La foto fija de Ciudadanos en Andalucía es el agujero que deja en la tierra un hongo nuclear: los naranjas han perdido el 54% de los afiliados que tenían hace tres años, en la comunidad que gobiernan, con más holgura, desde entonces. En torno a 2.600 militantes están llamados a votar el próximo martes por el candidato a la presidencia de la Junta, a elegir entre compañeros de partido que se acusan públicamente de “morosidad”, “usura”, “fraude”, “chantaje”, “matonismo”, “mafia” y “estalinismo”.
Las primarias en Ciudadanos para elegir el cartel electoral de las andaluzas, previstas para junio u octubre de 2022, se van a resolver en una semana, pero la falla que se ha abierto bajo sus pies amenaza con alargarse en el tiempo y destrozar su imagen a pocos meses de la cita con las urnas. La dirección nacional ha validado nueve candidaturas, pero de forma provisional y alegando el impago de las cuotas al partido ha dejado fuera la de Fran Carrillo, uno de los diputados andaluces con más proyección nacional. El cordobés es el aspirante con más peso para disputarle el cartel electoral al vicepresidente de la Junta y líder regional del partido naranja, Juan Marín.
Esta situación ha desatado la ira de Carrillo contra Marín y toda la cúpula dirigente de Ciudadanos, a los que acusa de ejercer “prácticas mafiosas y stalinistas”, “chantaje”, “amenazas” y “posible financiación ilegal”. El diputado cordobés ha virado hacia su propia formación toda la oratoria de guerra sin tregua que desplegó contra la oposición cuando era portavoz adjunto de su grupo. Carrillo solía hostigar a la bancada de izquierdas, sobre todo al PSOE, con continuas referencias a los capítulos más sanguinarios del siglo XX, el estalinismo y el nazismo. Ahora las usa contra los suyos con la misma contundencia. La dirección del partido cree que las duras críticas de Carrillo “embarran” las aspiraciones electorales de los socios del Gobierno de Juan Manuel Moreno.
Ciudadanos se desangra por dentro. Media docena de cargos públicos y dirigentes autonómicos consultados por este periódico coinciden en que este “choque de trenes era inevitable”, que la “tensión acumulada ha reventado”, y que si no se reconduce la situación “el partido va directo a despeñarse por un precipicio”. Algunas voces del grupo parlamentario señalan que el pulso de Carrillo trasciende “la crisis interna”, y ven tras el diputado cordobés la mano del ex secretario de Organización de Cs, Fran Hervías, que hoy milita en el PP nacional. A Hervías se le señala como muñidor recurrente de todos los achaques que cimbrean a Ciudadanos, con el objetivo de terminar de dar la puntilla a su antigua formación en beneficio del proyecto de Pablo Casado.
En teoría, estas primarias son para elegir al candidato naranja en las próximas andaluzas, pero en la práctica Marín y Carrillo forcejean por el control del partido en Andalucía. El proceso interno ha destapado, con toda su crudeza, la crisis latente en la formación naranja desde hace un año. El grupo parlamentario, con 21 diputados, está fracturado en dos facciones, una próxima al vicepresidente andaluz y otra enfrentada a él, que le reprocha no haber hecho suficiente por capitalizar la gestión de los miembros de Cs al frente de la Junta.
Marín es coordinador autonómico del partido en Andalucía y miembro del núcleo duro de la ejecutiva de Inés Arrimadas. Sus rivales en estas primarias le han demandado el censo de afiliados, los periodistas le han pedido el número de militantes que va a votar, pero él se ha resistido a ofrecer esa cifra, argumentando que “no lo sabía” y que se lo impedía la Ley de Protección de Datos. Al final, la organización del partido ha revelado que en Andalucía quedan 2.636 militantes, de los 5.697 que tenían en las primarias de hace tres años (han perdido al 53,7% de sus afiliados), en una comunidad con 6,5 millones de votantes.
De ellos, 2.589 son los afiliados con derecho a voto [con más de 6 meses en el partido y al corriente del pago de cuotas]. En 2018 fueron 3.337 los que participaron en las últimas primarias, cuando Cs no tenía tantos cargos públicos como ahora en ayuntamientos, diputaciones provinciales, el Senado, el Congreso y, sobre todo, el Ejecutivo autonómico, donde ocupa la mitad de las consejerías. La volatilidad y el achicamiento de la militancia sorprende en un partido de Gobierno que ostenta tanto poder para contratar en las administraciones. Carrillo y el resto de adversarios de Marín achacan a su jefe de filas “falta de liderazgo” para asentar la estructura orgánica en Andalucía y sumar cargos intermedios y personas vinculadas al tejido social.
