La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha aprobado este jueves por unanimidad el plan de refuerzo para el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, donde se instruyen casos como los ERE fraudulentos o los cursos de formación presuntamente irregulares. Se trata del plan presentado por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y consiste en la asignación de dos jueces en comisión de servicios.
A estas plazas pueden presentarse los jueces interesados, que colaborarán con la nueva titular del órgano, la hasta ahora juez de familia María de los Ángeles Núñez Bolaños, cuya llegada aún está pendiente de la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de su nombramiento.
Salida de Alaya
El objetivo de la medida, según el acuerdo, es “conseguir la adecuada y eficaz tramitación y resolución de las causas de que conoce el citado Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, dadas las especiales circunstancias que concurren en el mismo”. Dichas circunstancias están relacionadas con la inminente salida del juzgado de la juez Mercedes Alaya, que ha obtenido plaza en la Audiencia Provincial de Sevilla. Alaya, sin embargo, ha intentado retrasar su incorporación a la Audiencia para seguir tramitando estas causas.
Los comisionados colaborarán con Núñez Bolaños en la tramitación y resolución de todos los asuntos de que conoce el Juzgado “conforme a los criterios de distribución de los mismos que conjuntamente formulen y apruebe la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía”, según ha informado el órgano del gobierno de los jueces.
La Comisión Permanente ha acordado asimismo trasladar al Ministerio de Justicia la propuesta de mantenimiento y prórroga durante un plazo de seis meses del Secretario Judicial de apoyo asignado al Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, tal y como había propuesto la Sala de Gobierno del TSJ de Andalucía.
También se ha acordado trasladar a la Junta de Andalucía la propuesta de mantenimiento y prórroga, por un plazo de seis meses, de la actual dotación de funcionarios de refuerzo asignados al órgano judicial, otra de las medidas planteadas por el Tribunal Superior andaluz