Casi 35 años después de que se localizara el cadáver de un varón marroquí en la playa de Los Lances en Tarifa, el pasado año 2022 ha sido el segundo de la serie histórica desde 1988 con un mayor número de personas fallecidas y desaparecidas en la Frontera Sur española de acuerdo al registro de datos de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA). “No encontramos tragedias que se aproximen a estas cifras tremendos de personas que pierden la vida en los procesos migratorios Ni los datos relacionados por las víctimas del terrorismo o de las violencias machistas, ni de los accidentes de tráfico. Personas, y no números, invisibilizadas por un sistema político –da igual el color o ideología que gobierne– que nunca sitúa en primer lugar el derecho a la vida por encima de la situación administrativa”, denuncia la organización, que este lunes ha presentado en Sevilla un monográfico sobre muertes y desapariciones en la frontera sur española.
Una veintena de informes después, “la situación en las fronteras no ha mejorado, sino que ha empeorado de manera alarmante”, especialmente en cuanto a pérdidas humanas se refiere, según los datos que maneja APDHA, publicado en el informe 'Derechos Humanos en la Frontera Sur 2023. 35 años de vidas sin rastro' presentado este lunes en Sevilla. De hecho, los tres últimos años concentran más del 40% de las muertes y desapariciones de toda serie histórica. Durante 2022, han sido 1.901 personas las fallecidas o desaparecidas, esto es, cada día cinco personas perdieron la vida en la frontera sur española, el 70% durante su desplazamiento a las Islas Canarias, la ruta más mortífera, seguida de la ruta de Alborán (hacia Málaga y Almería), que ha visto incrementar las muertes y desapariciones en un 53,7%.
“Este coste en vidas humanas no es un suceso accidental, es el fruto de unas políticas migratorias concretas que tratan de impermeabilizar la frontera sur a través de la militarización de las rutas, la externalización del control migratorio, la criminalización de los flujos y la despersonalización de las víctimas”, denuncia el informe, que incluye con un par de referencias específicas a lo acaecido el pasado año. Por un lado, los hechos del 24 de junio en la frontera del Barrio Chino entre Nador y Melilla, donde, según las fuentes de APDHA, al menos 70 personas perdieron la vida. Por último, el relato, estructurado y metódico, de los hechos que están detrás de cada una de los 1.901 personas fallecidas o desaparecidas que la asociación ha documentado en este año.
“Un relato que, por doloroso y espeluznante, ojalá fuera leído por quienes están detrás de las políticas migratorias que llevan 35 años dejando una hilera de vidas sin rastro”, lamenta APDHA, que se refiere también a la situación de las mujeres migrantes que, ya desde la partida, tienen el doble de posibilidades de morir en el mar, y que “sirven como instrumento y justificación para el discurso del rescate institucional. Pero para las que no hay ni un minuto de silencio porque no se consideran víctimas de la violencia machista que también ejercen los estados”.
Al menos 5.744 personas murieron o desaparecieron durante los tres últimos años, elevando la serie histórica a 14.109 personas, “personas con nombre y apellidos, con una vida, con una familia y unos sueños ahora rotos”. Desde la APDHA recuerdan que el año 2021 fue el de mayor número de víctimas (al menos 2.126) y que este 2022 ha sido el segundo año, con datos tremendos: cada cuatro horas y media una persona muere o desaparece en el trayecto migratorio hacia España“. La inanición por falta de alimento o agua potable, la hipotermia, la aspiración tóxica, las quemaduras producidas por la mezcla de agua salada y gasolina y las caídas al mar por el hacinamiento en las embarcaciones son las principales causas de muerte durante las travesías, según la APDHA.
“Pero este coste en vidas humanas no un suceso accidental, es el fruto de unas políticas migratorias concretas que tratan de impermeabilizar la frontera sur a través de la militarización de las rutas, la externalización del control migratorio, la criminalización de los flujos y la despersonalización de las víctimas”, denuncia la asociación. v> De hecho, el objetivo de informe es analizar el efecto de las políticas en la vulneración grave de los derechos humanos de las personas que desde África tratan de migrar a España y la ausencia de mecanismos para paliar esta tragedia, así como señalar la política migratoria y de fronteras como una de las formas más claras de discriminación racial.
Además, el informe incide específicamente en los efectos que esta situación genera en las familias. “Da continuidad a la campaña Vidas sin Rastro que iniciamos el año pasado y que busca la creación de instrumentos para sanar el dolor de esas familias y acabar con la grave desprotección institucional que padecen en la búsqueda de sus seres queridos, ante las numerosas trabas burocráticas y la falta de un protocolo claro y de transparencia. La campaña plantea propuestas específicas que pueden reducir el sufrimiento por la pérdida y, sobre todo, por la incertidumbre que estas familias padecen ante el laberinto burocrático español. A la vez, subraya la manera en que tanto las personas desaparecidas o muertas en la frontera sur como sus familiares son víctimas del racismo institucional.
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