El Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, subió ayer la tribuna del Parlamento andaluz para presentar su informe anual de 2012. Lo hizo en clave de despedida: lleva un año en funciones y está en medio de una negociación empantanada entre PSOE, IU y PP sobre su continuidad o su relevo, pero a la que se quiere dar una solución antes de que acabe este periodo de sesiones. Él es quien está siendo ahora objeto de esa “peleíta” entre políticos de la que dijo hace meses que estaban los ciudadanos “hasta el gorro”.
“La cortesía podría aconsejar una despedida más solemne, pero desconozco si eso es oportuno”, dijo, para acto seguido dejar claro que mientras no le digan lo contrario y siga en funciones, va a “funcionar” porque “trabajo no me va a faltar”. Por ahora, será hasta junio. En este marco de crisis él no quiere dejar el cargo. No quiere marcharse, porque lo entiende en términos de traición a los ciudadanos que van a quejarse o a recurrir en última instancia a su oficina. En todo caso, como ha asegurado en varias ocasiones, si se va es porque lo echan. Y cree que será así, porque en su intervención no quiso presentar nuevos proyectos para la institución para no precipitarse.
Sólo IU parece estar a favor de que siga en el cargo. La coalición de izquierdas lo ha manifestado otras veces y el cable se lo echó el parlamentario por Cádiz Ignacio García: “está siendo el mejor defensor de las víctimas de la crisis”. El PP no lo quiere, pero parece que tampoco el PSOE.
La consejera de la Presidencia, Susana Díaz, pieza clave y promotora en esta negociación a tres bandas, horas antes de la comparecencia parlamentaria de Chamizo lo dejó caer. En una entrevista en Canal Sur Televisión, al ser preguntada por si era el último informe de la era Chamizo (lleva 16 años en el cargo) se cuidó mucho de utilizar los verbos. Los conjugó en presente y en pasado para definirle como un “buen” y un “gran defensor”. Nunca en futuro. Porque eso, como dijo, está sujeto a que haya un acuerdo, y en tono irónico manifestó que, “con cariño”, le aconseja que sea él quien ahora se deje de “peleítas con los diputados”.
Ya en el Parlamento, la bancada socialista esquivó este asunto. Se limitó a valorar el informe, constatar las consecuencias de los recortes en políticas sociales del Gobierno central y defender los esfuerzos de la Junta para contrarrestarlos, así como el mantenimiento de la Oficina del Defensor, mientras en las comunidades populares se desmantela.
El PP en este caso es el que más rechazo tiene hacia su gestión. Le acusó de poner “sordina” a los problemas y a las quejas de los andaluces, y le aconsejó que siga trabajando más “seriamente mientras esté en funciones” y se ocupe de asuntos que son competencia de la Junta, como el caso de los ERE fraudulento.
Los tres partidos quieren reactivar de nuevo las conversaciones, que se complican porque en juego no sólo está la figura del defensor, sino también la del director de la RTVA (además de la Cámara de Cuentas de Andalucía y los consejos sociales de las universidades andaluzas). Es necesario que haya un consenso, porque su elección requiere de la aprobación de dos tercios de la Cámara, en primera vuelta, y de tres quintos, en segunda. La matemática parlamentaria obliga a que el PP sume su voto, porque con los de IU y PSOE no llegan a esa proporción.