También de una reunión del grupo parlamentario Cs, que tuvo lugar el pasado septiembre en el Parlamento, salió la polémica grabación de Marín filtrada a la Cadena Ser, en la que admitía ante los suyos que era “estúpido aprobar los Presupuestos en año electoral”. El audio se hizo público 48 horas antes de que expirara el plazo para que la oposición registrara una enmienda a la totalidad a las cuentas, que terminarían tumbadas por toda la oposición.
El cisma interno era público y notorio el verano pasado, cuando el vicepresidente apartó de puestos relevantes a algunos de los parlamentarios más críticos con él, como el portavoz, Sergio Romero, y el propio Carrillo, portavoz adjunto, que ya entonces tildó su salida como “una purga”. Un año antes, el diputado por Córdoba ya había abandonado su puesto en el Senado, a petición de la dirección del partido, para cedérselo a Hervías, que terminaría pilotando en el PP nacional una operación para arrebatarle cargos públicos y dirigentes a su antigua formación. En la salida de Carrillo del Senado está el origen de la polémica que ha dinamitado las primarias.
Cuestión de dinero
El pasado jueves, la Comisión de Garantías inadmitió provisionalmente su candidatura “por no encontrarse al corriente de pago de sus obligaciones económicas en los términos establecidos en el artículo 106.2,e de los estatutos”, que regula los recursos con los que se financia el partido. Eso incluye tanto las cuotas “voluntarias de sus afiliados” -diez euros al mes en pagos bimensuales- como “las contribuciones económicas de los representantes institucionales y de los cargos orgánicos”, que “no podrá ser inferior al 6% ni superar el 10% de los ingresos netos mensuales por todos los conceptos, incluso dietas o indemnizaciones, descontándose el salario mínimo interprofesional”.
Carrillo está al corriente del pago de sus cuotas como afiliado, pero dejó de abonar su contribución como cargo electo cuando fue apartado del Senado, en mayo de 2020. El Comité de Garantías cifra su deuda actual en 4.000 euros: es la cantidad que le exigieron pagar el jueves, en un plazo de 24 horas, para poder validar su candidatura. En torno a esta cifra -y a dos lecturas incompatibles de los estatutos- se ha montado una monumental bronca que ha derivado en las gruesas acusaciones del parlamentario andaluz, incluidas veladas acusaciones de un delito de “financiación ilegal”.
El diputado cordobés interpreta que los cargos públicos de Ciudadanos “no estamos obligados a pagar las contribuciones económicas” que recoge el artículo 106.2 de los estatutos, “por mucho que lo ponga en los estatutos”, porque “el partido las declara como donaciones, y las donaciones son voluntarias”. Y añade: “De lo contrario estaría admitiendo que se financia ilegalmente, que hay fraude o que se financian ilegítimamente”. Fuentes de la formación naranja niegan que las cuotas que pagan sus cargos públicos y orgánicos se declaren como donación, y advierten de que “la financiación del partido está auditada por los órganos pertinentes”.
Carrillo explica que pagó estas aportaciones al partido mientras compatibilizó su puesto de parlamentario con el de senador, pero admite que dejó de hacerlo cuando fue “forzado a abandonar” la Cámara Alta. “Es un impuesto revolucionario”, alega ahora, tras asegurar que en su día llegó a “un acuerdo verbal” con quienes entonces dirigían la organización -Carlos Cuadrado y José María Izquierdo- “por el que me exoneraban de pagar esas aportaciones para compensarme por la pérdida de ingresos que me suponía dejar el senado”. Carrillo fue informado el jueves por la noche de que su candidatura había quedado “provisionalmente inadmitida” y que tenía 24 horas para pagar los 4.000 euros pendientes para poder concurrir a las primarias. “Me llamaron de forma mafiosa, como si esto fuese El Padrino, para chantajearme. No voy a ceder, a mí no me amenaza nadie. Yo no debo nada”, explica a este periódico.
