El exconsejero de Presidencia de la Junta de Andalucía y ‘número dos’ del presidente Manuel Chaves entre 1994 y 2009 se ha mojado y ha defendio este miércoles la legalidad de las ayudas que se juzgan por el caso de los ERE. Gaspar Zarrías ha declarado que desconocía el procedimiento de concesión de ayudas sociolaborales y a empresas en crisis por parte de la Consejería de Empleo pero que su existencia era algo “público y notorio” y que se trataba de ayudas excepcionalesque disponían detrás de “regulación y normativa”.
Zarrías se ha ratificado “en términos generales” respecto a lo declarado ante el Tribunal Supremo en abril de 2015, salvo “alguna imprecisión”, así como en lo manifestado ante la comisión de investigación del Parlamento en el verano de 2012. En líneas generales, el también ex senador del PSOE ha desgranado a preguntas del fiscal las distintas normas y sus rangos aprobadas durante su larga etapa como consejero, y ha señalado que las competencias en la materia que se investiga correspondía a la Consejería de Empleo, sin poder precisar dónde debía de acudir un extrabajador de una empresa si quisiera pedir una ayuda, pero que su existencia era algo “público y notorio”, aludiendo al ser insistido por el fiscal a “las organizaciones sindicales” o a su presencia “en los programas electorales”.
Asimismo ha dicho desconocer si la Consejería de Empleo tenía una normativa similar a la Orden Ministerial de 1995 pero apuntando que sí “había una regulación y una normativa” en Andalucía para estas cuestiones, aludiendo en concreto a la Ley de Hacienda Pública que regulaba las subvenciones, a las leyes de presupuestos o a decretos de la Junta, así como a la existencia de dos órdenes ministeriales de 1994 y de 1995 para ayudas previas a la jubilación y a trabajadores afectados por procesos de reconversión y reestructuración de empresas. El sistema estatal de ayudas viene coleando ya en el juicio y es una cuestión que ha sido abordada incluso por los peritos del Estado, con una visión diferente a la mencionada por Zarrías.
Cuestionado en concreto por el fiscal sobre si existía alguna normativa especifica para las ayudas sociolaborales ha respondido que no podía concretarle pero que en Andalucía “regulaban las subvenciones”, equiparando las ayudas con las subvenciones al decir que, a su juicio, son conceptos “sinónimos” y que la normativa estatal se podía aplicar de forma “supletoria”.
El exconsejero ha repasado las “crisis sociales y empresariales” desde finales de los 90 en Andalucía, derivados de despidos masivos como el de Santana Motor en la provincia de Jaén, de la que es originario Zarrías. Ha recordado con “certeza” que el objetivo de los planes de empleo y de las ayudas a extrabajadores y empresa que se fueron desarrollando respondían al objetivo de la Junta de establecer mecanismos “para mantener la actividad industrial”, conociendo que “había líneas de apoyo y ayudas” que se usaban “si se había fracasado en el intento de salvar a la empresa” en cuestión. “No recuerdo que se hablara de las ayudas sino de cómo éramos capaces de mantener los puestos de trabajo”, ha comentado, recordando en esa línea los diversos acuerdos de concertación social con sindicatos y patronal, “acuerdos políticos aprobados por el Parlamento”, ha remarcado.
“Nunca tuve conocimiento de ningún reparo”
En cuanto a cómo se articulaban las ayudas en aquella época, Zarrías ha señalado en varios pasajes que lo desconocía y que lo ha podido “aprender” desde que iniciaron las actuaciones judiciales, apuntando que la posibilidad de que aquellas ayudas fueran incompatibles con las normas del mercado común “está aún en litigio”. “Nunca tuve conocimiento de ningún reparo a las ayudas”, ha dicho, ya que no era objeto del Consejo de Gobierno ni de la comisión general de viceconsejeros que presidió hasta en 750 ocasiones, según ha concretado. Respecto a que en 2000 se pudo adoptar un sistema distinto del que se venía utilizando, ha dicho que no le constó y que “todo gasto se fiscalizaba” en la administración andaluza.
“No conocía la nomenclatura de los programas de Empleo”, ha dicho al ser preguntado por los conceptos presupuestarios por parte de la Consejería de Empleo, con altas y bajas en uno u otro programa concreto, o el traspaso de fondos a IFA-IDEA. “ No era a lo que yo me dedicaba”, ha insistido, indicando que ningún expediente de modificación presupuestaria se elevaba al Consejo de Gobierno si no tenía “todos los informes favorables” de manera previa. Dos hojas con un resumen de la modificación se contenía en las carpetas de cada consejero pero su aprobación “no tenía discusión”. La primera modificación al respecto, y que ha hecho extensivo, “nunca eran objeto de debate” en las reuniones de más alto nivel en la Junta, tampoco en los llamados ‘consejillos’. “Era un trámite. Le mentiría si le dijera que me leía todos los asuntos, sólo los de más enjundia”, recordando que el viceconsejero de Hacienda podía hacer una exposición muy somera del asunto.
En esa misma línea, Zarrías ha dicho que tampoco se debatían en el seno de dichas reuniones las memorias del interventor sobre el control financiero permanente, sin que tampoco tuviera conocimiento de la aprobación del convenio marco de 2011 entre Empleo e IFA puesto que “en ninguna comisión de viceconsejeros se vio ningún convenio y menos entre dos entes de la misma Consejería”. Ha hecho constar también que las modificaciones presupuestarias que se juzgan “nunca eran objeto de debate” en el seno del Consejo de Gobierno de la Junta porque se trataba de cuestiones enmarcadas en un “trámite ordinario”.
Respecto a las transferencias de financiación ha comentado que se trataba de un mecanismo presupuestario que usaban las consejerías con sus entes instrumentales, en el caso concreto de Presidencia respecto a RTVA.