Construcciones irregulares y cauces sin limpiar: la inoperancia agrava las inundaciones de Málaga
De ocho metros cúbicos por segundo el río Guadalhorce puede pasar, en cuestión de horas, a 2.000 metros cúbicos por segundo. Pasó en 1989. Esta respuesta natural es algo que se sabe de siempre, pero provocó las inundaciones del domingo. A lo largo del río y su cuenca se diseminan no sólo tierras de cultivo, sino también polígonos industriales, viviendas ilegales, caminos y en general, tierras ganadas por el hombre. Una vez cada cierto tiempo el río presenta lo que algunos llaman “los papeles de propiedad”. Y entonces ocurre un desastre que se puede prever, pero que no es fácil de atajar. Algunos ayuntamientos llevan décadas pidiendo mejoras, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía tuvo que intervenir para declarar que la competencia para limpiar era de la Junta de Andalucía y el plan de inundabilidad de la zona hecho por la Adminsitración autonómica está recurrido al Tribunal Supremo porque algunos ayuntamientos ven en él un límite al crecimiento de sus municipios.
Una sentencia del TSJA y una proposición que no arranca
Una sentencia del TSJA y una proposición que no arrancaTodos saben del riesgo y pese a todo, poco se hace. En los últimos años, Junta de Andalucía y ayuntamientos se han disputado la competencia de limpiar y adecuar el cauce de los arroyos: nadie la quiere. El TSJ de Andalucía dictó una sentencia el 15 de mayo de 2015 en la que declara que la Junta de Andalucía tiene la competencia para “la conservación y adecuación de los arroyos del término municipal de Málaga”. El problema es que limpiar cuesta dinero.
En agosto de 2015, apenas tres meses después de la sentencia, el Partido Popular presentó una Proposición No de Ley en el Parlamento Andaluz, en la que pedía que se articulara un protocolo para obligar a la administración a ejecutar anualmente los trabajos de limpieza. También pedía a la Junta que devuelva a los ayuntamientos el dinero gastado en estas tareas. “Hasta la fecha, van limpiándose los arroyos y ríos urbanos a cuenta de los ayuntamientos -asegura la oposición- sin que la Junta de Andalucía haya mostrado la menor intención de cumplir con sus competencias”.
La proposición concluye pidiendo que en el plazo máximo de un año (a contar desde agosto de 2015) se asegure la limpieza de los ríos. Sin embargo, no llegó a Comisión Parlamentaria hasta el lunes 28 de noviembre de este año, 2016. El 23 de octubre, la parlamentaria popular Patricia Navarro denunció que a 31 de agosto no se había ejecutado nada de la partida presupuestaria de 17 millones consignada a “defensa y encauzamientos”. También explicó que desde 2013 esa partida se había reducido a un tercio.
La Junta de Andalucía se ha defendido de las acusaciones: José Fiscal, consejero de Medio Ambiente, declaró el lunes que el estado de los cauces es “bastante bueno” “en términos generales” y que “no tiene ninguna incidencia” en unos desbordamientos como los del domingo. Según Fiscal, un cauce absolutamente limpio puede empeorar los problemas porque no retiene las precipitaciones. Mientras, decenas de fotos muestran la maleza acumulada durante años en arroyos y cauces habitualmente secos, arrastrada por la crecida.
Expansión urbana incontrolada
Expansión urbana incontrolada
A la aparente falta de diligencia y conflicto de competencias en el mantenimiento se suma la expansión urbana, a veces incontrolada, hacia zonas de desborde natural. “Todo el mundo sabe que en una época se vendían parcelas allí para hacer casas ilegales. El Ayuntamiento ha derribado algunas, pero las familias pusieron caravanas y las caravanas se las ha llevado la riada”, explica Juan Manuel Mancebo, concejal de Equo en Alhaurín de la Torre.
El valle del Guadalhorce abarca en torno al 40% de la provincia, aunque evidentemente no toda esa superficie está en riesgo. El río discurre a lo largo de 154 kilómetros desde su nacimiento en Loja (Granada), pasando por Villanueva del Trabuco, Villanueva del Rosario, Valle de Abdalajís, Archidona, Antequera, Alhaurín el Grande, Almogía, Álora, Coín, Pizarra, Alhaurín de la Torre, Cártama y Málaga.
La crecida del domingo causó estragos en los cinco últimos municipios, todos ellos urbanizados en la cuenca del río, con polígonos industriales y hasta el aeropuerto en zona de riesgo. Sólo la desembocadura se ha canalizado y Cártama, afectada en 1969, 1989, 2012 y 2016, lleva décadas pidiendo a las administraciones estatal y autonómica que tomen medidas. El Consorcio de Compensación de Seguros ya ha hecho una primera evaluación: las inundaciones costarán unos 25 millones de euros.
Un Plan de Inundabilidad cuestionado
Un Plan de Inundabilidad cuestionadoA la construcción de diseminados y a pequeña escala se suma una disputa de calado sobre qué hacer con una amplia extensión del último tramo del río. El Plan de Inundabilidad de la Junta de Andalucía, presentado en 2015, causó un notable revuelo por sus criterios para determinar el riesgo y sus implicaciones económicas. Por eso fue recurrido por el Ayuntamiento de Málaga, que ve en él un límite al crecimiento industrial de la ciudad y pide unos criterios menos restrictivos. Alhaurín de la Torre, también gobernado por el PP, encargó un informe contradictorio para demostrar la “inconsistencia” del mapa que acompañaba el plan, que limita a la mitad su ambicioso proyecto de la ciudad aeroportuaria. El río, al final, es el que marca los límites en ocasiones como la de este fin de semana.
La Asociación de Parques Empresariales y Comerciales de Málaga es otra firme opositora al plan, que ha recurrido ante el Tribunal Supremo, y la Fundación CIEDES elaboró un documento, presentado como un intento de “mediación”, en el que asegura que el plan genera “alarma grave en la población y los empresarios” ante la “idea de una inminente inundación” y obliga a la Administración a asumir infraestructuras que pueden ser “desproporcionadas en coste y repercusión medioambiental, para una remotísima posibilidad”.
El documento relaciona las posibles consecuencias del plan: devaluación de terrenos, posibles expropiaciones, desclasificación de parte del suelo, aumento del coste de los seguros, reducción “en un 50%” del valor de las empresas y, finalmente, la reclamación de los propietarios a la administración, que se instalaron en aquel lugar porque el planeamiento urbanístico así se lo permitió. Los intereses económicos en juego son cuantiosos.
Nada es nuevo. Los ayuntamientos denuncian cada año que los cauces no están limpios y existe desde 2002 un Plan de Prevención de Avenidas en Cauces Urbanos que relaciona 1.099 puntos de riesgo, antecedente y marco general de los Planes de Gestión de Riesgo de Inundación. En un documento encargado por la Diputación de Málaga y redactado en 2013, se dice lo siguiente de los terrenos del tramo final del río: “En el otoño de 1989 hay una de esas grandes inundaciones en toda esta zona, y el desastre es enorme. Quizás lo mejor sería dejar que el río fluya libremente por el valle, y no construir en los terrenos que puedan inundarse. Dejar esos terrenos solo para cultivos, o mejor aún, recuperar los bosques de ribera y las marismas que existieron hace años. Pero ya es tarde para todo esto”.
