Si uno se pregunta por qué la sociedad civil se organiza, a veces tan rápido, para defender una causa común, mientras la clase política se estanca al intentar llegar a consensos aparentemente fáciles, puede encontrar una respuesta en una calle del distrito sevillano de la Macarena.
El pasado martes, los diputados de la comisión sobre políticas de protección de la Infancia del Parlamento andaluz hicieron una visita al centro de menores extranjeros no acompañados (MENA) de esa calle, que fue objeto de un brote xenófobo por parte de algunos vecinos del barrio cuando empezó a funcionar, en el mes de junio. Eran las 18.30 horas, cada grupo fue por su cuenta y se encontró allí con la consejera de Igualdad de la Junta, Rocío Ruiz, y un nutrido grupo de colaboradores. Poco después apareció el Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, que horas antes había sido ratificado en su cargo por el Parlamento.
No se convocó a la prensa, no había periodistas ni fotógrafos, a excepción de los que llevó consigo la consejera y los de la Fundación SAMU, que gestiona el centro de menores. La visita sí estaba programada en la agenda del Parlamento, que es quien la autoriza, y los responsables del centro habían decorado las instalaciones, incluso instalaron unos macetones con flores en la puerta y en las ventanas. La comitiva de los políticos y sus colaboradores superaba en número a los menores que viven en este edificio (17 chavales), y que se marcharon a jugar al rugby mientras éstos husmeaban en “su casa” y sus habitaciones. Si sus señorías y sus asesores hubieran decidido pasar la noche allí, hubieran tenido dificultades para encontrar cama para todos (25 plazas). La visita duró dos horas.
Este edificio de acogida e integración para MENAs de la Macarena es de titularidad de la Junta de Andalucía y fue objeto de un brote xenófobo en el mes de junio. Un grupo de vecinos se manifestó a las puertas al poco de empezar a funcionar, denunciando que el centro de inmigrantes traería al barrio inseguridad y delincuencia. En las protestas participaron varios diputados de Vox, el partido que sustenta al Gobierno andaluz de PP y Ciudadanos. La formación de Santiago Abascal, con 12 diputados en la Cámara, tiene un discurso muy beligerante con los inmigrantes en situación irregular. Una de sus primeras exigencias a PP y Cs, a cambio de su apoyo, fue la deportación de 52.000 extranjeros en situación irregular en Andalucía.
Los socios de Gobierno negaron estos datos y convencieron a Vox para que modulase su demanda. Los Presupuestos Autonómicos de 2019, pactados por los tres grupos conservadores, incluyen por exigencia de Vox un recorte de 600.000 euros en el gasto para acogida e integración de inmigrantes, en cambio aumenta en 1,5 millones “la partida para reforzar la vigilancia y la seguridad en centros para menores extranjeros”. La Junta accedió a esta demanda, pero también organizó la visita de la comisión parlamentaria de Infancia al centro de MENAs de Macarena para que los diputados de Vox tuvieran la oportunidad de “superar el prejuicio de asociar inmigración con delincuencia y dejar de denominar a estos niños”, en palabras de la consejera Ruiz.
Trabajo y escolarización
Vox es muy beligerante con los inmigrantes en situación irregular, pero los menores extranjeros que viven en este centro no están en esa situación. El sistema de protección de menores de la Junta de Andalucía no discrimina entre españoles y extranjeros: todos son menores. Los 17 que viven ahora en este centro de acogida están tutelados por el Gobierno andaluz y cuando cumplan los 18, en teoría, saldrán con un permiso de residencia. Pero eso es sólo la teoría. A algunos diputados, como Maribel Mora, de Adelante Andalucía, la visita le sirvió para “confirmar la laguna que hay en el sistema de protección de menores”. Cuando preguntó a los monitores de la Fundación SAMU, éstos le contaron que siete de los 17 jóvenes (magrebíes y subsaharianos) cumplirán la mayoría de edad antes del 31 de diciembre, y tendrán que abandonar el centro.
El problema es que muchos de ellos aún no tienen documentación de sus países. Marruecos tardaba antes tres meses en gestionar los papeles de los menores acogidos en Andalucía, pero ahora para regularizar su situación el papeleo se demora un año. La tramitación es mucho más lenta porque han proliferado las denuncias por falsificaciones -adultos que se hacen pasar por menores para evitar ser devueltos en caliente- y la verificación es más exhaustiva, explican desde el centro de acogida. Este problema es extrapolable a todo el sistema de protección de la Junta.
Los menores tutelados -extranjeros o españoles- se estrellan con la dificultad de acceder al mercado laboral cuando salen de un centro de acogida. Los inmigrantes tienen prisa por trabajar y enviar dinero a sus familias, pero encuentran más dificultades por el idioma y porque carecen de vínculos familiares que les ayude. A partir de ahí, las ONGs cubren los vacíos que tiene el sistema público. “Trabajamos en ello”, dijo Ruiz, según varias personas presentes.
