El Caso Marismas en ocho claves
1. Ayudas de 66 millones de euros para modernizar el regadío
En 2004, la Comunidad de Regantes Marismas del Guadalquivir recibió una subvención de la Junta de Andalucía para modernizar el sistema de riego de casi 13.000 hectáreas en los municipios de Dos Hermanas, Utrera, Las Cabezas de San Juan y Los Palacios y Villafranca.
El proyecto, en principio, estaba dotado con 70,4 millones de euros, aunque finalmente se adjudicó por 66 millones. La obra tenía un plazo inicial de ejecución de 42 meses, por lo que debería haber estado concluida en 2008.
2. La Unión Europea aporta más de la mitad de los fondos
El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía decidió conceder a la Comunidad de Regantes una ayuda de 40,1 millones de euros, enmarcada en su plan de apoyo a la modernización del regadío andaluz. De este dinero, el 60% (24,06 millones) lo aportó la Unión Europea a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader). El resto, los propios regantes.
3. Presiones en la adjudicación
En un informe concluido en diciembre de 2014, la Oficina Antifraude de la Unión Europea (OLAF) constata diversas irregularidades en la adjudicación del contrato, pese a los mecanismos de control público que deberían haber garantizado la limpieza del concurso. La primera adjudicación de la obra fue para una unión de cuatro empresas de la zona: Meci Works Tegner, Teconsa y Elecnor. Fue anulada después por existir vínculos entre las empresas y los regantes.
Varias grabaciones y testimonios judiciales indican que, más tarde, altos cargos de la Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía presuntamente presionaron a los regantes para que la segunda adjudicación recayera en la UTE Befesa-ALPI, aunque la Comunidad de Regantes habría puesto como condición que se subcontratara a Meci Works y Tegner. La oferta ganadora quedó muy por debajo de la que consiguió la mejor puntuación, y era un millón de euros más cara.
De hecho, la OLAF en su informe afirma textualmente que “estas irregularidades tenían como finalidad favorecer frente a otros competidores a las empresas que resultaron adjudicatarias”. Y añade que “como consecuencia de ello, no se adjudicó el contrato a la oferta que tenía la mejor relación calidad-precio”.
4. La adjudicataria, denunciada por un sobrecoste de casi 3 millones
Posteriormente, una nueva Junta Rectora de la Comunidad de Regantes, que tomó posesión en 2009, rescindió el contrato con la UTE adjudicataria de las obras, conformada por Befesa (filial de Abengoa) y Construcciones ALPI. Las empresas acumulaban continuos retrasos en la ejecución de la obra, que debería haber concluido en mayo de 2008, aunque la Junta prorrogó el plazo a septiembre del año siguiente. Además, la UTE había presentado facturas por sobrecostes, a pesar de que el contrato fijaba un precio cerrado e invariable. La Junta dio a los regantes hasta noviembre de 2010 para redactar un nuevo proyecto de licitación, pero hoy la obra sigue parada.
5. Altos cargos de la Junta y los regantes, entre los implicados
La denuncia presentada por la actual Junta Rectora de la Comunidad de Regantes no sólo procede contra las adjudicatarias del proyecto, Befesa y Alpi, sino también contra la anterior directiva, responsable de haber otorgado el contrato y de haber pagado los sobrecostes. En la causa están imputados dos ex directores generales de Regadíos de la Junta; dos ex jefes del departamento de Infraestructuras Agrarias y Actuaciones Estructurales; el ex presidente y ex secretario de la Comunidad de Regantes; varios miembros de la mesa de contratación; directivos y representantes de las empresas mencionadas, y funcionarios de la Junta de Andalucía.
6. El papel de la Junta y el informe de la empresa DAP
La Junta de Andalucía es la administración encargada de fiscalizar el correcto empleo de la subvención, desde la adjudicación a la ejecución de la obra y su facturación. Por este motivo, la entonces consejera de Agricultura, Clara Aguilera, compareció en el Parlamento de Andalucía el 22 de septiembre de 2009 para informar acerca de los retrasos y sobrecostes de la obra. En dicha comparecencia, la consejera esgrime las conclusiones de un informe de la Empresa Pública Desarrollo Agrario y Pesquero (DAP), y afirma que la obra está concluida en un 80%. Dicho informe está incluido en el sumario del caso.
7. El informe de Ayesa, una prueba fundamental
Con el fin de dilucidar las irregularidades en la ejecución de la obra, los regantes contrataron a la ingeniería Ayesa para que redactara un informe técnico que certificara qué porcentaje del proyecto estaba realizado, si estaba bien construido o no, y cuál había sido el sobrecoste real. Este informe, en contraste con el de DAP, cifra el nivel de ejecución en un 60%, y añade que la diferencia entre lo facturado y lo realmente ejecutado es de casi 3 millones de euros. En este dossier se basa la denuncia presentada en junio de 2012 por la Comunidad de Regantes ante la Fiscalía y la Unión Europea, aunque su validez jurídica es dudosa debido a un conflicto de intereses provocado por las cláusulas del contrato entre ambas partes.
8. Las dudas que plantea el informe de la OLAF
La OLAF, que en 2012 recibió la denuncia de los regantes, emitió en diciembre de 2014 el informe arriba citado sobre las irregularidades del proyecto. En él, los técnicos comunitarios ponen de relieve el “detallado análisis” que hace Ayesa acerca de las cuestiones técnicas en la ejecución del proyecto, por lo que hacen constar que la OLAF se centrará en las numerosas anomalías acaecidas durante la adjudicación del contrato y no en las presuntamente cometidas en su ejecución. En ningún momento el informe de la UE reconoce que haya comprobado que el informe de Ayesa se ajuste a la realidad. Tampoco hace mención alguna al informe de la Junta de Andalucía, llevado a cabo por la empresa pública DAP.
