Después de haber escuchado pacientemente el día anterior durante unas cuatro horas todas las acusaciones que se vierten contra ellos, los antiguos dirigentes andaluces que están siendo juzgados en la primera pieza del caso de los ERE, aquella que determinará si media Junta de Andalucía estaba conjurada para crear un sistema ilegal para repartir fondos públicos de manera interesada, han expuesto sus argumentos de defensa.
Lo han hecho a través de sus abogados, quienes han pedido la lectura en parte de los escritos de defensa (para no eternizar la sesión han seleccionado determinados folios) ya incorporados al sumario y bien conocidos por todas las partes según han ido trascendiendo meses atrás, pero quien ha vuelto a ser portavoz ha sido el sufrido letrado de la Administración de Justicia que ayer acaparó toda la atención mas allá de la ‘foto’ de los acusados llegando a la Audiencia de Sevilla.
Manuel Chaves y José Antonio Griñán, los expresidentes de la Junta, exministros y expresidentes del PSOE, han sido los primeros en dar a conocer públicamente por qué creen que ellos no deberían estar en el sitio que les aguarda en los próximos meses hasta que acabe el juicio. Las argumentaciones no han conllevado ninguna sorpresa respecto a las que difundieron en marzo de 2016 en los propios juzgados de Sevilla y, anteriormente ante el Supremo, el 14 de abril de 2015 Chaves y el 9 de abril de 2015 Griñán.
Ya en esta pieza separada, hace justamente un año, pidieron formalmente su absolución. Griñán porque “nunca” intervino en la concesión de las ayudas investigadas y Chaves porqque “desconocía los procedimientos concretos por los que se canalizaban las ayudas sociolaborales”.
Uno a uno, los abogados de los seis exconsejeros andaluces (para descanso del letrado que hasta entonces estaba dando a la lectura de los escritos), han ido recordando los argumentos que llevan años alegando ante el juzgado instructor. Según fuera su cometido en la Junta de Andalucía (tramitación de las ayudas, participación en la modificación presupuestaria, pago de las subvenciones,…) y el departamento para el que trabajaban, han ido tratando de rebatir la tesis acusatoria, coincidiendo básicamente que no hubo un plan preconcebido, que no supieron que estaba haciendo la consejería de turno y que no hubo conocimiento generalizada de esa supuesta trama urdida para ocultar la concesión de las ayudas como afirman contundentes las acusaciones. El lenguaje técnico y normativo, ahora con protagonismo lector para cada uno de los letrados, excepto la abogada de José Antonio Viera, ha ocupado la segunda jornada del juicio.
¿Cuáles son las acusaciones que pesan contra los expresidentes de la Junta? A Chaves se le juzga por impulsar la “implantación” de ese procedimiento “irregular” para la distribución de ayudas y subvenciones, mientras que a Griñán se le acusa de que lo “mantuvo”. Según el juez Álvaro Martín, sustituto de Alaya en la instrucción, uno propició el presunto fraude y otro no hizo nada para desecharlo, concluyendo que cada uno de ellos “asumió la eventualidad de que los fondos vinculados a este procedimiento fuesen objeto de disposición discrecional, si no arbitraria”. En junio de 2015, Chaves y Griñán dejaron sus escaños en Congreso y Senado, respectivamente, justo cuando la jueza Alaya ascendía a la Audiencia de Sevilla.
La Junta, “apartada”
Antes de procederse a la lectura de los escritos de las defensas, la abogada del exconsejero de Innovación Francisco Vallejo, Encarnación Molino, ha pedido al tribunal que se leyera el escrito de conclusiones provisionales presentado en esta pieza separada en octubre de 2016 por la acusación particular que ejerce la Junta de Andalucía en el caso ERE.
La letrada ha señalado que, después de que en la jornada de este miércoles se diera lectura a los escritos de acusación presentados por la Fiscalía Anticorrupción y la acusación popular que ejerce el PP-A, debería darse lectura al escrito presentado por los letrados de la Junta, que pidieron el archivo de la pieza 'política' de los ERE. “Si no se leyera, quedaría incompleta la visión de las acusaciones”, ha indicado Molino.
El magistrado ponente del juicio, Juan Antonio Calle Peña, ha rechazado dicha solicitud porque “no procede la lectura de un escrito de alguien que ya no es parte en el procedimiento” y que se ha “apartado” del mismo tras reclamar su archivo.