La visita de la comisión parlamentaria al centro de menores de la Macarena no estaba pensada para verle las costuras al sistema, sino para representar una respuesta política unitaria al brote xenófobo que vivió el barrio en junio. Mientras unos vecinos, acompañados por Vox, denunciaban la inseguridad que traería este centro a sus barrios; otros vecinos reaccionaron a la contra. Bajo la pancarta “Macarena para todas”, la sociedad civil convocó una “concentración solidaria” en un parque próximo, al que acudieron unas 300 personas, y se organizaron charlas de jóvenes inmigrantes plenamente integrados en Sevilla y de empleados de otros centros de acogida que explicaron al vecindario cómo trabajan en estos espacios y cuál es el futuro de esos chavales cuando salían por allí. Fue una acción civil pensada para desactivar los prejuicios racistas que vinculan sistemáticamente la inmigración con la inseguridad.
Tres meses después, no ha vuelto a haber protestas en contra, los responsables del centro aseguran que “la integración con los vecinos se ha normalizado”, y que el miedo y rechazo iniciales “es una pauta común que se encuentran en el entorno cada vez que abren un nuevo centro de menores (SAMU dirige 20 centros en España).
La consejera de Igualdad quiso emular esa respuesta cívica en el plano político y orillar “las voces que incitan al odio y la xenofobia”. Ruiz buscaba la imagen de unidad de todas las fuerzas parlamentarias, además el Defensor del Pueblo andaluz, en un asunto tan delicado como el de los MENA. Maeztu también está promoviendo una iniciativa similar en un encuentro de los Defensores del Pueblo en todas las comunidades que tendrá lugar en Sevilla y Tarifa el mes que viene. Se busca una declaración institucional consensuada que fije la responsabilidad de cada administración en el asunto de los menores inmigrantes: “La carta de Tarifa”, piensan llamarlo.
Una visita sin fotos
Sin embargo, la visita de los partidos al centro de menores de la Macarena evidenció lo difícil que resulta en este momento una imagen de unidad de la política andaluza, fragmentada en dos bloques muy ideologizados. Las diputadas del PSOE Soledad Pérez y Noemí Cruz reprocharon a la consejera que hubiera convertido “una visita institucional en un paripé, un paseíllo para su lucimiento y propaganda”. En un momento, abandonaron la visita en señal de protesta, se salieron del centro, mostraron su malestar ante este reportero, y luego volvieron a entrar. Quien sí permaneció dentro, por su rol institucional, fue la socialista Mercedes Gámez, presidenta de la comisión de Infancia. “Es difícil hacer unidad política en defensa de los MENA cuando este Gobierno tiene tantas contradicciones en materia de inmigración”, dice Gámez.
Por parte de Vox no acudió el diputado Benito Morillo, que participó en las manifestaciones en contra del centro, sino su compañera Luz Belinda Rodríguez, acompañada de dos asesores: “A simple vista nos pareció una visita un tanto teatralizada, todo era perfecto, no existía ningún tipo de problemática más allá de la tragedía de que estos menores terminen en España después de una travesía impulsada por las mafias de la inmigración ilegal”. Las diputadas del PSOE, de Adelante Andalucía y de Vox se negaron a posar en la foto de la visita, en la que sí aparece la consejera, el Defensor, los diputados de PP y Cs, y los monitores del centro.
El número de ingresos de menores extranjeros no acompañados en el primer cuatrimestre de 2019 se ha incrementó en más de un 60% en relación al mismo periodo de 2018 (1.257 frente a los 781 del pasado año). Entre enero de 2015 y mayo de 2019 han sido atendidos en la comunidad autónoma 15.693 menores, de los que solo 83 han tenido medidas judiciales de internamiento por comisión de algún delito, es decir, el 0,52%. En España hay más de 12.300 MENAs, según el Ministerio de Interior. La tutela de los niños es de las comunidades y éstas no pueden impedir que los menores se desplacen de unas a otras o que abandonen España. El centro de la Macarena, con 25 plazas, forma parte de las nuevas 1.200 plazas habilitadas por la Junta para la atención de menores extranjeros no acompañados antes del verano. Se trata de centros abiertos, sin grandes medidas de seguridad.
A pesar de los duros reproches de los grupos de izquierda a la consejera de Igualdad por “blanquear el discurso xenófobo y machista” de Vox, del todo el Gobierno andaluz Ruiz es la que mantiene un enfrentamiento más enconado y abierto con el partido de extrema derecha. Esta misma semana, la consejera ha acusado a sus diputados de “incitar al odio” durante un debate parlamentario sobre menores transexuales, y el portavoz de Vox, Alejandro Hernández, ha respondido que Ruiz es “lo peor” del Gobierno andaluz, y sugirió que “se buscase un recambio” [más tarde rectificó].