El coordinador de Cs en Córdoba se ha negado a pagar directamente al partido, pero acudió ante un notario para “depositar” los 4.000 euros, para que su abogado se lo hiciera llegar a su formación. El plazo para pagar expiró el viernes a las 22.00 horas. A las 23.35, el Comité de Garantías comunicó que “a pesar de haber sido notificado mediante correo de la cantidad adeudada y la forma de pago, número de cuenta, etc, no consta notificación alguna de ningún pago por parte de Fran Carrillo”. Como “gesto de buena fe”, el partido volvió a darle otro plazo hasta las 10.30 horas de este sábado. “Acabo de recibir una llamada de la dirección nacional de mi partido dándome un ultimátum: o pago sin rechistar o fuera. Ya he pagado, pero no quieren aceptar el depósito hecho. ¿Por qué? Porque exijo limpieza e igualdad de condiciones para todos los candidatos”, dejó escrito el aludido en su cuenta de Twitter.
Carrillo también pone en duda que Marín -el único cargo público que se presenta a las primarias- haya pagado las aportaciones económicas que le piden a él, y ha exigido al partido que haga públicos los pagos del vicepresidente. Denuncia que la dirección de Ciudadanos quiere dejarle fuera de las primarias porque “sabe que puedo vencer al vicepresidente de la Junta, porque la militancia está cansada de él”. Su indignación llega hasta el punto de comparar a su propia formación con “la República Democrática Alemana” o “el Gobierno de Stalin”. “En el estalinismo había más democracia que en este proceso interno”, advierte.
El lío de los estatutos
Los estatutos de Ciudadanos diferencian entre cuotas “voluntarias” de los afiliados y las aportaciones que reclama a sus cargos públicos y orgánicos. Las segundas no aparecen como “obligatorias”, aunque el partido asegura que así consta en el “contrato” que firman los miembros de Ciudadanos cuando ocupan un cargo público, junto con la carta ética por la que se comprometen a dejar el acta de diputado en ciertos supuestos. La dirección de la formación naranja niega todas las acusaciones de Carrillo y considera que, como cargo “electo” y “elegible en un proceso de primarias”, está “obligado a estar al día de sus obligaciones económicas”, como consta en el artículo 20 de los estatutos. También añade que, al reconocer que dejó de pagar esas aportaciones cuando perdió los ingresos como senador, “está admitiendo que su preocupación es el dinero, y que se mueve más por la usura que por el deseo de ser candidato a la presidencia de la Junta”.
El embrollo de Carrillo no deja de tener un cariz muy personalista, que se aparta del cisma estructural que vive la formación naranja en Andalucía. Las críticas internas que ha recibido Marín desde dentro se atenuaron tras las sucesivas derrotas electorales de Ciudadanos en Euskadi, Cataluña y Madrid, que pusieron en tela de juicio el liderazgo de Arrimadas. La presidenta del partido, muy debilitada, colocó al vicepresidente de la Junta en el núcleo duro de su ejecutiva, y desde ese instante el sector crítico andaluz perdió el asidero que le unía a la dirección nacional, y que venía promocionando en silencio una candidatura alternativa. Quien estaba llamada a pilotar esa nave era la consejera de Igualdad, Rocío Ruiz, que mantuvo viva durante meses sus aspiraciones, hasta que esta semana ha renunciado a presentarse a las primarias por falta de apoyos.
Las primarias exprés, similares a las de procesos anteriores, sirven a las rivales de Marín como acicate a sus críticas al partido. Elena Bago, militante que compitió con el vicepresidente en 2018 logrando un 23% de apoyos, vuelve a postularse ahora, también cuestionando el procedimiento. El vicepresidente venció en 2015 y en 2018, y ahora parte como favorito, avalado por la propia Arrimadas. La gestión del Gobierno andaluz y su proyecto de continuación es la carta de presentación para estas primarias, en las que se presenta más como miembro del Ejecutivo que como líder regional de Ciudadanos. El partido naranja está desfondado en las encuestas, soportando una tendencia a la baja en cada sondeo que se ha publicado en el último año. La mayoría le sitúa en la horquilla de tres o cuatro diputados, y en el mejor de los casos hasta siete [lejos de los 21 escaños que tiene ahora].
El capital político que se juega Ciudadanos en las andaluzas es mucho: sus datos en esta región son mejores que en cualquier otra comunidad, y su porcentaje de votos en las generales estuvo por encima de lo que logró el partido en el conjunto del país. Pero la desintegración interna que sufre, en parte por no haber sido capaz de capitalizar su gestión al frente del Gobierno de Moreno, amenaza su futuro político y el del propio bloque conservador. El presidente andaluz ha fijado los comicios de 2022 para “junio” o el mes de “octubre”, y sus asesores escudriñan los números de PP y Cs para determinar si suman más juntos o separados para alcanzar una mayoría suficiente que no dependa de Vox.