Una red de varias empresas de instalación de gas ha estafado a cientos de vecinos de todas las edades, capacidades adquisitivas y niveles culturales durante los dos últimos años en Cádiz mediante inspecciones fraudulentas para hacerse con un botín de alrededor de un millón y medio de euros, según las estimaciones de la Junta de Andalucía. La Administración ya ha sancionado a estas tres compañías (dos con sede en El Puerto y otra, en Granada) con una multa conjunta de 264.000 euros, lo máximo permitido en casos de falsedad documental y fraude. Además, sigue la pista a una cuarta empresa que actúa bajo los mismos parámetros y ha elevado el caso a la Fiscalía, que busca cómo atajar estos timos.
Los estafadores del gas denunciados por la Junta peinan barriadas enteras de la provincia de Cádiz, bloque a bloque, a puerta fría, para intentar acceder al mayor número de viviendas posible y facturar servicios de forma fraudulenta. Trabajan en parejas con un modus operandi calcado y con una larga trayectoria: indican a los propietarios de las casas que son técnicos oficiales y que están allí para realizar una revisión periódica y obligatoria de la instalación del gas. Para consumar su engaño, visten logos de la Junta de Andalucía y muestran documentación sellada ante notario.
Una vez dentro de las viviendas, los timadores, en su mayoría con antecedentes penales, actúan con extraordinaria rapidez para que los afectados no tengan tiempo de reacción. Así lo denuncia J. A. G., de 58 años y residente en San Fernando (Cádiz), que fue víctima de este timo y pagó 78 euros por el cambio de tubo y la válvula o castaña. “Tienen una respuesta estudiada para cada pregunta, fruto del aprendizaje, supongo que por los cientos de intentos previos frustrados. Hacen que todo parezca legal, que son inspectores de la Junta, apenas tienes tiempo de reaccionar cuando ya han cobrado y se han marchado”.
En este caso señalado, los supuestos revisores de la empresa Consultoría Jurídica Energética SL, con sede en El Puerto, remiten a los usuarios a una web www.serviciotecnicodegas.com que carece de más contenido que un logotipo con forma de llama y una dirección de email. Y también les animan a llamar a un número de teléfono en la que otro miembro de la empresa valida que es personal supuestamente autorizado para ese trabajo. Todo se disfraza de una estricta legalidad.
Tras la inspección, en la que, según la Junta, a veces los propios supuestos técnicos llegan a deteriorar la instalación, los falsos inspectores informan al cliente de la necesidad de cambiar elementos, principalmente la goma del gas o la válvula de control. Es un punto de partida, porque los desperfectos de la instalación pueden ser aún mayores, al igual que el montante de la factura que presentan después, que oscila entre los 80 y los 500 euros. Incluso portan TPV (Terminal Punto de Venta) para realizar el cobro con tarjetas.
“Si la persona se niega, le amenazan con la retirada del certificado o con un corte de la conexión”, ha explicado el delegado de la Junta en Cádiz, Fernando López Gil, que calificó a estos revisores como los “asustaviejas” del gas, en comparación con los propietarios de viviendas que a lo largo de la última década se dedicaron a instigar a vecinos de avanzada edad que vivían en alquiler de renta antigua con el objetivo de que abandonar las fincas y dieran paso a operaciones inmobiliarias en el casco antiguo de Cádiz.
Los técnicos de Consumo de la Junta manejan enormes volúmenes de facturas para detectar irregularidades y presentarlas en un expediente común puesto que las empresas no son ilegales, lo irregular es el procedimiento mediante el cual que ejecutan su negocio. Tecnogas Andalucía, cuya actividad ha sido denunciada por numerosos usuarios durante los últimos años, es la empresa que acumula mayor sanción de las tres perseguidas, aunque el delegado del Gobierno andaluz en Cádiz, Fernando López Gil, sospecha que los estafadores forman parte de una red nacional que crea empresas unipersonales con el mínimo capital social y que se suelen disolver una vez que tienen conocimiento de los requerimientos de la Administración Autonómica.
En los últimos años, los juzgados han recibido numerosas denuncias que iban dirigidas contra los técnicos y que acababan derivando en simples multas. Esto no ha amedrentado a las empresas para seguir cometiendo las irregularidadesseguir cometiendo las irregularidades. La Fiscalía, informó López Gil, ya ha emprendido actuaciones contra la cúpula de estas empresas por fraude.
Consumo recuerda que la normativa correspondiente a las instalaciones de gas especifica que es el titular o el usuario de la instalación a quien corresponde solicitar cada cinco años la revisión. Ésta debe ser efectuada por un técnico habilitado y que disponga de la cualificación exigida. También indica que en ningún caso el consumidor está obligado a aceptar las condiciones que le imponga un operario que visite su casa por sorpresa aunque esté autorizado a realizar esos trabajos.