno detraería ese dinero de las transferencias del Estado a la Generalitat en materia educativa. En febrero de 2018, el Tribunal Constitucional admitió un recurso del Ejecutivo catalán y anuló esas ayudas.