Como ya informó este periódico, un juez conservador se hará cargo de la pieza política de los ERE. La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha ratificado este jueves el acuerdo de distribución de cometidos diseñado conjuntamente por la titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, María Núñez Bolaños, para que sea el juez de refuerzo de éste órgano, Álvaro Martín, quien instruya las seis primeras piezas del caso de los ERE irregulares, entre las que se encuentra la del procedimiento específico por el que se concedieron las ayudas abierta contra 51 ex altos cargos, entre ellos los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán.
De este modo, el CGPJ ha ratificado el acuerdo adoptado el 14 de diciembre de 2015 por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) por el que se aprobó la distribución de cometidos. El plan de actuación presentado conjuntamente por ambos magistrados supone que, con objetivo de impulsar la tramitación del caso ERE, el magistrado de refuerzo asuma las seis piezas diseñadas por la juez Núñez en auto de 9 de noviembre de 2015, como son el procedimiento específico por el que se concedieron las ayudas, las sobrecomisiones pagadas en las pólizas de prejubilaciones, las empresas Acyco, Surcolor y Surcolor Óptica S.A., y Cenforpre, y las ayudas a los empresarios de la Sierra Norte de Sevilla José Enrique Rosendo --fallecido recientemente-- y José María Sayago.
Fuentes del CGPJ han señalado a Europa Press que el papel de este órgano sobre este asunto ha consistido en un mero control de legalidad sobre el acuerdo que ya adoptó en su día el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). La decisión supone el cumplimiento del plan de actuación para dicho juzgado ya ratificado hace meses por el CGPJ, según las mismas fuentes, que apuntan que su aprobación este jueves es preceptiva para que la decisión adoptada el pasado mes de diciembre por Núñez Bolaños se haga efectiva.
El reparto aprobado supondrá que Álvaro Martín deje los asuntos ordinarios y se dedique en exclusiva a la instrucción de estas seis primeras piezas del caso ERE, que comenzó a investigarse hace cinco años.
La propuesta fue “consensuada” entre la propia María Núñez Bolaños y el juez de refuerzo, todo ello después de que el pasado mes de octubre de 2015, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía apartara a la juez Mercedes Alaya de la investigación de los ERE y acordara que María Núñez y Álvaro Martín propusieran conjuntamente “la oportuna distribución de cometidos” en relación a las 'macrocausas', todo ello “sin perjuicio igualmente de otras medidas de refuerzo y de colaboración futura”.
En virtud del mismo y “con el fin de agilizar y dar un mayor impulso a estas diligencias”, la Sala de Gobierno del TSJA propuso que el magistrado comisionado se dedique de forma exclusiva a la tramitación de estas seis primeras piezas de los ERE.
Avales de IDEA y cursos de formación
Para el conocimiento y tramitación de los asuntos ordinarios del Juzgado, el TSJA propuso el nombramiento de un juez de refuerzo, mientras que la titular continuará con la tramitación del resto de macrocausas que se siguen en el Juzgado, en concreto, las diligencias previas sobre los avales concedidos por IDEA y las irregularidades en los cursos de formación.
La Sala señalaba en su acuerdo que el anterior plan y criterios de distribución podrá ser revisado y modificado, a petición de los interesados y en función de las necesidades del Juzgado, “a la vista de su efectivo desarrollo e incidencia en la tramitación de las causas complejas y en la normalización del citado Juzgado, aspectos que deberán ser objeto de especial control periódico por esta Sala de Gobierno”.
Por ello, la Sala de Gobierno acordó solicitar a la magistrada titular que informe periódicamente a la Sala de Gobierno, en plazo no superior a tres meses, sobre la medida de apoyo y refuerzo adoptada.
Además, la Sala de Gobierno tomó conocimiento de la posibilidad de adscribir, en su momento, jueces o magistrados especializados como colaboradores técnicos procedentes de otras jurisdicciones, especialmente de la Contencioso-Administrativo en el marco de la Unidad de Apoyo para Causas de Corrupción (UACC) creada por el Consejo General del Poder Judicial.